Exigen una ley nacional contra el robo de identidad de origen

Tras el imponente operativo de fuerzas federales en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Salta, Entre Ríos y Mendoza, en el que semanas atrás se desbarató una banda que operada con el disfraz de secta bajo el título de templo Filadelfia, se acrecentó el debate por dos temas que la provincia es punta de lanza ante los ojos de la Nación.

La acción conjunta de laJusticia, la Policía Federal y la Gendarmería fue simultánea y dejó al descubierto operaciones delictuales graves, como el robo de bebés, trata de personas, sustracción de identidades, violaciones, desaparición de niñas y niños y otros delitos.

Se pudo constatar además, que el culto tenía ramificaciones en Brasil y Paraguay, y con el accionar desbaratado en Argentina se abrió una serie de investigaciones para determinar a dónde habrían sido llevados los niños robados.

Lo grave del caso es que la secta, tanto en la provincia como en el resto del país, tuvo sus comienzos entre los años 1972 y 1973. Un punto muy importante que también se está investigando por ramificaciones de encubrimiento y de complicidad política, judicial, médica, policial, abogados y hasta de instituciones de salud, tanto públicas, como privadas.

Lo duro del caso es que, permitió que una institución como el Colectivo Mendoza por la Verdad, fortaleciera su pregonar y múltiples acciones para terminar con el legendario y millonario negocio del robo de bebés y sustracciones de identidades.

Al respecto, muchos ahora entienden la dimensión de la Ley 9.182 sobre el Programa Provincial de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectiva. Instrumento jurídico único en el país y que fue impulsado por el colectivo. El mismo impulso que la institución hoy imprime para que el Banco Nacional de Datos Genéticos sea gratuito, de accesibilidad a todas aquellas personas que sufrieron las acciones delictuales descriptas. También para que el Congreso nacional trate y sancione una ley similar a la de la provincia.

Miles de denuncias que recibe el colectivo tienen el dolor de abuso y el robo de la identidad de origen.

Profundizando el tema, El Ciudadano entrevistó a la presidenta del Colectivo Mendoza por la Verdad, Patricia Giménez, a quien se le preguntó si conocía las operaciones de la secta. “Sí, por supuesto, nosotros en el Colectivo Mendoza por la Verdad tenemos conocimiento, desde hace mucho tiempo, que en nuestra provincia operan redes, con ramificaciones a nivel país y en muchos casos a nivel internacional. Todas, con la más vil de las actividades, comercializar con seres humanos”, respondió Giménez.

—¿Conocen muchos casos?

—De hecho son los hijos e hijas que hoy estamos buscando, por lo que pone en el tapete, lo que hace años venimos denunciando en nuestra lucha para que se sepa la verdad y se garantice el derecho humano a la verdadera identidad de origen.

—Lo que se desbarató constituye un hecho grave…

—Sí que lo es, porque esta red operó durante 48 años en Mendoza y en varias provinciass. Esto demuestra que nuestro país es totalmente ineficiente para proteger a sus mujeres a sus niñas y niños.

—¿Se acrecentaron las denuncias en su ONG?

—Se acrecientan los casos que acompañamos en nuestro colectivo. Día a día son miles y miles de pedidos de ayuda de personas con identidad sustituida y de madres y familias que denuncian el robo de sus bebés recién nacidos. Pero aquí ocurren temas, como que algunas familias, madres y padres deciden denunciar en la Justicia, en cambio otros no lo quieren hacer. En cualquiera de los casos, nuestro rol es acompañar y reclamar colectivamente para que, de una vez por todas, se nos repare por tanto daño.

—Usted resaltó que han pasado 48 años para desbaratar una banda que produjo robos de bebés, niñas, niños y trata de personas, ¿cree que hay jueces, policías, médicos e instituciones cómplices?

—Sin lugar a duda, estas maniobras no pueden ser llevadas a cabo en soledad y mucho menos teniendo en cuenta la cantidad de años que han operado y siguen operando. Esto habla de lo sistemático de la problemática y de cómo es llevada transversalmente por distintos actores de la sociedad.

—¿Qué harán entonces?

—Desde nuestro colectivo estamos convencidas y convencidos que la lucha debe multiplicarse, bregando por la tipificación de la compra de personas recién nacidas y por un Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) gratuito y universal. Además, con el orgullo de nuestra flamante legislación provincial, insistiremos por una ley nacional de identidad de origen. Es el momento y no debe haber más dilación.