Piden frenar temporalmente Portezuelo hasta que haya una definición judicial 

Tres reconocidos abogados, dos de ellos especialistas en Derecho de Aguas, como Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias, y Alejandro Pérez Hualde, cuya área es el Derecho Económico, realizaron una presentación pidiendo frenar temporalmente la obra de Portezuelo del Viento hasta que haya una definición judicial.

Los profesionales consideran que, ante la incertidumbre por los juicios que tramitan en el máximo tribunal nacional y los cambios en las realidades objetivas con respecto a los tiempos en que la obra se planeó, hay varios factores que podrían jugar en perjuicio de los intereses y el patrimonio de la Provincia.

Sobrevuela en los señalamientos la idea de que una vez iniciados los trabajos, las paralizaciones terminen arruinando el presupuesto y generando deudas y costosas indemnizaciones para Mendoza.

Entre los argumentos que presentan en su escrito, se habla de la inexistencia de competencia en las ofertas de la licitación, los precios estipulados por la UTE ganadora, y también argumentos que tienen que ver con los cambios ambientales, como la disminución sensible del caudal del río Grande en los últimos años. 

También toman especialmente en cuenta los cuestionamientos legales de las provincias que comparten la cuenca y sus planteos ante el COIRCO, factores que a su entender “obligan a un replanteo de la decisión”.

Los argumentos

Uno de los autores de la presentación, el doctor Alejandro Pérez Hualde, exmiembro de la Suprema Corte de Justicia mendocina, explicó los pormenores en diálogo con FM 91.7. “Nosotros, en realidad, lo que hemos hecho es un planteo estrictamente jurídico de advertencia”, indicó, y descartó de plano que haya errores o malas intenciones en lo que se está actuando desde la Provincia, al decir sobre la licitación: “Yo no hablaría de mala praxis, en todo caso puede ser esa una opinión política de algún otro, pero no la mía”.

El jurista agregó: “Hemos acompañado tres personas que nos dedicamos al derecho de las agua, en el caso de Mathus y de Guarino Arias, y el derecho de la regulación económica, que es mi caso, advirtiendo sobre un posible perjuicio que nos puede dejar sin obra y sin ninguno de los beneficios que pretendemos extraer de esa indemnización tan grande que, en su momento, gestionaron entre los gobernadores (Julio) Cobos y luego (Alfredo) Cornejo para la reparación histórica de los daños producidos a la provincia de Mendoza”. 

Y profundizando, señaló: “Vemos que ha cambiado el entorno jurídico de la obra. Hoy hay juicios cruzados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación iniciados por La Pampa contra Mendoza y contra San Juan. La Corte ha pedido una evaluación de toda la cuenca del río San Juan, que comprende toda la cuenca del Desaguadero. El COIRCO también ha pedido una evaluación de impacto ambiental más amplia; ahí hemos votado y hemos perdido cinco a uno”.

“O sea, creemos que el entorno jurídico que se ha ido armando alrededor de lo que nosotros queremos hacer pacíficamente y realizar está en un severo riesgo de que pueda haber medidas judiciales que entorpezcan el desarrollo de la obra”, consideró.

Pérez Hualde desarrolló aún más su argumentación: “¿Qué quiero decir con esto? A mí me preguntan '¿vos crees que vamos a ganar estos procesos?'. Mendoza tiene un equipo de juristas y de técnicos extraordinarios, y, además tenemos la razón, por lo que yo creo que esos juicios se van a ganar, (porque) la Corte Suprema va a terminar dictando un fallo en favor de Mendoza. Para llegar hasta ese fallo en el que ganemos puede haber muchos avatares durante el proceso: por ejemplo, ha paralizado obras esta misma corte con esta misma composición de jueces; ha paralizado las presas de Santa Cruz, obras en Neuquén, en Gualeguaychú y está amenazando con paralizar Tambolar a San Juan".

"Entonces, mi pregunta es: ¿qué pasa si a nosotros, después de haber adjudicado y firmado el contrato, nos vienen con una precautoria? No se terminó el juicio, no perdimos, pero cuatro meses de paralización en esa obra nos puede dejar desfinanciados para terminarla. Entonces es muy grande el riesgo que se corre dando pasos que ya van a ser irreversibles, como la adjudicación y el contrato", expresó el entrevistado.

“Creo que hay que ser prudentes. Tenemos que repensar, con gran participación –por eso no me meto en la política, tienen que participar todos los sectores–, los que iban a ser más beneficiados, los que iban a ser perjudicados... todos tienen que presentarse y tenemos que conformar una política de Estado para ver qué hacemos con estos fondos, en vez de arriesgarlos ahora en una aventura”, destacó el jurista.

A la hora de la síntesis, Pérez Hualde explicó que “esta es una obra demasiado importante y es un monto muy significativo para el porvenir de la provincia. Entonces vemos que van a dar pasos irreversibles que después no vamos a poder retroceder, o retroceder va a ser muy caro”.

Y, sobre otro de los puntos, que tiene que ver con que los fondos estaban comprometidos para hacer una obra exclusivamente, aclaró que “en su momento, el compromiso Nación-Provincia sobre que los fondos tengan sí o sí el destino de una obra es algo que ya lo deshizo el gobernador Cornejo. Desarticuló el vínculo, y hoy la provincia de Mendoza puede destinar esos fondos a donde mejor lo determine. Esto es de alta política, de política de Estado. No nos vamos a volver a juntar con un monto como ese”.