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Niven pedirá explicaciones sobre el manejo de la catástrofe del Cerro Arco

El diputado demócrata presentó un proyecto de Resolución que fue aprobado en la Cámara de Diputados solicitando explicaciones sobre el accionar para combatir el incendio 

Por Redacción

04 de octubre, 2018 - 12:32

Marcos Niven está exigiendo que el secretario de Ambiente, el Director de Defensa Civil, el encargado del Plan de Manejo del Fuego y el responsable del área de la Municipalidad de Las Heras, asistan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar justificaciones respecto a las maniobras que se realizaron para aplacar el infortunio en el cerro mendocino producido semanas atrás, que ocasionó daños en más de 1.600 hectáreas.

Este reclamo surge desde el conocimiento de que son muchas las quejas de los bomberos y personal que trabajó combatiendo el fuego, ya que no se adoptaron las medidas preventivas necesarias ante un hecho predecible. Además también se cuestiona si las llamas fueron atacadas de forma adecuada, ya que se propagó aún más en el pedemonte. Además se extendió a la Playa San Agustín, donde alrededor de 500 vehículos fueron alcanzados por el fuego, por los cuales deberá responder el estado provincial a sus dueños, si exigen reclamos civiles por daños.

El diputado es el autor de la ley sancionada en 2018 de creación de un Sistema Nacional para la Gestión Integral del riesgo y Protección Civil, que fue promulgada mediante el Decreto 2176 del 15/1/2018, en el mismo se estableció que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

Con esta normativa, la provincia adhirió a los alcances de la ley nacional 27.287, de creación de un Sistema Nacional para la Gestión Integral del riesgo y Protección Civil, que tiene por objeto integrar acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno Nacional, los provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipales y la organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para optimizar acciones destinadas a reducir los riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación o mitigación.

Además, crea el Registro de Asociaciones Civiles, Voluntarias y Organizaciones no gubernamentales, para intercambiar entre otras cosas experiencias y mecanismos de articulación y coordinación para presentar programas, planes y proyectos y la Red de Organismos Científico/Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo, que tiene como objeto atender los requerimientos de información de los dos Consejos Nacional y Federal.

Esta ley promueve la coordinación para la prevención y actuación en caso de desastre en todo el territorio argentino y crea un fondo al cual pueden acceder las provincias en caso de emergencia. Contempla además el aporte de equipamiento y maquinarias e incentiva la presentación de proyectos de mitigación por los daños sufridos.

Por otra parte, establece la creación de dos fondos nacionales, a través de los cuales las provincias pueden acceder a recursos. También crea el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, cuyo objetivo es acciones de prevención, se otorga a modo de subsidio por única vez, no es reintegrable y puede ser utilizado en capacitación de personal, adquisición de bienes de capital y reparaciones, etc.

También crea el Fondo Nacional de Emergencia, que es quien financia los recursos y ejecuta acciones de repuesta al desastre. Pueden ser canalizados tanto a nivel municipal como provincial en casos de desastre y declaración de emergencia, tiene el carácter de un fideicomiso y se integrara con aportes de la nación, provincias, donaciones y legados de particulares, rentas de activos financieros y préstamos.

Este proyecto fue impulsado ya que Mendoza se encuentra permanentemente bajo los efectos del viento Zonda. Este fenómeno, que ocurre alrededor de 200 días al año, genera focos de incendio en la zona de precordillera en épocas de sequía. Esto provoca que sea más que necesaria la actuación del estado provincial en la atención de los riesgos naturales que este viento puede incitar, con la dirección de Defensa Civil, como las organizaciones que se dedican al cuidado del medio ambiente, y los cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios diseminados en todo el territorio provincial, además de la participación necesaria de los municipios a través de sus áreas respectivas.

Desde que se promulgó la ley 9.037, han transcurrido 8 meses, por lo que se hace necesario conocer si la autoridad de aplicación recurrió, ante del incendio de gran magnitud, al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y la Protección Civil, dado que no solo se ha causado daños ambientales, sino que ha estado en peligro, las viviendas y la vida de muchos habitantes de los barrios del pedemonte.