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Impuesto a la riqueza y cómo devolver lo que robaron al país

Mientras el orden internacional da una suerte de señal positiva a la propuesta de Argentina a los bonistas, la Casa Rosada envía el Congreso un proyecto de ley de impuesto a la riqueza, cuya recaudación aportaría alrededor de US$ 800 millones

En plena lucha contra la pandemia de coronavirus que implica la bien planificada cuarentena y sus extensiones, dispuestas por el Gobierno argentino, el Estado nacional se ha tenido que sentar con los todos los gobernadores para darle una respuesta al mundo sobre la deuda externa y a los acreedores de la misma.

Con el concepto de que nuestro país se encuentra en una suerte de default virtual, se preparó una oferta para 21 tenedores de la deuda, que incluye quita de intereses y tres años de gracia, ante una cifra de deuda de US$ 66.238 millones.

Mientras el orden internacional da una suerte de señal positiva a la propuesta de Argentina, la Casa Rosada envía el Congreso nacional el proyecto de ley de impuesto a la riqueza. La recaudación del mismo se centraría en alrededor de 15 mil personas, cuyas fortunas, de entrar en vigencia el impuesto, aportarían alrededor de US$ 800 millones.

Monto que podría implicar asistencia directa a las provincias que también resisten en cuarentena la embestida del coronavirus.

Aunque todo no estaría cerrado, porque se analiza aplicar en patrimonios que superarían los $20.000 millones el 1% de una alícuota, de acuerdo a lo que pretende el bloque de legisladores oficialistas.

La idea del impuesto a la riqueza viene desde hace mucho tiempo en la cabeza central del ultra kirchnerismo con lo que sería una vieja vendetta sobre ese sector que, al decir del poder “K”, tuvo bendiciones extras del macrismo.

“Hay que hacerles morder el polvo de todo lo que se beneficiaron en la torta del ingreso nacional”, mastican los ideólogos bajo la batuta de Cristina Fernández de Kirchner.

Todo un tema que tomó al Presidente en medio de la atención al país por la cuarentena y que lo hizo tocar el piso de una oscura realidad interna política que lo rodea desde que aceptó ser candidato a ser primer mandatario de la nación. Por lo que no le quedó otra que respaldar con la firma presidencial el mentado proyecto de ley.

Lo que debe entender Alberto Fernández es que no solo él sabe lo que al país le ocurrió en todos los años del kirchnerismo. Porque más allá que se empeñe en hacerle recordar a la Nación lo que él y el extinto presidente Néstor Kirchner hicieron en momentos de crisis económica y social de Argentina, la gente tiene muy en claro lo otro que sucedió aquí.

Pesados peldaños de historia que contiene el episodio más alto de corrupción que jamás haya vivido la Nación.

Agujero que contiene millonarias cifras que ayudarían a enfrentar la crisis económica y social que deriva de la cuarentena. También las deudas que contrajo la Nación con bonistas y organismos internacionales de créditos.

Si comenzáramos a sumar, por ejemplo, tomando las expresiones del arrepentido contador de los Kirchner, Alejandro Víctor Manzanares, quien confesó, entre otros puntos, lo que hacía el secretario privado del presidente Kirchner, Daniel Muñoz.

El funcionario –señaló- utilizó aviones oficiales o privados para portar entre los años 2003 y 2015, desde la Capital Federal a la Patagonia, US$ 96 millones por año. Constituyendo la friolera de entre US$ 400 a US$ 800 millones.

Al seguir sumando nos encontramos con el inefable Lázaro Báez. De acuerdo al informe elaborado en su momento por la Unidad de Información Fiscal (UIF), el testaferro “K”, apodado empresario de la construcción, lavó montos que superaron los US$ 2.000 millones. Dólares que habría que sumarlos a las casas de Sueños Compartidos, de la Túpac Amaru y cada caso de la gigantesca obra pública jamás concretada, sí aceitada.

Si hoy estuviera en vigencia en plenitud y con el espíritu por la que se proyectó la Ley de Extinción de Dominio, el país recuperaría fondos de ese gran robo que se le provocó con saña. Implicaría, por ejemplo, el 15% de la deuda de los pagos de deuda externa que hay que cubrir entre el 2022 y 2023.

Cobrar impuestos a todos, de sobremanera a quienes han hecho sus fortunas con la tierra, la industria o la actividad bancaria no es descabellado y sí oportuno.

Lo inoportuno es no ser sensato ante la Nación, pidiéndole a quienes esquilmaron el dinero de sus habitantes que lo devuelvan.

Una cuestión que en este estado de situación se ve casi imposible, por toda esa historia dura y oscura que envuelven los acuerdos del poder central de la República Argentina.