Mendoza, Argentina
Mendoza, Argentina

|03/08/20 07:40 AM

Los políticos mendocinos no solo tienen que ser honestos, sino también parecerlo

Mendoza atraviesa una innecesaria crisis institucional que le hace mucho mal a sus ciudadanos. En medio de tanta insensatez, fue presentado un proyecto legislativo que intenta imponer transparencia

Bien es sabido que la política se fue distorsionando con el tiempo, con la misma velocidad que el putrefacto accionar de muchas mujeres y hombres que ejercen esta actividad vital para la democracia. A punto tal, que violar la honestidad a plena luz del día fue moneda corriente, como sorprendente la descarada habilidad para justificarla con argumentos que pareciera, son sacados de la excelencia de estrados éticos y jurídicos.

La Argentina lleva vanguardia en esos sucios aspectos que mucho mal hacen a sus instituciones. Lo preocupante es que las excepciones que tenía el país se van diluyendo con las acciones señaladas. 

Mendoza, provincia siempre admirada por su brillantez institucional, apego al equilibrio y división de poderes, atraviesa una innecesaria crisis. Eso, con absoluta responsabilidad de cierta dirigencia política que, increíblemente, tomó protagonismo en la Provincia y en la Nación.

Ante este escenario, donde hay una gran tormenta política que hizo colisionar a los tres poderes del Estado mendocino, esa misma dirigencia política se rasga las vestiduras de moralidad política ante los fuertes acontecimientos que se están viviendo en la Nación, con otra dirigencia que hace lo mismo. 

Todo un complejo cambalache que se baila con desfachatez, porque mientras en la Nación sectores del peronismo arremetieron con atropello expropiador sobre la cerealera Vicentin, sectores radicales de Mendoza señalaban la sucia maniobra con duras posturas, cuando ellos hicieron lo mismo apenas un año atrás con el complejo cordillerano de los Penitentes. 

La misma situación se vive cuando el poder justicialista del país arremete sobre el Poder Judicial con una controvertida reforma de la Justicia, y los mismos sectores del radicalismo mendocino salen a plantar bandera de lo sucio que esconde la maniobra, cuando en la provincia colocaron por una ventana del Poder Judicial a una ministra que no cumple acabadamente con lo que indica la Constitución, con el solo objetivo de acaparar poder.

 

Bienvenidas señales de sensatez en Mendoza

En todo lo planteado es bueno señalar que, desde la misma política mendocina, comienzan a aparecer sectores políticos y sus dirigentes que tienen arraigados otros conceptos y modos de ejercer la política. Como para demostrar que todavía la gente tiene horizontes para fortalecer la democracia de su terruño junto a sus poderes e instituciones.

A propósito, los diputados Mercedes Llano (PD) y Jorge Andrés Difonso (FR), observando la gravedad institucional que llevó a un conflicto en los tres poderes del Estado, presentaron de forma urgente un oportuno proyecto de ley. 

Jorge Difonso.

En él se reflejan coherencia, transparencia, equilibrio y alejamiento de incidencias políticas sobre la selección de jueces, magistrados y funcionarios en organismos clave del Estado.

El Ciudadano tuvo acceso al proyecto y en diálogo con la legisladora demócrata, esta resaltó: “A raíz de la grave crisis institucional por la que está atravesando el Poder Judicial de nuestra provincia, y en particular su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, con Jorge Difonso hemos presentado un proyecto de reforma de un artículo constitucional”.

Al pedirle precisiones, Llano detalló que “está orientado a modificar el sistema de selección, tanto de jueces como de distintas autoridades de órganos de contralor de rango constitucional, entre ellos el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado”.

Mercedes Llano.

 

En busca de consensos

Sobre lo que se proponen los legisladores, dijo: “Proponemos en primer lugar que la designación de estas autoridades sea a través de un voto público. Lo hacemos porque es sabido que en la actualidad se realiza a través de una votación secreta (Art. 83 C.P.) que implica el uso de bolitas blancas”. 

“Además –agregó– nuestra propuesta resalta que sean exigidas mayorías calificadas para efectivizar esos nombramientos. Fíjese que en la actualidad todas esas autoridades se seleccionan a partir del voto de una simple mayoría de los miembros del Senado. En nuestro proyecto plasmamos que esas decisiones tienen que ir acompañadas y avaladas por dos tercios de los miembros del Senado presentes”. 

El objetivo es garantizar mayores consensos a la hora de elegir a los referentes que van a ocupar órganos tan relevantes para la institucionalidad de nuestra provincia”, explicó.

Finalmente, la diputada resaltó que consideran que “de ese modo se va a asegurar que personas idóneas, con reconocida trayectoria profesional, académica e independiente del poder político, va a poder ocupar esos cargos. Creemos que de ese modo vamos a evitar los procesos de partidización de la Corte y de los órganos de contralor que están hiriendo de muerte a nuestra República”.