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Cuestionan la medida que prohíbe despidos y el pago de indemnizaciones

La prórroga será por 90 días más y se aplicará para el sector privado. Empresarios aseguran que atenta contra la generación de nuevos empleos 

Por Redacción

El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización, para los casos de cesantía por todo el año 2021.

De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa, ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.

Se trata de una medida que fue tomada ante la intención de algunas compañías de echar personal, por la retracción de la actividad en el contexto de pandemia. 

El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó el jueves.

El nuevo decreto ya estaría listo y en los próximos días reuniría las firmas correspondientes, para ser publicado a principios de la próxima semana.

 

La contraparte

Lo cierto es que hay quienes advierten que esta medida lejos de ser una solución, se vuelve un problema. Empresarios aseguran que esto atenta contra la generación de empleos genuinos

Si bien al inicio de la pandemia, en el 2020, fue una decisión efectiva por la parálisis que implicó el plan para mitigar los contagios, en la actualidad no tiene justificación y solo complica a quienes aspiran a ser empleados. 

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad total de puestos de trabajo se redujo durante el tercer trimestre de 2020 un 9,2%, respecto a igual período del 2019, para alcanzar los 18,8 millones de empleos.

En tanto, entre los meses de julio y septiembre de ese año, el nivel de actividad económica se contrajo 11,4% frente a igual lapso de 2019.

Pero sin dudas el sector que resultó más perjudicado fue el de los trabajadores no registrados o informales, que marcaron un retroceso del 18,8% para sumar los 3,9 millones de puestos.