El Poder Judicial mendocino en su hora más difícil
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El Poder Judicial mendocino en su hora más difícil

 

El duro espectro que hoy trastoca los cimientos del poder judicial mendocino deja ante los ojos de la provincia, una justicia perforada por el paso de 'San Política'. Esa cuestión fusiforme que llegó para dejar claro que la independencia de la Justicia de los mendocinos se ausentó sin previo aviso.

 

Mendoza gozaba de un envidiable prestigio institucional ante los ojos de los argentinos hasta que se tuvo que investigar uno de los sucesos de corrupción más duro de su historia. Se había tomado la decisión de investigar un número importante de denuncias de humildes personas que se sintieron resentidos en sus derechos a tener una vivienda y que fueron inducidos, de acuerdo a lo que ellos expresaron, a realizar tareas que los tuvieron como rehenes para obtener esa casa. Que todo esto fue producido por una organización social denominada Tupac Amaru y que sus principales dirigentes habrían sido señalados por la aplicación de métodos que bien podrían encuadrarse en coacción agravada. Hasta aquí un hecho judicial, complejo y difícil, pero judicial.

 

Negar que la causa Tupac Amaru no tiene trasfondo político sería ignorar los acontecimientos recientes de la historia de país. Pero aun así la Justicia debía actuar con la abultada legislación que existe y con el criterio de jueces y fiscales sin presión o corazón político doctrinario que los lleve a un terreno donde todo quede embarrado y pase lo que ha sucedido recientemente, que la política sea el terreno donde se dirima un hecho que es de exclusivo ámbito de la Justicia Penal.

 

La cuestión Mendoza de la causa Tupac no se inicia ni se agota entre el accionar de la fiscal Gabriela Chávez y los integrantes de la organización. Detrás de cada uno se está librando una batalla con poderosos actores doctrinarios. Unos intentando profundizar esa famosa grieta que instauraron en la Nación. Los otros a cerrarla. Unos resistiendo a dejar esa furiosa y sectaria aventura de país que pareció terminar el 10 de diciembre del 2015. Otros, a mostrar lo contrario, pero con la intromisión casi marcial en todos los sectores y decisiones de los tres poderes del estado.

 

Esto último observado con preocupación por diferentes sectores que hacen a la vida de la provincia. Algo que hasta ahora nadie se anima hablar en voz alta y mucho menos indicar que las instituciones tienen naturalmente cierta maniobrabilidad para hacer, con aciertos y errores. Que la división de poderes debe ser palpable y que no todo debe pasar por el estricto relato de una sola voz y pensamiento, tanto en la legislatura, como en el poder judicial. De eso, tuvo mucho y de sobra la vida institucional de la nación de los últimos 12 años de su historia.

 

Nélida Rojas, su hermano, su marido, sus hijas y un grupo de dirigentes que la acompañan en la organización deberían rendir cuentas ante la justicia sobre pesados delitos que se le endilgan. Ellos y su abogado Alfredo Guevara pueden aducir ser perseguidos políticos y lo que se les antoje, pero no deberían esquivar responder ante la Justicia el porqué de la asociación ilícita y de la coacción agravada que pesa sobre ellos. Si quieren hablar de política que lo hagan fuera del Poder Judicial y dejen de ocultar su origen y simpatía con el kirchnerismo. Que no está mal que se afilien a partido alguno y estén detrás de consignas partidarias donde se enmarquen sus ideales. Se vive en estado de democracia y les asiste ese derecho.

 

Pero lo que pesaría sobre ellos no tiene nada que ver con su ideología, salvo que la misma les indique que hay que ser sinvergüenza y en nombre de la misma, de produzcan todo tipo de atropello hacia otras personas. Una cuestión que uno creería que no es así. Por lo tanto que no se busquen artilugios y deberían rendir cuenta ante la Justicia.

 

El Poder Judicial está integrado por hombres que en muchos casos tienen un origen político doctrinario. Pero el Poder Judicial de la provincia debe aplicar las leyes de una justicia que abarque a todos los mendocinos, sean o no de su origen doctrinario. Porque la doctrina de la justicia emana de la doctrina de la Constitución, que es única y abarca a todos por igual.

 

El Poder Judicial no es de Justicia Legítima, ni del garantismo, ni de la derecha, la izquierda o de centro. El Poder Judicial está alimentado por leyes que no saben de posicionamientos sino de derechos y obligaciones y cómo cumplir estos ítems constitucionales.

 

El Poder jJicial con su independencia en plenitud tiene que escuchar con objetividad cada prueba que se presentó en la causa Tupac Amaru. Y en el marco estrictamente procesal actuar en consecuencia. Lamentablemente el Poder Judicial mendocino tuvo de un lado a quienes operaron a como diera lugar para que fueran encerrados, procesados y enjuiciados los integrantes de la Tupac. Allí donde se habrían entrelazado los pasos  procesales con las bajadas de líneas. Ese mismo Poder Judicial también mostró otro costado, donde no todos los jueces y empleados actúan con lealtad a la Justicia. Ellos fueron cómplices de oscuras maniobras para que el clan Rojas Martínez y sus asociados no rindan cuentas por lo que se les acusa.

 

En definitiva el Poder Judicial dejó de ser tal para transformarse en campo de una inadmisible cinchada política que permitió que se perdiera una fuerte causa penal, se blanqueara descaradamente la coacción agravada y que se palideciera la justicia ante la vista de una comunidad que asiste ante la hora más difícil del Poder Judicial de la provincia de Mendoza.

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