Mendoza, Argentina
Mendoza, Argentina

|29/06/20 07:29 AM

Alberto, Portezuelo depende de vos

El laudo presidencial solicitado por el Gobierno provincial es la última chance para que la continuidad de la obra se asegure, cuando estamos a días de la licitación internacional de una obra que es en beneficio de todos los argentinos

Cuando parecía que la obra de infraestructura más anhelada por los mendocinos estaba a un paso de volverse realidad –con los primeros giros de fondos consolidados en los bancos, con el cronograma de licitaciones en marcha, con 360 empresas mendocinas formando parte de un clúster que les brindó know how y herramientas administrativas para ser parte de la megaobra– nuevamente la política metió la cola, y postergación vuelve a ser el adjetivo que define a Portezuelo.

La cuestión pudo vislumbrarse claramente cuando, luego de una fuerte carga contra Mendoza por parte de Sergio Ziliotto, gobernador de la vecina provincia, al otro día se esperaba la visita presidencial a esa provincia con promesa de anuncios. Encima, pocos días antes, Wado de Pedro, ministro del Interior, había revocado una decisión de Rogelio Frigerio, su par durante el gobierno de Macri, que archivaba el último pedido de laudo pampeano. Estaba claro que maduraba el knock out de la obra, parafraseando a un viejo relator de box.

Ahora, tal vez la última esperanza de revertir una situación que parece consolidada pasa por el mecanismo de laudo, que activó el Gobierno de nuestra provincia, valiéndose de un recurso contemplado en los tratados signados en su momento.

 

El mecanismo

Cuando se formó el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), para planificar el aprovechamiento conjunto de la cuenca que tiene como principal origen el Río Grande, nacido en la cordillera mendocina, se estableció que cuando no haya unanimidad en las propuestas, el mecanismo para dirimir las diferencias sería el laudo presidencial.

El laudo es un arbitraje para zanjar diferencias que, a sus efectos, equivale en tratados de este tipo, a la sentencia de un juez. Tiene como particularidad que cuando se toma como mecanismo funciona con independencia de los diferentes ordenamientos jurídicos, casi homologándose a los contratos de otras índoles, como convenios entre partes. Es por ello que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación los ha avalado en el caso de Portezuelo del Viento.

Mendoza arriba a un nuevo pedido de laudo tras la reunión del COIRCO del viernes último, donde llevó una propuesta que no fue aceptada, y triunfó por mayoría la contrapropuesta pampeana. No se logró la necesaria unanimidad, lo que homologa la decisión de Rodolfo Suarez.

La última reunión del COIRCO.

El Gobernador de Mendoza, luego de la reunión, lo comunicó señalando: “Se activó el mecanismo de Laudo Presidencial ante la insistencia de La Pampa de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, acompañada por las otras provincias".

El pampeano Ziliotto, por su parte, expresó: “El Consejo de Gobierno del COIRCO aprobó realizar un Estudio de Impacto Ambiental en todo el Río Colorado. Un enorme paso en la defensa de nuestros ríos, bandera irrenunciable de toda La Pampa. Y un gran reconocimiento a la solitaria lucha de Carlos Verna (su predecesor en el cargo) años atrás".

 

Una historia repetida

No va a ser, en todo caso, el primer laudo sobre el tema. y si sirve como antecedente, el anterior favoreció a Mendoza, cuando Mauricio Macri zanjó la cuestión y dio paso al proceso que ahora quedó interrumpido: cronograma de giro de los fondos e inicio del programa licitatorio.

Ante este laudo, de 2018, la provincia pampeana fue en recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el argumento de que la obra podría afectar tanto caudal como calidad del agua del Río Colorado, y además con la particular observación de que el presidente no había sido imparcial en su decisión, dejando traslucir una preferencia de signo político.

Ese pedido del entonces gobernador pampeano Carlos Verna fue rechazado in límine por el máximo tribunal nacional. Así llegamos al último pedido de laudo arbitral del mismo mandatario en mayo del año pasado. En este caso el argumento fue que tanto lo referente al manejo de las aguas, como el estudio de impacto ambiental, eran competencia exclusiva del Consejo de Gobierno de Coirco.

Este pedido fue directamente archivado por Rogelio Frigerio, ministro del Interior en ese momento, a través de una resolución que precisamente revocó Wado de Pedro, justo antes de la visita de Alberto Fernández a La Pampa, como se dijo en párrafos anteriores.

