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Aguas turbias de censura del periodismo mendocino

El trabajador de prensa de la provincia recuerda con sus pares nacionales una semana, cuyo núcleo central es el 7 de junio. Fecha histórica donde los periodistas argentinos reunidos en Córdoba en 1938, ponderaban “La Gaceta de Buenos Aires”, primer medio en los albores del nacimiento de la nación en 1810. Trabajador de prensa que intenta una vez más hacer flotar con profesionalismo y “limpieza” la tarea de prensa. Una cuestión para nada fácil en tiempos donde para algunos empresarios de medios las libertades de prensa y expresión son ese preciado negocio con poderes del estado, como el ejecutivo y el legislativo.

El periodista mendocino tiene que moverse entre esa grotesca danza que acompasan esos dueños de medios con los fondos públicos que sirven para denostar o hacer brillar exageradamente una gestión o un político. Más grave aún cuando fondos públicos y campaña política sirven para cualquier cosa, desde ponderar, denostar, dejar mal parado, ignorar o mirar para el costado sobre sospechosos hechos puntuales. Sobresalen aspectos poco claros como investigar lo que era obvio que sucedía y no convenía reflejar. Tan poco claros como los lobby que hacen aquellos dueños de medios que también son proveedores del estado en distintos rubros o se presentan a licitaciones de obra pública. El panorama es tan complejo como pletórico en cifras que han producido enriquecimiento ilícito a más de uno. Son esas sociedades en cubierta entre esos empresarios y cierta dirigencia política. Unos embanderando límpidos informes periodísticos (¿?), otros mostrándose transparentes e impolutos. Ambos constituyéndose en la cara más deleznable de la corrupción.

La provincia observó en las últimas administraciones provinciales ese sucio mundo que envuelven las partidas presupuestarias para la denominada “pauta oficial”. Una cuestión prevista legalmente para que el gobierno de Mendoza publique cada acto de gobierno, por lo que debería ser de manejo límpido, equitativo y cuantitativo a todos los medios. Punto absolutamente diferente a la hora de su pago y distribución. Allí se han producido las más duras y no menos preocupantes maniobras de uno y otro lado. Todo un oscuro campo en donde en la mayoría de los casos “el más ensuciado ha sido el trabajador de prensa”, excepto algunas comunicadores venidos a periodistas. A propósito, un caso que todavía está en stand by en la justicia, es uno de los hechos de corrupción más fuertes que han sufrido los dineros públicos de la provincia. El denominado caso Mátar – Cazabán producido durante la administración del Celso Jaque, es el contundente caso testigo de cómo se puede delinquir con fondos del estado. En el mismo Gustavo Mátar, un fotógrafo del sur mendocino venido a empresario de medios habría producido sobrefacturación en publicidad para el gobierno en el orden de los $ 12 millones. Maniobra que habría contado con la cómplice postura societaria del Alejandro Cazabán, Secretario General de la Gobernación de aquel entonces. Ejemplo que también sirve para mostrar fuertes derivaciones, como el poder de ciertos políticos sobre la justicia, ya que este caso en particular ha tenido todo tipo de chicaneo y demoras, con aditivos de preocupantes amenazas al fiscal Santiago Garay. Esto indicaría, ante el silencio de todos los lados que hacen a la vida de la provincia que la causa podría caer, no solo por el poder de los involucrados y de uno en particular, sino porque hay sospechas que se dicen por debajo de la vida de los mendocinos que no habría sido el único caso y que los millones de pesos con sus respectivos retornos tendría otros medios involucrados.

También la política en sí tiene sus inadmisibles manoseos sobre los periodistas mendocinos. Aquí la lista es larga, desde trabajadores de prensa observados con rudeza por directivos de medios, quienes a su vez recibieron llamados telefónicos de gobernantes que no les gustó lo que les preguntaron o investigaron. Trabajadores de prensa que en muchos casos hasta fueron echados de sus trabajos en la oscura complicidad de la patronal con cierta dirigencia política. Trabajadores de prensa que deben soportar el insulto y hostigamiento de funcionarios, políticos o punteros en cada cobertura. Trabajadores de prensa que deben soportar el rechazo de la comunidad al desprestigio instalado por los directivos de algunos medios. Trabajadores de prensa que reciben a diario directivas improvisadas e inaceptables en el manejo sucio de la tarea informativa. Uno de los últimos casos que se dio por estos días es la orden a cronistas, camarógrafos y fotógrafos de un multimedio de no preguntar, ni cubrir actividad alguna y mucho menos mostrar a la vicegobernadora Laura Montero.

A pesar de todo lo expresado y mucho más, el periodista mendocino tiene excelencia profesional. Capacidad que es ponderada a cada instante por ese ciudadano que se ha sentido cobijado en sus derechos por el profesional de prensa, como no lo han hecho los que lo deberían hacer por constitución, los poderes del estado. Periodista que exhibe hasta en el nivel internacional esa inmensa aptitud de nadar en el mar de aguas claras con verdadera consciencia profesional, responsabilidad y compromiso con ese cúmulo de aspectos que contienen los ítems constitucionales de libertad de prensa y expresión. Muy a pesar que en el trabajo cotidiano lo debe hacer en aguas turbias de la censura y el negociado, de los que aún así sortea para que no naufrague la digna tarea de informar.

Daniel Gallardo – Periodista y Productor de Medios del Grupo Cooperativa