Realizan clases públicas por la polémica evaluación a futuros abogados

Sorprendidos transeúntes que van  y vienen por las principales arterias de la ciudad capitalina se encontraron en algunas esquinas con una suerte de aula, donde alumnos sentados en sillas ordenadas en filas escuchaban a un docente que les explicaba los alcances del proyecto que pretende modificar la Ley 4.976 que en la actualidad regula la matrícula de los profesionales del Derecho de la provincia.

En estas clases públicas, esencialmente, los alumnos de todas las facultades que funcionan en Mendoza tratan de interpretar el espíritu de la propuesta legislativa del oficialismo y a la vez sacarse los temores y la incertidumbre que inundan a la mayoría de ellos a poco de recibirse.

Informes oficiales revelan que por año se reciben en la provincia más de 500 abogados. El tema, que no es simple, preocupa a todos, porque estamos hablando de un elemento muy importante en la acción de justicia, donde entra a tallar la calidad que –dicen muchos– se perdió con la cantidad.

Por eso, quizás, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial observó con agrado el proyecto que envió la Administración que lidera Alfredo Cornejo. 

A propósito, la entidad emitió a mediados del mes pasado un comunicado en el que, entre otros considerandos, aseguraba que “este proyecto de ley cuenta con el apoyo de los Colegios de Abogados de la cuatro circunscripciones judiciales. Se trata de una idea que las instituciones que nuclean a profesionales del Derecho promovían desde hace algunos años y que el Gobernador se comprometió el año pasado a acompañar y desarrollar”. 

Este colegio considera necesario establecer una base común entre los abogados que van a ejercer la profesión, “ya que no todas las facultades en nuestra provincia garantizan un mismo nivel de calidad en su formación académica”.

“Habrá un mayor manoseo y profesionales en negro”

Rodrigo Rodríguez, uno de los alumnos que participó de las clases públicas que se dictaron por el polémico proyecto de ley, le afirmó a El Ciudadano: “Consideramos que este proyecto de ley es inconstitucional. Porque para que sea llevado adelante no solamente hay que cambiar la regulación provincial, la Constitución de la Provincia y la Ley de Educación Superior, sino toda legislación de tratados internacionales que todo esto conlleva”.

“Tanto para los que estamos a punto de graduarnos como para los que están en la carrera, este proyecto es inviable. Por eso, todos los estudiantes de Derecho de todas las facultades de la provincia salimos a la calle para hacer sentir nuestra voz ante la ciudadanía. Solicitaremos públicamente al Gobierno provincial que deje de entrometerse en el Poder Judicial, que es el principal causante de este proyecto, donde están sus mezquinos intereses”, aclaró. 

Y luego se preguntó: “¿Por qué agregar otro examen a quienes nos vamos a recibir, si esto ya está estipulado en la regulación que aplica el Colegio de Abogados? ¿Por qué poner en tela de juicio el valor de la calidad académica de instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo o de las facultades privadas, si todas están avaladas por la Nación?”.

Ante la consulta de cuál es el inconveniente de ser evaluados nuevamente, Rodríguez respondió que “lo malo es lo que encierra este proyecto y no se está diciendo. Pero además, un examen no podrá determinar si el recibido es o será un mejor o peor abogado. La realidad es que se busca cerrar carreras y facultades por el número de abogados con que cuenta la provincia. Ahí está uno de los motivos de este proyecto, porque la gente debe saber que existe corporativismo en nuestra profesión, un aspecto que cubre con su complicidad el Colegio de Abogados con algunos importantes estudios. Esto ayudará a profundizar el trabajo en negro y la precarización de los futuros profesionales”. 

“Lo que debe saber la gente es que muchos de los que todavía no nos recibimos somos los que hacemos el trabajo grueso y fino de las causas que llevan adelante los profesionales de carrera, que lo único que hacen es firmar las causas. Entonces, si la Legislatura aprueba este proyecto terminaríamos recibiéndonos sin poder ejercer con matrícula y seguiríamos siendo sometidos por unas monedas de honorarios en negro. Lo contrario serían los pocos abogados recién recibidos que serían digitados entre el Colegio y los estudios importantes”, advirtió el estudiante.