Oficialmente el expediente digital de Mendoza quedó en capilla

Ya es noticia oficial y casi con visos de escándalo, el expediente digital de Mendoza quedó en capilla bajo la mirada atenta de los abogados. 

Ante la primera consideración podríamos afirmar que, frente a la tan celebrada novedad de que iniciaría en forma completa la administración de Justicia, mediante la tecnología digital, dio un violento giro, tal como fue anticipado desde El Ciudadano el 21 de agosto. 

Así fue confirmado ayer miércoles, 25 de agosto, a poco menos de un mes de que, también oficialmente, largara la carrera por el expediente electrónico anunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, durante el acto de inicio del año judicial.

En cuanto a la segunda consideración, la de escándalo, ayer mismo corrió como reguero de pólvora un audio en el que una abogada le disparó munición gruesa a uno de los jueces del máximo tribunal de la provincia cuyana: al doctor Mario Adaro.

El material, que rápidamente fue divulgado por diversos grupos de WhatsApp de distintos fueros de la Justicia de Mendoza, fue de parte de una abogada muy indignada, quien llegando a utilizar improperios, le achacó al magistrado, oriundo del Este de Mendoza, todas las vicisitudes que viene padeciendo, junto a sus clientes, por culpa del polémico sistema del expediente digital. 

El mismo sistema que quedó bajo severa observación luego de la reunión de ayer entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los representantes de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, FCAPM. Institución representada por otro hombre del Este mendocino, el doctor Juan Pablo Campos (foto: recibiendo un documento de Garay).  

Además de que se conformara una comisión de seguimiento para la, hasta ahora frustrada, implementación del expediente digital y la prórroga del uso de la Mesa de Entradas de Escritos Digitales, MeeD, ocurrió un suceso político dentro de la misma Corte que no puede pasar desapercibido

Varios saben de la actual interna en la Corte de Mendoza, donde el sector opositor los tiene a Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez. Por el otro lado, en la vereda oficialista, están Dalmiro Garay, presidente de la Corte, José Valerio y María Teresa Day. No tan en el medio de ambos grupos está el supremo Pedro Llorente, quien es el más antiguo en el órgano que hoy le brinda la mayoría al oficialismo.

Hay que aclarar que en lo que se conoce como la Sala Administrativa del máximo tribunal mendocino está Garay. Por lo que se supone que está manejada por el sector gubernamental. Es la que lleva adelante todos estos asuntos inherentes a la digitalización, más allá de que existe, podríamos decir, del otro lado del charco, voluntades muy inclinadas hacia la tecnología digital. Tales son los casos del mismo Adaro y el propio Campos. Para completar, en la Sala Penal están Mario Adaro (foto), José Valerio y Omar Palermo.

Luego de la nota publicada por El Ciudadano durante el último fin de semana, se supo que el lunes el Colegio de Abogados salió a la cancha ferviente para transpirar la camiseta. Y fue entonces que Garay lo participó al juez Adaro para que colaborara y, en criollo, sumarlo a la iniciativa de la digitalización que tantos dolores de cabeza les está ocasionando a los abogados y abogadas como la que cruzó al hombre oriundo de Palmira. A pocos días de las elecciones, entonces, el oficialismo judicial le abrió el juego a los opositores.

También trascendió que el mismo Ejecutivo de Mendoza, por esas horas, se puso a disposición de la Suprema Corte de Justicia con el fin de brindarle todos los recursos necesarios para avanzar en la digitalización. Por lo que el caro asunto pegó duro quedando todo el sistema aludido, diríamos, medio congelado. Porque, de ahora en más, avendrán reuniones periódicas con el fin de analizar cómo se avanza con el sistema que provocó la polémica entre la Corte y los profesionales de las leyes.

Oficial de la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial local

La reunión se dio en el marco de una serie de reclamos que los Colegios de toda la provincia elevaron al Máximo Tribunal, por la puesta en marcha del sistema Iurix Online (IOL) y que dejó, como una de las medidas salientes, la continuidad de la MeeD para todos los fueros en donde está actualmente funcionando, y la realización de pruebas piloto en algunos juzgados de gestiones Civil y Laboral hasta afianzar el funcionamiento del sistema Iurix.

