|27/08/17 09:10 AM

Hacer cumplir la ley con criterio dictatorial

 

 

El caso de una humilde mujer que por no poder demostrar que no estaba viajando gratis porque su red bus no poseía carga, disparó en los mendocinos un postergado debate, que no es de su exclusividad nacional pero, para no expandirlo, nos circunscribimos hablar lo que nos pasa en nuestra tierra cuyana.

 

Patricia Stibel es una humilde obrera que no encontró la posibilidad de cargar su red bus en las bocas de expendio que tiene el departamento de Las Heras, que no son muchas). Fiel a su responsabilidad y al temor de perder su trabajo se subió a ese colectivo que en pocas cuadras le mostró algunas cosas. Que existe la solidaridad de los humildes cuando un jovencito que viajaba en el colectivo le abonó el pasaje con su tarjeta.

 

Que en nuestra sociedad también existen las lavadas de manos, como la del chofer de esa unidad que esquivó dar testimonio de que Patricia no viajaba de contrabando. Que la aplicación de leyes no siempre está en manos con criterios. Que la policía continúa mostrando abusos al amparo de intencionales miradas para el costado de quienes tienen que limitarlas. Que ella, Patricia Stibel, es de condición humilde, cuyo distintivo es la vestimenta, por lo que debe prepararse para convivir en un mundo donde eso es sinónimo de peligroso delincuente al que no hay que tener ningún tipo de contemplación y respeto.

 

Con lo sucedido a la trabajadora doméstica se le presentó a los mendocinos observar todo lo anterior y también las necesarias autocríticas que deben hacerse sectores públicos y privados a la hora del trato con la gente. Esto último ligado a la aplicación de normativas que fueron apareciendo, muchas sin encuadres legales, toda vez que se produce un hecho delictual.

 

Entonces se está ante una maraña de anormalidades que nadie atiende y entiende.  Mujeres que van a realizar compras y son compelidas a que sus carteras o bolsos sean encerrados en cajuelas o bolsones plásticos con pesados candados. O deben mostrar el interior de los mismos ante cajeros de supermercados o encargados que los esperan en las puertas de los comercios con cara y modales muchas veces violentos. Situaciones que se presentan solo con algunas personas, por supuesto vestidas con la humildad de Patricia Stibel. Casos que no son aislados, que son constantes, que crecen a criterio del sector privado y que no son inspeccionados por el estado, que lo único que hace es cobrar impuestos.

 

Es cierto que la inseguridad arrasa con todo a su paso. En la mayoría de los casos con demencial violencia que culmina quitando vidas. Que el comercio es el principal objetivo de las más diversas formas de robo.

 

Pero también es cierto que el estado muchas veces está ausente de esa protección que necesita la actividad comercial. Del mismo modo la especulativa actitud comercial cuando retacea colocar medidas, como cámaras de seguridad o personal que vigile e identifique delincuentes y mecheras que se mezclan con los clientes. Por lo visto es más fácil discriminar descaradamente con el “por si acaso”, faltándole el respeto a personas. Sobre todo aquellas de humilde condición pero con honorable comportamiento de por vida.

 

En las unidades del transporte público de pasajeros pasan cuestiones parecidas y por eso el caso de Patricia Stibel no es un tema aislado. Sucede que nadie esperaba que la trabajadora difundiera su caso, porque con el mismo se tendrá que rever necesariamente muchos temas a la hora de controlar las unidades del transporte público de pasajeros y de facilitar al usuario la forma de cargar su tarjeta. Teniendo en cuenta que la mayoría de esos usuarios no saben cómo utilizar medios electrónicos como el homebanking recientemente implementado.

 

Patricia Stibel y muchas personas que utilizan el colectivo no son delincuentes ni aquellos violentos avivados que pululan en la noche o en las madrugadas de feriados o fines de semana con un tetra en la mano.

 

Por otro lado, Transporte y sus inspectores muestran falta de criterios, porque más de uno se pregunta por estos días “¿qué sucede si uno viaja con su novia, esposa, hermana, hijos o familiar alguno y paga el pasaje de todos con una sola tarjeta red bus?. ¿Se bajarán detenidos  a todos los que no portan tarjeta, aún con el testimonio de quien abonó el pasaje del o los acompañantes?.

 

Párrafo aparte es la actuación de la Policía. En ella no se concibe maltrato y violencia como la que tuvo que soportar la humilde mujer al momento de ser detenida, trasladada y alojada en una sucia celda de la comisaría de Las Heras. Mientras un juez de faltas, o es ineficiente o está desbordado, en cualquiera de las dos situaciones es para preocuparse, se transforma en el Dios de un inexistente Olimpo para hacer a su antojadizo criterio la aplicación de una ley sin mirar o escuchar.

 

El otro grave aspecto de este hecho, es que sale a relucir la falta de valor y respeto a la palabra de una persona. Una cuestión que viene desde muy arriba y se expande hacia todos los sectores de una rara sociedad mendocina actual. Patricia Stibel dijo su verdad y nadie la quiso escuchar y mucho menos respetar ese palabra.

 

Este caso da para mucho más análisis. Uno espera que del mismo se reviertan situaciones y formas en las que el estado y los privados se interrelacionan con la comunidad. Una comunidad que en su gran mayoría no son avivados, chantas ni delincuentes. Son ciudadanos que en cualquier situación económica, social y religiosa merecen el respeto que resguardan derechos en esa rica constitución provincial, por la que encima de ella no hay absolutamente nada, ni nadie.

 

Daniel Gallardo – Periodista de Medios del Grupo Cooperativa