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Sobreseimiento de funcionarios involucrados en la causa Tupac

Un profesional logró desvincular a exdirigentes del IPV del caso en el que está comprometida Nélida Rojas por planes de viviendas

05 de agosto, 2021 - 07:32

La causa de las casas construidas en todo el país por la organización que creó y lideró la jujeña Milagro Sala, tuvo, como se sabe, un profundo proceso de investigación judicial por los millonarios montos que en su momento destinó el Gobierno de la Nación, y por un cúmulo de denuncias que llovieron de personas que se habrían sentido perjudicadas.

Para la Justicia Federal habrían existido elementos para investigar, como desvíos de miles de millones de pesos, además de cuestiones coercitivas con cientos de personas, que eran sometidas a tareas de militancia política que ni siquiera conocían.

Por el tema por todos conocido sobresalieron los cruces políticos de la denominada grieta, y es ahí donde aparecieron cuestiones que sobrepasaron excesos en todo ámbito, esencialmente el judicial. En ese sentido, el caso de la provincia de Mendoza es un claro ejemplo, cuando en 2015 la fiscal Gabriela Chávez imputó a la referente mendocina de la Tupac Amaru Nélida Rojas, ante un cúmulo de denuncias que caían en relación con viviendas que debían entregarse y, en su mayoría, construirse en la provincia, sobre todo en el departamento de Lavalle.

Al mismo tiempo, la funcionaria judicial procesó e imputó a nueve funcionarios por “fraude a la Administración Pública, en modalidad de estafa”. Se trató de quien ejercía en 2015 la presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Omar Parisi, y los directores de ese organismo Carmelo Simó, Manuel Moreno Serrano y Jorge Mario Pérez. La medida también involucró al intendente de Lavalle, Roberto Righi, y a José Blanco, David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi, funcionarios de ese municipio.

En ese momento comenzó una dura batalla judicial, en donde aparece el accionar tribunalicio del reconocido abogado Sergio Rocamora. El profesional mantuvo una fuerte litigiosidad con la fiscal Chávez, en una pesada causa en la que el condimento político la hizo más densa y poco clara en gran parte de lo que duró el proceso.

Aun así, Rocamora logró separar las cuestiones políticas inmersas en la causa y se centró en el proceso judicial propiamente dicho. Quizá esto se comprende cuando, al tomar el caso el fiscal Flavio D’amore en reemplazo de Gabriela Chávez, las cosas se encaminaron a la comprobación, fáctica o no, de que se cometió fraude a la Administración Pública en modalidad de estafa. 

Un aspecto que Chávez no había podido demostrar acabadamente ante múltiples presentaciones de Rocamora, sobre todo cuando el Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió sendos informes técnicos y administrativos que echaban por tierra los argumentos de la polémica funcionaria judicial.

Abogado Sergio Rocamora.

 

Pronunciamiento de sobreseimiento de tres fiscales 

El año 2019 fue el de máxima tensión judicial por el tema de la Tupac Amaru y por la situación procesal de los nueve funcionarios que la fiscal Chávez había involucrado.

Fue el tiempo donde la funcionaria recibió gran cantidad de presentaciones por parte del abogado Rocamora para que especificara con claridad la grave acusación, con argumentos que –para el abogado– no se podían sostener.

“No existió ninguna hipótesis delictiva por parte de la fiscal Chávez, sino que su imputación inicial era mera elucubración de lo que seguramente le hubiera gustado, como una construcción ideológica, como yo la he llamado, de lo que ella posiblemente deseaba”, acotó el letrado.

—¿Ni un solo elemento para tan pesada calificación? 

—No existió una acusación seria y responsable como para tener una cierta entidad, sobre todo cuando afirmó que había daños y perjuicios al Estado, que ni siquiera fueron peritados. Por lo tanto, nunca se constató ningún tipo de conducta irregular por parte de quienes representé, imputados por la fiscal Chávez durante la campaña electoral de 2019.

 

—¿Qué sucedió cuando el caso paso a manos del fiscal Flavio D’amore?

—La causa dejó de estar en el terreno de las especulaciones políticas y se sometió al proceso de análisis de lo estrictamente judicial. Ahí, el fiscal D’amore trabajó coordinadamente con el fiscal adjunto en lo Penal Gonzalo Nazar y el fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi. Los tres habrían recibido estrictas instrucciones del titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, para trabajar exhaustivamente en la causa.

 

—¿Esto dio un giro en la causa?

—Esto produjo un hecho sin precedentes en la Justicia de Mendoza: que tres fiscales entendieron que la investigación del Tribunal de Cuentas fue exhaustiva y se analizaron todos los aspectos patrimoniales que podían afectar al Estado, donde queda claro que ese organismo de control nunca encontró una irregularidad que constituyera delito, y así también los fiscales lo confirmaron. Por lo tanto, las acusaciones de la fiscal Chávez no tenían ningún sustento.

 

—Pero los funcionarios habrían ayudado de alguna manera en este tema de las viviendas...

—No, no se equivoque, y le pido que lea el dictamen de los fiscales. Allí se nota que Chávez no pudo señalar el delito, como el perjuicio al Estado que ella indicaba en el accionar por parte de los funcionarios. Uno de ellos, ayudar a directivos de la Tupac, algo que está plasmado en los expedientes de la causa donde se acreditó que eso no sucedió. Es un lapidario dictamen de los fiscales, que la titular del Primer Juzgado Penal Colegiado, Eleonora Arenas, deberá fallar en la parte final de la audiencia de sobreseimiento el próximo 18.