|21/11/21 01:30 PM

Jacky culpa a los políticos por lo que sufren las víctimas de violencia

La mirada fue puesta en el aumento de los casos de discriminación o violencia hacia mujeres, niños y adolescentes y en los costos millonarios que debe pagar el Estado por falta de capacitación.

Los distintos tipos de daños que sufren a diario las víctimas de violencia de género en Argentina en muchos casos producen gastos multimillonarios que debe enfrentar el Estado por orden de la Justicia por que la mayoría de las veces las violaciones a las normas fueron por falta de capacitación. 

Gastos que en definitiva pagan todos los argentinos, con el fin de subsanar en algo los daños que sufrieron por discriminación o por violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, "que crece día a día por culpa de la clase política que no se apega a las normas", según la abogada mendocina Carolina Jacky, especialista en violencia de género.

 

 

"Las leyes existen, pero no se cumplen. No basta hablar con la “e” o usar la “x” o “@” o seguir impulsando leyes que solo terminan en palabras. Para hablar de los derechos de las mujeres, para hablar de femicidio, de abuso sexual y de todas las formas de violación de los derechos humanos no dejan de abrumarnos con discursos, pseudas capacitaciones que no dejan de ser más que una disertación o de proyectos de nuevas leyes que nunca llegan a las víctimas", criticó.

 

Las leyes existen

Con la Convención CEDAW y Belem do Para, y las resoluciones de sus Comités de Seguimiento, más la Ley 26.485, de ser estudiadas, la vida de las víctimas de violencia podría sería otra, y seguramente habría menos de ellas.

El desconocimiento de este derecho, "la falta de estudio de esa normas en las universidades, y las pseudo capacitaciones hacen que el Estado sea responsable de los daños que afectan a las víctimas. Todos los días conocemos de una sentencia que condena al Estado por el actuar de sus agentes", aseguró Jacky.

"Hoy empleados, profesionales, funcionarios y magistrados están siendo condenados por daños en contexto de violencia de género. Por culpa de estos dependientes todos debemos pagar los daños, y es de esperar que Fiscalía de Estado persiga el recupero de esos fondos. La Asesoría de Gobierno, que es parte en muchos de estos juicios, agota todas las instancias judiciales y todos los recursos que le da el sistema para dilatar los mismos", aseguró.

 

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"¿Desconoce esa repartición que con su actuar no hace más que revictimizar a quienes tienen el derecho convencional de obtener una respuesta eficaz y en tiempo y forma?", cuestionó la letrada. Y añadió: ·Las contestaciones de demanda de la Asesoría de Gobierno, como así de los funcionarios o magistrados demuestran el desconocimiento de este derecho".

En este punto la afirmación de Jacky fue clave ya que una cuestión es ejercer el derecho de defensa, pero si en ese ejercicio se desconoce el derecho, eso sí es grave.

"Lo que más sorprende es que en muchos de estos casos esas partes en el litigio dicen haber sido capacitados conforme la Ley Micaela, aunque no acompañan ningún certificado de la capacitación con indicación de la cantidad de horas, programa de estudio y calificación obtenida. Si no pueden demostrar esto, mal pueden decir que están capacitados", sostuvo.

Según la defensora de los derechos de las mujeres en Mendoza, "la vergüenza no solo está plasmada en escritos judiciales, sino también en la gestión de gobierno, ya sea nacional o provincial. La cantidad de Direcciones, Secretarías y hasta Ministerios de la Mujer, del Género, de la Diversidad, que se han extendido por todo el territorio nacional y provincial, salvo contadas excepciones son ejemplo de un fracaso en esta materia".

 

 

"Algunos de estos lugares solo han servido para hacer mala política o para dar empleo a la militancia, pero las víctimas no hablan muy bien de los servicios y atenciones que reciben. Ni hablar de la DINAF o de los ETI (ex OAL) donde a diario se conocen historias de graves violaciones a los derechos humanos. Claro, estas dependencias son sagradas, han servido de reducto para la y los políticos, pero no para la gente", cuestionó.

Aludiendo a estas últimas instituciones Jacky denunció: "Otro lugar donde la falta de capacitación en perspectiva y violencia de género está ausente. Las víctimas se están cansando de tanta violencia institucional, de tantas palabras y pocos hechos".

Para la abogada es necesario entender que "en Argentina terminó el tiempo de los discursos y de las palabras, llegó el momento de los hechos. Basta de promesas, basta de decir lo que van hacer y hagan. Las mujeres y niños siguen muriendo o siendo violadas. La violencia psicológica, física, económica se enseñorea sin que nadie haga lo que se debe hacer".

"En el último año el Estado mendocino ha perdido juicios por violencia de género que suman millones de pesos, y tiene en trámite otros tantos que superan más de cien millones de pesos, y esto solo teniendo en cuenta los registros de un solo estudio jurídico", informó.

Y cerró: "Parece que nadie se quiere hacer cargo, y siguen litigando cargando más costos a esos juicios, pero parece que a nuestros políticos poco le importa, porque el dinero es del Estado, o sea de todos los ciudadanos.