Reacción en la Legislatura con críticas a una decisión de la Sala II de la Corte
En el Frente Cambia Mendoza entienden que la disposición de dar lugar a denuncias de la oposición sobre la designación de Ana María Day en el Poder Judicial, es una cuestión política
Un nuevo capítulo de la saga por la designación de María Teresa Day como ministra de la Suprema Corte de Justicia, es uno de los traumáticos puntos institucionales que se sabía sobrevendrían tras la jura de la profesional.
El hecho de que la Sala II de la Corte –integrada por los ministros Mario Adaro, Omar Palermo y José Virgilio Valerio– haya dado lugar a dos acciones presentadas por senadores de la oposición en pleno proceso de revisión de pliegos en el Senado, anticipaba el choque de poderes del Estado mendocino.
Esta fue una cuestionada decisión de Palermo y Adaro, que no compartió Valerio, ausente por cuestiones de salud, cuando en realidad, el procedimiento tendría que haber sido rechazar el pedido opositor porque no corresponde, hasta después de la designación de Teresa Day por el Poder Legislativo. Sin embargo, el tema siguió, dando paso frontal a un trasfondo netamente político.
Ahora Palermo, titular de la observada Sala II, puso fecha de la audiencia para el 30 de este mes, oportunidad en que la Corte deberá analizar si Day cuenta con las condiciones para estar en el lugar que juró el pasado 30 de junio.
Esta acción vuelve encrespar las relaciones entre los tres poderes, con duras acusaciones y otro escenario para que sigan las fuertes cinchadas entre oficialismo y oposición.
Para el ministro Palermo, la audiencia debe determinar si Day cumple con los requisitos que indica el artículo 152 de la Constitución provincial, mientras que para el oficialismo eso es disfrazar con un argumento jurídico cuestiones políticas y hasta de género.
Contundente respaldo de legisladores
Desde sus bancas en la Legislatura, mujeres y hombres del Frente Cambia Mendoza se expidieron con contundencia sobre lo que está sucediendo en torno del caso de Day.
En ese sentido, la diputada Claudia Bassin se preguntó si “a algunos miembros de la Corte les molesta que una mujer ocupe un lugar muy importante en la Justicia”, y agregó que “la Cámara de Senadores ya decidió y debemos respetar la división de poderes”.
En tanto, para la diputada Daniela García “la audiencia constituye una acción de violencia institucional. Es la primera vez que se cuestiona públicamente a una suprema”.
Sobre el mismo asunto, la diputada María José Sanz reflexionó sobre “cuánta resistencia ha generado el nombramiento de una mujer en la Corte. Qué llamativo, ¿no?”. Acto seguido, y en tono desafiante, se preguntó: “¿Los jueces quieren cumplir funciones del Legislativo? Pues bien, pueden renunciar y presentarse a elecciones”.
Mientras, el legislador Adrián Reche lanzó: “Si hay intencionalidad, que no se note”.
Fuerte llamado del vicegobernador al Poder Judicial
Ante la convocatoria a la audiencia pública digital realizada desde la Sala II, con la firma de su titular Palermo para el 30 de julio, el vicegobernador Mario Abed contestó por segunda vez con argumentos legales repitiendo que la movida desde la Suprema Corte no se ajusta a lo que dictamina la Constitución de Mendoza.
Para tratar de aclarar la conflictiva situación, El Ciudadano entrevistó al asesor jurídico del Senado provincial, César Vázquez, quien sobre los pasos de la Corte respondió: “Conocimos la resolución de la Sala II de la Corte, en el juicio promovido por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, donde el ministro Omar Palermo, en su carácter de presidente de esa sala, rechaza un recurso presentado por el doctor Ricardo Cañete, asesor del Gobierno. El instrumento solicitaba, entre otras consideraciones, que dejara sin efecto esta audiencia pública por varios elementos de carácter jurídico”.
–Ante esto, ¿qué se hizo desde el Senado?
–El vicegobernador se ha visto en la obligación de intervenir nuevamente para recordarle a los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y José Virgilio Valerio, miembros de la Sala II, todos los errores que están cometiendo con relación al tratamiento del asunto de la doctora María Teresa Day.
“Uno de los aspectos fundamentales es que la Corte no debía intervenir en una etapa del proceso en el que actuaban los poderes Ejecutivo y Legislativo, ante una denuncia presentada por la oposición y que habría desaparecido, pareciera que no existe más”, aclaró.
–Entonces, ¿cómo se encuadra la audiencia?
–Hoy, el vicegobernador le expresa nuevamente al Poder Judicial que la audiencia que han convocado es nula. No es solo nula por su misma razón, sino que lo es porque no respeta las propias acordadas de la Suprema Corte de Justicia. En las mismas se establecieron 15 días hábiles para su publicación y notificaciones a la sociedad y esto no sucedió así, porque todavía no ha salido ni siquiera en el Boletín Oficial.
–¿Es correcta la postura de Abed?
–Sí, es correcta la postura del vicegobernador. Aun así, la oposición sale nuevamente enojada de sobremanera y nos acusan de no dejar trabajar al Poder Judicial. Todo lo contrario, nosotros queremos velar por un Poder Judicial absolutamente autónomo e independiente.
“Precisamente, se le ha solicitado a la Corte en reiteradas oportunidades independencia y división de poderes. Pero allí existe un funcionario como el ministro Palermo, que cree que el Poder Judicial no puede funcionar sin su protagonismo y pretende seguir haciendo las cosas a su mero entender, sin respetar las normas que la Corte ha creado”, consideró finalmente Cañete.
Una audiencia pública cuestionada
La Suprema Corte de Justicia ratificó la audiencia pública virtual para el jueves próximo, en la que definirán si la designación de María Teresa Day como miembro de la Suprema Corte es constitucional o no.
En la audiencia debatirán cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte, como se argumenta que está expresado en el artículo 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza.
La designación de la excoordinadora del Ministerio Público Fiscal como ministra no contó con el apoyo de la oposición y de otros, quienes argumentan que no contaba con los requisitos constitucionales para sumarse al tribunal y que están marcados en el artículo 152 de la Carta Magna mendocina.