En cuanto a la conformación de dos comisiones, una de familia y otra de civil-laboral, estarán integradas por abogados de la matrícula, jueces, técnicos y administrativos, y servirá para evaluar cambios y avances y atender inquietudes particulares.

Un documento con 7 puntos a atender fue lo que presentó la Federación de Colegios de Abogados.

"Tengo que reconocer que muchos abogados vieron complicada su labor diaria, lo cual repercute en su estudio y en la respuesta que deben darles a sus clientes. Es entendible la queja, pero estamos convencidos  de que el camino elegido es el correcto", expresó en el conclave con los representantes de los abogados, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay.

Del encuentro surgieron otras propuestas para atender reclamos puntuales y que los abogados puedan mejorar la operación del sistema Iurix. Entre ellas, la conformación de una comisión integrada por la totalidad de los estamentos que intervienen en un proceso judicial, y que fue parte de lo solicitado por los Colegios a la Corte.

"Para nosotros es importante que participen profesionales litigantes del derecho para poder corregir adecuadamente todos los inconvenientes que actualmente presenta  el sistema", señaló Juan Pablo Campos, Presidente de la FCAPM.

Desde la FCAPM, si bien rescataron el diálogo mantenido durante la reunión, reclamaron soluciones concretas. "El diálogo siempre es bueno, pero no significa que estemos de acuerdo en el modo de implementación del sistema. Por eso hemos elevado a la Corte las quejas de nuestros matriculados, y requerimos de las autoridades una pronta y adecuada respuesta a la problemática que se ha generado, sobre todo en el fuero de familia", indicó Andrea Disparte, Vicepresidenta de la entidad.

Desde la Suprema Corte se ratificó el proceso de cambio que se viene realizando en el sistema de justicia de Mendoza: "Estos caminos se inician y hay que terminarlos. Ya recorrimos más de la mitad de ese camino. La utilización del sistema es lo que nos permite ponerlo a prueba e ir corrigiéndolo", sostuvo Dalmiro Garay.

El encuentro, que se extendió por casi dos horas, fue destinada a los inconvenientes de vinculación de los profesionales con cada expediente que debe tramitar, situación que ha generado especial preocupación en el fuero de familia. Al respecto, el Presidente de la Corte reconoció los problemas existentes en este rubro, al tiempo que dio a conocer las medidas que se tomaron: "Tenemos personal trabajando a contra turno realizando esta tarea y avanzamos en la contratación de personal extra para agilizar tanto la vinculación como la migración y carga de datos. También analizamos la posibilidad de que sea el propio abogado, bajo su responsabilidad, quien se autovincule con su expediente, lo que implica modificar el sistema para que nos siga garantizando seguridad".

Finalmente, expresó:  "Un proveído en familia y su posterior pase al asesor de menores hoy demora 18 minutos en el sistema. Si lo traspolamos a cómo era en sistema papel, implicaba una serie de pasos que se traducían en dos semanas. Es un ejemplo que sirve para dimensionar el cambio de paradigma al que apuntamos. El sistema tiene errores, a veces vinculado al propio sistema; y otras veces no tienen que ver con él", cerró Garay.

En concreto...

•        Se acordó prorrogar la vigencia de la MeeD y la coexistencia con IOL, mientras que se realizarán pruebas pilotos en juzgados específicos a convenir, sin la MeeD.

•        Se acordó la conformación de comisiones de seguimiento (una para el fuero de Familia y otra que nuclee los fueros Laboral y Civil) que integren abogados de la matrícula, jueces, técnicos, funcionarios y administrativos.

•        Se analiza la posibilidad de agilizar la vinculación de los abogados con sus expedientes mediante la autovinculación de los profesionales. Personal a contra turno ya se aboca a esta tarea y se sumará personal contratado específicamente para el fuero de familia