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Piden informes por intervención en ENRE y ENARGAS

Legisladores de Juntos por el Cambio cuestionan las políticas de control y regulación del gas y la energía eléctrica. Entre otras cosas, piden saber sobre las revisiones tarifarias

17 de febrero, 2021 - 07:33

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio elevaron un pedido de informes en carácter de urgente, sobre lo que está ocurriendo en torno de importantes organismos de contralor y regulación del gas y la energía eléctrica de nuestro país.

Para los legisladores, lo que ocurre en el ENRE y en el ENARGAS, “es de absoluta irregularidad porque no cumplen con sus funciones técnicas y no tienen el carácter autárquico por lo que fueron creados”. Además, indican en el instrumento legislativo que “la política se ha entrometido en las facultades de control, confundiendo el concedente con el controlante, entre otros aspectos poco claros”.

El pedido de informes firmado por la mayoría de los integrantes del bloque incluye saber “sobre las revisiones tarifarias y las renegociaciones de contratos que los facultó a ambos entes la Ley 27.541. Además, de congelamientos tarifarios y sobre el procedimiento de aprobación de la venta del paquete accionario mayoritario de la empresa EDENOR”.

La acción legislativa fue propuesta por la diputada nacional Jimena Latorre. La extitular del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE), fue entrevistada por El Ciudadano, a quien se le preguntó en primera instancia sobre las irregularidades del ENRE y de ENARGAS a los que se refiere el pedido de informes: “Las intervenciones en sí son irregulares, la ley que las dispuso carece de fundamentos ya que los entes se habían normalizado en cuanto a su institucionalidad y funcionamiento".

 

—¿Perdieron esos basamentos?

—Esta ley vino nuevamente a intervenir con dos funciones que no se han cumplido en el plazo que la misma le imponía, es decir, que los interventores de ambos entes (ENRE y ENARGAS) debían llevar a cabo la revisión tarifaria y la renegociación de los contratos. La primera podría haberse llevado a cabo sin necesidad del desastre institucional que significa una intervención sin fundamentos.

 

—¿Por qué sin fundamentos?

—Porque el mismo marco regulatorio prevé a pedido del Poder Ejecutivo nacional, cuando se presenten circunstancias extraordinarias, la realización de una nueva revisión tarifaria extraordinaria. Y fíjese, que sin perjuicio de eso se vencieron los primeros 180 días, contados de diciembre de 2019, sin que hicieran absolutamente nada sobre las dos tareas que encomendó la ley al autorizar la intervención de ambos entes.

 

—¿Esto es grave?

—Sí que lo es, porque se llega a una segunda prórroga, que no solo amplía el plazo de las intervenciones, sino que también amplía las facultades que le dan a los interventores por fuera de las que en su momento pasaron por el Congreso con esta Ley de Emergencia 2019. 

 

La política se ha entrometido en las funciones de ENARGAS y el ENRE

—¿Creen que hay otros factores en las irregularidades que denuncian?

—El perjuicio concreto de estas intervenciones irregulares al ENARGAS y al ENRE que no cumplen con sus funciones técnicas y tampoco trabajan para volver al cauce de la normalidad autárquica, es que la política se está entrometiendo. Y lo hace en facultades de control, confundiendo el concedente con el controlante.

 

—¿Cómo se comprueba esto?

—Porque la herramienta que ha buscado el Gobierno nacional a través de la intervención de estos entes es la de poder mantener congelamientos tarifarios y negociar o renegociar tratativas que concluyeron en el año 2017. Es decir, todo un proceso de renegociación de los contratos de concesión que atravesaron un extenso proceso que excedió distintos gobiernos, inclusive entre 2001 y 2017.

 

—¿Qué significa?

—Significa que reabre ese período con el solo objetivo de mantener el congelamiento tarifario. Algo que perjudicará en actualidad y a futuro a los usuarios de gas y electricidad, sin que haya un criterio y una planificación concreta y técnica para la adjudicación de los subsidios, lo que significa absoluta injusticia para todos los usuarios del país, mostrando, una disposición anárquica de los fondos públicos de la Nación, que no solo está subsidiando a todos los ciudadanos de bajos recursos, sino a cualquier ciudadano que usufructúe el gas y la energía eléctrica. 

 

Se quiere saber sobre la venta del paquete accionario mayoritario de EDENOR

—¿Por qué cree que hay tanto silencio en torno a este tema?

—Si el Gobierno nacional y los entes intervenidos cumplieran con lo que impone la ley de acceso a la información pública, no debería ser necesario que desde el Congreso nacional, tuviéramos que pedir a través un pedido de informes esta esta documentación. Tanto ENARGAS, como ENRE deberían estar abiertos para cualquier ciudadano que así desee acceder a toda la documentación que he detallado, eso, lamentablemente no ocurre.

 

—¿Qué dicen desde el Gobierno?

—Ponen fundamentos, como que el último decreto 1.020 del 2020 contiene informes de ambos entes que fueron elevados al Poder Ejecutivo de los cuales no se tiene acceso, ni conocimiento y es precisamente uno de los puntos importantes a los que pedimos poder acceder.

 

—¿Observan otro aspecto en el pedido de informes? 

—Sí, hay otro punto importante, que se nos informe si en este contexto de incertidumbre de procesos y procedimientos paranormativos, porque se ha suspendido la vigencia del marco regulatorio eléctrico, es posible conocer y verificar garantía de transparencia en un proceso de venta del paquete accionario mayoritario de la empresa EDENOR”.