No más lacras ni mafias

Ante las sucesivas amenazas del clan Moyano de parar el país por 48 horas, enojados porque la Justicia los investiga en más de tres causas de corrupción, pero que para ellos es una persecución política del Gobierno, y las permanentes amenazas del kirchnerismo para que no toquen a Cristina Fernández ni a sus hijos, los máximos dirigentes de Cambiemos salieron a enfrentar a quienes juegan peligrosamente con el bienestar de la comunidad olvidando que la justicia es igual para todos.

En ese sentido, el presidente de la UCR nacional Alfredo Cornejo desde una reunión partidaria advirtió que “todavía no se termina la lacra populista”, mientras Mauricio Macri desde el Coloquio de IDEA exhortó a “no seguir en un sistema mafioso. Hay que crecer, son las batallas que hay que dar. La angustia de todos es la angustia mía, y agradezco a los argentinos por el nivel de madurez, crecimiento y tranquilidad”.

Es que hay una gran parte de la Argentina que no es militante política y la forman los que le ponen el hombro al país día a día, los que reconocen muy bien quiénes son los políticos y sindicalistas que se aferran al viejo sistema de vicios y corruptelas en beneficio propio, para enriquecerse junto a sus familiares sin querer dar cuenta de sus actos ante la Justicia.

Como decía muy bien Macri el viernes: “Tuvimos una borrachera y llegamos al límite, hemos tenido momentos ilimitados, vendíamos el petróleo o la soja y siempre me pregunto, ¿dónde está la plata? Esta es tal vez la última oportunidad que el país tenga para cambiar para siempre la historia y avizorar un futuro mejor”.

“La culpa es de Macri”

Llama la atención la liviandad que utilizan para defenderse de graves hechos de corrupción algunos exfuncionarios kirchneristas, empresarios y gremialistas, quienes apelan al recurso poco novedoso de echarle la culpa de todos sus males al presidente Macri, mientras sus millonarios bienes siguen siendo suyos y de sus familias, sin querer dar la cara donde la tienen que poner, en la Justicia.

Así de simple es la cosa. ¿Quién puede creer que una persona inteligente como la expresidenta pudiera desconocer las fortunas de sus secretarios, jardineros, choferes y colaboradores del Gobierno? Sin embargo, para ella, la culpa es del Presidente.

Similar es el caso del clan Moyano, investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y desvío de fondos de la obra social del Sindicato de Camioneros. Ellos también, en vez de defenderse con documentos y comprobantes que acrediten su cuantiosa fortuna, solo recurren a echarle la culpa al Presidente.

¿Macri también tendrá la culpa de la larga lista de  detenidos, procesados e investigados de la era kirchnerista? ¿No será hora de hacerse responsable de los delitos cometidos y empezar a darse cuenta de que algo está cambiando para siempre en la Argentina, un país que quiere desterrar de una vez por todas la palabra impunidad?

Veamos: Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita utilizando bienes y mecanismos del Estado, y está libre solamente por ampararse en sus fueros como senadora.

Amado Boudou sigue preso en Ezeiza, sentenciado por fraude al Estado por querer comprar nada más y nada menos que la Casa de la Moneda, pero además está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

También Florencia y Máximo Kirchner, los hijos de Cristina y Néstor, son investigados por enriquecimiento ilícito, dado que ambos son poseedores de incontables bienes participando en las numerosas empresas cuestionadas por la Justicia. Además Florencia, sin trabajo conocido, tenía en su caja de seguridad 4 millones de dólares de los que no puede explicar su procedencia legal.

Por su parte, el sindicalista Hugo Moyano está en la mira de la Justicia por desviar fondos de la Obra Social de Camioneros a un entramado de empresas de su familia –registradas a nombre de Liliana Zulet, su esposa y de sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet– y por lavado de activos por la compra de propiedades, entre otras denuncias.

Mientras, su hijo Pablo fue acusado por el arrepentido Bebote Álvarez, exjefe de la barra brava del club de futbol Independiente de Avellaneda, por lo cual la Justicia lo investiga por asociación ilícita y manejar todos los negocios vinculados a la cancha, como el estacionamiento, expendio de comidas y bebidas, reventa de entradas y sospechosas cuentas del club en el extranjero.

Y siguen las firmas...

Pero estos nombres no son los únicos de la larga lista. Le siguen Julio de Vido, Daniel Scioli, José López, Roberto Baratta y Oscar Parrilli, entre otros varios exfuncionarios y se agregan los poderosos empresarios que ¿debieron? pagar coimas para participar de la obra pública, como Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Enrique Pescarmona, Paolo Rocca, Aldo Roggio...

La lista es tan grande y variada que el ciudadano común deduce que es imposible que todos tengan problemas por ser perseguidos políticos. 

Es simplemente gente que para la Justicia y la sociedad ha delinquido. Algunos ya fueron procesados y condenados, y otros –la gran mayoría– están siendo investigados, pero por sus propios errores ante la ley. 
Por lo tanto, no quieran mentir aduciendo persecución política donde no la hay.