 

Nada que estudiar

La nueva resolución del COIRCO indica la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado. Suena a un recurso para ganar tiempo, o bien a una treta para obtener parte de las regalías que genere la deseada represa.

Esto no tiene ningún asidero legal, ellas deben pertenecer en su totalidad a Mendoza, como bien explicara a El Ciudadano, quien es tal vez el máximo especialista en Derecho de Aguas, Miguel Mathus Escorihuela: “Seguramente lo que quiere La Pampa es forzar para que Mendoza le ceda parte de las regalías que le corresponden por el uso de las aguas, lo cual es absolutamente improcedente. Las regalías hidroeléctricas que genera esta obra son propiedad exclusiva y excluyente de Mendoza, porque la fuente productora de esas regalías está en territorio de Mendoza, y también la cuenca, entonces este supuesto derecho de La Pampa es inexistente”.

El especialista también se refirió a un antecedente injustificado de la misma especie, las regalías que Mendoza le comparte a La Pampa por Los Nihuiles: “Tampoco nos han reconocido las regalías hidroeléctricas sobre el río Atuel que nos debe la provincia de La Pampa por el decreto ilegal que dictó el Gobierno de la Nación cuando era ministro del Interior el general Harguindeguy. Eso está en la Procuración del Tesoro hace tres años, y todavía no lo resuelve cuando tiene todos los dictámenes a favor de Mendoza”.

A su vez, en referencia a los estudios de impacto ambiental fue preciso el ingeniero Eduardo Moreno, coordinador Institucional de la UNCuyo para el Proyecto Portezuelo del Viento, también en nuestro El Ciudadano. El experto explicó que la UNCuyo, a solicitud de la autoridad de aplicación, elaboró oportunamente la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) del Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento, cumpliendo satisfactoriamente con la normativa vigente y con las observaciones del Dictamen Técnico (DT) realizado por la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional.

Los resultados fueron presentados en la Audiencia Pública realizada en abril de 2018 en la Ciudad de Malargüe, y en marzo de 2020 se llevó a cabo otra Audiencia Pública en forma virtual por las obras complementarias.

Además, la UTE conformada por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata realizaron –en forma conjunta– el Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) del Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento solicitado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Finalmente, el 19 de marzo de 2019 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) por el Comité Ejecutivo del COIRCO mediante Acta N° 857.

También han sido ponderados estudios específicos realizados por consultoras privadas, tales como “Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento: Plan de Manejo Ambiental y Social”, de la Consultora Toso Hermanos y Asociados SA en 2018 y “Estudios de Monitoreo Biológico pre-constructivo ciclo anual 2018-2019”, de Serman & Asociados SA.

Saliendo de las fronteras, otro estudio fue realizado por tal vez la más prestigiosa academia internacional en estos aspectos, como es el MIT (Massachussets Institute of Technologies) y el resultado fue aprobatorio para la construcción de la obra.

 

La nueva instancia

Está claro que no hay mucho más que estudiar en una obra que viene siendo analizada desde hace medio siglo con todo tipo de evaluaciones, y todas ellas de resultado satisfactorio. La pelea se circunscribe a intereses políticos e intereses económicos –leídos en clave de quedarse con recursos que no le corresponden- del resto de las provincias involucradas.

Alberto Fernández tendrá que decidir en un contexto donde primará pensar en el futuro de la Nación toda, ya que la obra beneficiará a todos los argentinos, o en satisfacer acuerdos de sus aliados políticos del momento, como son el resto de los gobernadores.

El dicho de que es el Estado Nacional quien paga la obra es falso, son recursos de la provincia, obtenidos por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, como resarcimiento a los perjuicios que causara a nuestra provincia la promoción industrial otorgada hace décadas al resto de los estados del Gran Cuyo. Recursos, por otra parte, que también se le dieron a La Pampa, y que esta percibió en efectivo, cuando Mendoza eligió que se le pague con una obra. Si no se hace la obra, Nación igual debe darle a la provincia el dinero.

En el escritorio de su despacho de la Casa Rosada, sentado en el sillón de Rivadavia, el Presidente tiene ante sí un papel que, de acuerdo a como resuelva, indicará si es un estadista con todas las letras, o bien alguien de paso, incapaz de mirar el horizonte y decidir lo mejor para su patria.