La Justicia metió la cola en una obra pública

Pasaron tres años de aquel histórico momento institucional vivido en Mendoza, con la concreción de la 59a Cumbre Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), momento en el que se hicieron importantes anuncios de financiamiento para la provincia ante la presencia de todo el país y de naciones latinoamericanas, uno de ellos fue la construcción de una doble vía de 40 kilómetros que unirían Palmira con la Ruta Nacional 40.

La obra fue gestionada por el primer gobierno del Frente Cambia Mendoza ante la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que firmó el acuerdo con el BID y se la entregó para su ejecución, una vez culminado el proceso licitatorio, a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles por un monto global de $2.139 millones.

Se trata del primer e importante tramo de necesaria renovación planificada para el Sistema Cristo Redentor, destacado punto a lo que se le deben agregar, de acuerdo con lo anunciado en su momento, ensanchamiento de ruta en la zona de Agua de las Avispas, mejoras en las curvas de Guido y Soberanía, construcción de la variante Uspallata y el necesario acondicionamiento para vehículos del túnel Caracoles.

La variante Palmira se inició en la gestión de Mauricio Macri y fue confirmada en su continuidad por el actual presidente Alberto Fernández. Toda una política de Estado que beneficia a Mendoza, por lo que implica esta obra y su principal objetivo: el descongestionamiento y agilización del tránsito pesado en la ruta internacional a Chile. Por eso, el ritmo de obra se mantuvo a pesar de los múltiples inconvenientes de la economía del país y los impuestos por la pandemia del COVID—19.

Un problema judicial entre la familia Cartellone habría detenido la obra

Pero, increíblemente, la obra se detuvo y tiene pronóstico reservado aseverar por cuánto tiempo. Esto, que sorprendió tanto a la Provincia y a la Nación, nada tiene que ver con las remesas de fondos aseguradas y actualizadas para su ejecución o alguna que otra cuestión técnica y administrativa. El tema estaría pasando por una fuerte controversia familiar en las acciones de la empresa que, por lo informado oportunamente por el diario digital Memo, se judicializó y detuvo la obra inmediatamente.

De acuerdo con los colegas del Memo, el Tercer Juzgado Civil de Mendoza dio lugar a la intervención de la empresa y nombró un interventor administrador que por el término de un año estará a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles.

Esta acción habría sido solicitada ante estrados judiciales por Gerardo Cartellone, quien se habría sentido resentido en la división de acciones de la sociedad con sus hermanos José y Marilyn. Tras la notificación, la empresa utilizó el paso de recurrir la intervención y el fallo al juzgado aludido.

Toda esta cuestión motivó que se paralizara la obra y al mismo tiempo surgiera una mezcla de sorpresa y molestia por parte de las autoridades de la Provincia, en primera instancia, y de la Nación, en segunda.

Esta última, a través de Vialidad nacional delegación local, que espera instrucciones desde Buenos Aires para saber qué pasos seguir. Aunque, según se supo, no quieren llegar a puntos que impliquen judicializar el tema aún más y que eso profundice la parálisis que hoy tiene una obra, cuya entrega debería producirse el año próximo, tiempo que se prolongaría al 2023.

Sería muy grave rescindir el contrato de una obra con 50% de su ejecución

Ante la efervescencia que tomó este asunto, El Ciudadano se comunicó con el Ministerio de Infraestructura de la provincia, donde mostraron su preocupación, por lo que está sucediendo con la obra y prefirieron que se expidan públicamente las autoridades nacionales.

Quien respondió sobre el tema fue el titular de la Delegación Mendoza de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, que al preguntarle el porqué de la paralización de las obras de la Variante Palmira, dijo: “Lamentablemente, no tenemos un motivo concreto por el cual se ha paralizado la obra. La empresa aduce problemas administrativos financieros que la llevan a una paralización transitoria. Pero, le aclaro, que para Vialidad nacional esto ha sido una acción intempestiva”.

—¿Qué pasos dará Vialidad Nacional para recuperar el estado y ritmo de la obra? 

—Desde nuestro organismo procedimos a realizar las notificaciones que corresponden de oficio. Además, labramos un acta del estado en el que se encuentra hoy la obra en todos sus frentes de trabajo. Este proceso de intimaciones es un mecanismo que llevará unos días.

—¿Es lo único?

—No, porque estimó que es imprescindible abrir un campo de diálogo y de negociación para saber que los pasos que demos, por parte del Estado, nos lleven a una reapertura de la obra y no a una judicialización de ésta.

—A pesar de lo expresado, ¿se piensa en demandar a la empresa o rescindir el contrato? 

—Mire, estimo que sería lo más grave que nos puede pasar como rescindir el contrato, ya que es una obra que está en el 50% de su construcción y tiene crédito BID. Por eso, le reitero que vamos a llevar adelante todas las tareas necesarias a los efectos de lograr la continuidad de los trabajos. Evitando llegar a la judicialización y rescisión de los contratos, porque esa sería una medida del final de toda una tratativa, por lo espero que podamos encontrar una solución previa a esos puntos de decisiones extremas”.