Proponen reducir la burocracia en la administración del agua

La sequía y los innumerables problemas, sobre todo de infraestructura, que hoy tiene el servicio del vital líquido elemento en la provincia, es una cuestión que se ha transformado en deuda de Estado cuestionada a diferentes administraciones que se sucedieron en el Barrio Cívico.

Desde que la Provincia sacó de su órbita privada al servicio, que supo estar en mano de la empresa francesa Saur, no se hizo mucho para recuperar la optimización de un servicio muy necesario para la población, en el que solo sobresale, administración tras administración, el aumento de la tarifa.

Una acción que viene, incluso, desde las manos del prestador privado que no dejó nada en la provincia, se llevó importantes fondos que pagó el usuario por los aumentos de tarifas y una fuerte demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, por más de U$S 42 millones pagados en el año 2014.

Hoy, el manejo del recurso hídrico potable en la distribución domiciliaria y para riego es administrado por cuatro organismos del Estado. Aún así, los problemas han continuado y solo se destaca el aumento de la tarifa.

Por eso, tras estudiar el tema y asesorarse con el complejo esquema aplicado en la provincia sobre el agua, el diputado provincial Jorge Andrés Difonso (FR-FCM) tiene una interesante propuesta plasmada en un proyecto de ley que se pondrá a consideración del Poder Legislativo cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones 2021.

Al respecto, El Ciudadano entrevistó al legislador para conocer su propuesta. Respecto de cómo se presenta la Provincia en el manejo del recurso hídrico, Difonso respondió que “el manejo del agua en la provincia tiene una particularidad, y es la intervención de distintos organismos estatales en cada una de sus etapas. Recordemos que el agua en Mendoza, a diferencia de otras regiones u otras provincias del país, se obtiene por el deshielo de nuestra cordillera y sus glaciares distribuidos a través de ríos y arroyos”.

—Y sí, es especial que cuatro organismos manejan el agua…

—Claro que hay particularidades, porque aquí intervienen el Departamento General de Irrigación (DGI) para el agua de riego agrícola, Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM) en la distribución para consumo humano y domiciliario, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), ente de control creado en su momento cuando fue privatizada la empresa –pero resulta que hoy Aguas Mendocinas es propiedad otra vez del Estado provincial– y finalmente la Dirección de Hidráulica. Es decir, tenemos cuatro compartimentos estatales para manejar un único recurso, razón por la cual se generan distintas circunstancias difíciles.

—Todo un asunto…

—Si me permite, le observo otra gran particularidad, le diría la más importante, y es que estamos atravesando desde hace diez años una preocupante sequía en toda la provincia. Por eso es muy preocupante que la burocracia estatal que impera en la provincia no permita la correcta distribución del agua a vecinos y a los productores en sus fincas.

La respuesta hasta ahora solo fue aumentar las tarifas

—¿Por qué observa que el esquema actual es un problema?

—Porque al haber cuatro organismos para el manejo de un solo recurso, existe una transferencia de responsabilidades. Y el ejemplo que le doy es que cuando uno hace un planteo en AySAM por alguna dificultad, normalmente la excusa es que es un problema de Irrigación. Si ese planteo se lo traslada a Irrigación, ahí nos dicen que es un problema de Hidráulica o del mismo EPAS.

“Esta transferencia de responsabilidades hace que los problemas no se solucionen y que los mismos sean cada vez mayores. Por lo que se nota una sensación de que la situación del manejo del agua es cada vez más costosa para los vecinos”, agregó Difonso.

—En concreto, ¿qué propone?

—Estamos proponiendo que se termine con la dificultad de gestionar con cuatro organismos estatales con sus cargas burocráticas, con sus gastos corrientes y además con sus competencias e intervenciones directas en la gestión del agua. Nuestra idea es una autoridad única para la provincia, eliminando los gastos corrientes y terminando con tantos organismos que solo hacen burocratizar el servicio.

—¿Antes no existieron otros tipos de propuestas?

—Sí, han existido otras recetas para solucionar esto. La más conocida por donde se enfrentó este problema de infraestructura con la que cuenta el servicio del agua, es la misma en los últimos cuatro o cinco gobiernos de la Provincia, corregir la tarifa aumentándola.

—Se supone que los aumentos tarifarios implican contar con más fondos para necesaria infraestructura…

—Supone mal, discúlpeme, porque el aumento a la tarifa en su gran porcentaje no va a infraestructura ni a obras concretas necesarias, sin que se diluye en esta burocracia de Estado de cuatro organismos que administran un único recurso, el agua.

—¿Considera entonces que centralizando en un solo organismo comenzarán a notarse soluciones en el sistema?

—Sí. Por eso proponemos que se genere la autoridad única del agua para evitar que se transfieran responsabilidades, que disminuyan costos burocráticos estatales y que la eficiencia del servicio sea mejorada. Porque acá, le repito, el problema de la gestión del agua es su matriz de gestión.

“El punto es cambiar la forma de gestionar el agua, terminar con esa cara sobreabundante que tiene el servicio con cuatro organismos y se instale uno solo como única autoridad que resuelva problemas y responda con la eficiencia que vecinos y productores mereces, porque para eso abonan un servicio al Estado”, cerró el diputado Difonso.