Ya está en vigencia la ley de identidad de origen
El gobernador Suarez firmó el decreto con el que promulgó la norma que convierte a la provincia en pionera en todo el país
Finalmente, el Poder Ejecutivo provincial reglamentó y promulgó la Ley 9.182, denominada ‘Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo’, y así lo hizo saber a través del Boletín Oficial.
De esta manera se cerró un largo camino jurídico que se inició en el mismo corazón de un puñado de personas, encabezadas por mujeres, que sufrieron con rigor el oscuro halo de la acción más antigua del hampa, el robo de bebés.
Con la firma del decreto 937, el gobernador Rodolfo Suarez oficializó la entrada en vigencia en todo el territorio provincial de esa norma que tendrá ámbito de acción en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Salud.
Todo un acontecimiento esperado con sobradas expectativas por quienes impulsaron esta ley desde una añeja lucha cargada de impunidad, injusticia y desesperación por no saber quiénes eran o son realmente, cuál es su origen genético y aquellos afectos de raíces perdidos por la acción violenta en el momento más lindo de la vida humana, el nacimiento de un bebé.
La implementación de esta ley pone a Mendoza a la vanguardia de la legislación en todo el país, sobre todo en un tema tan fuerte que nadie, hasta ahora, había tenido la capacidad y la decisión legal e institucional de aplicarla para terminar con tantas injusticias. A su vez, dota al Poder Judicial de un instrumento jurídico que caerá pesadamente sobre quienes pretendan seguir cometiendo ese delito.
Una larga lucha llega a su fin
Que la provincia de Mendoza se constituya en la primera provincia del país que cuente con una ley de esta naturaleza es el resultado de una larga y extenuante lucha que llevó adelante el Colectivo Mendoza por la Verdad. Su presidenta, Patricia Giménez; su asesora legal, Guadalupe Álvarez, y un puñado de mujeres y hombres buscaron, golpearon puertas y comenzaron un camino cargado de oscuros obstáculos.
El primer gran logro fue que el Poder Legislativo mendocino redactara una ley que luego fue votada por unanimidad en las cámaras de Diputados y Senadores. Los legisladores entendieron que el Estado provincial debía involucrarse en una herramienta idónea para combatir hasta exterminar el robo y la trata de bebés y niños, y además que las personas que fueron víctimas de este delito encuentren su identidad biológica.
La segunda instancia alcanzada por el Colectivo fue conseguir el importante compromiso del Poder Judicial. Allí, con precisas instrucciones del titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, se comenzó a trabajar coordinadamente con mínimos elementos de investigación sobre causas, mucho antes que la ley 9.182 entrara en vigencia. El objetivo fue no detenerse porque el robo de niños continúa y la búsqueda de identidad de origen de muchas personas afloran en todos los ámbitos de la sociedad provincial. El ejemplo de esto lo dio el crecimiento de causas a medida que se conocía que Mendoza contaría con una ley contra dos flagelos que sufre la sociedad.
Tras un objetivo nacional
Tal cual lo dicho, mientras se esperaba la reglamentación y promulgación de la Ley 9.182, la Justicia provincial comenzaba en la investigación de causas. Al mismo tiempo, similares instituciones de otras provincias se comunicaron con el Colectivo Mendoza por la Verdad para conocer la ley que impulsó y los mecanismos que se utilizaron para lograr el compromiso de los tres poderes del Estado mendocino.
La aparición de la pandemia de COVID-19 y las medidas de encierro mostraron que el delito del robo de bebés y la búsqueda de las raíces no se habían detenido. En el primero, fue duro conocer sustracciones de niños en distintas partes del país, aprovechando descaradamente la cuarentena y solamente siguiendo los mismos procedimientos de siempre, con el paraguas impune que usan algunas instituciones y algunos jueces, médicos, enfermeros y delincuentes.
Todo eso hizo que el Colectivo Mendoza por la Verdad implementara el modo digital para una permanente comunicación con todas las instituciones y la planificación de diferentes acciones en todo el país.
El primer punto fue comprometer al resto de las provincias a llevar la iniciativa al Congreso, y después que el Poder Ejecutivo nacional disponga la apertura y utilización del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) gratuito y universal.
Esto último, porque uno de los aspectos negativos, quizá el único, es que al Colectivo y al resto de las instituciones el actual Gobierno les cerró toda posibilidad de utilizar el BNDG con el argumento que eso es privativo de quienes fueron víctimas del robo de bebés en la última dictadura militar.
Una respuesta que se transforma en otro objetivo por alcanzar y no una negativa cerrada, teniendo en cuenta la magnitud del camino recorrido con historias pesadas de vida, por las que hoy Mendoza muestra, por primera vez, esa sonrisa de que hay Justicia y hay esperanza.