La justicia debate incorporar el principio de femicidio

La violencia de género se ha transformado en una cruzada, ya no solo en el amplio y oscuro campo de los que la ejercen a gusto y placer, sino, y es lo más grave, en los ámbitos donde las instituciones deben funcionar con rigor para erradicarla.

La Justicia, increíblemente, es uno de esos sitios públicos donde más se percibe la reticencia a terminar con la violencia de género en sus múltiples formas, siendo el femicidio un duro ejemplo de lo dicho y el caso de la cruel muerte de la joven Julieta González el estandarte de lo que se analiza.

Allí habrían confluido intereses privados, judiciales y hasta profesionales. Un inmenso lobby para que la calificación de una sentencia no cambie el contenido de ésta y quien fue responsable de la muerte de Julieta no reciba la “pena que tendría que haber recibido”, de acuerdo a los abogados querellantes de la causa.

El juicio por la muerte de la joven se llevó a cabo en los primeros días de julio de 2019, a tres años de que a Julieta le quitaran la vida. El único acusado, con quien la joven habría mantenido relaciones, Andrés Di Césare, fue condenado por el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 (conformado por los jueces Jorge Coussirat, María Alejandra Ratto y Mauricio Javier Juan) a 18 años de prisión bajo la carátula de homicidio simple. Este resultado hizo que inmediatamente la sentencia fuera apelada por la querella y los abogados de la familia de la víctima.

Ahora, a más de dos años del polémico juicio, la Sala II de la Suprema Corte de Justicia revirtió la sentencia de primera instancia y calificó el delito de Di Césare como femicidio, un punto que implicaría prisión perpetua.

La calificación y la sentencia por femicidio no está firme

Desde julio de 2019 hasta los primeros días del 2021, la causa de Julieta mostró de todo. Fundamentalmente lo expresado al principio, el femicidio no es una figura cabal y fuertemente instalada en el accionar de la Justicia mendocina. Esto, incluso, en el acervo de los mismos profesionales del Derecho, a tal punto que, tras una denuncia contra la abogada querellante del caso, Carolina Jacky, el Colegio de Abogados había comenzado un proceso de sanción contra la profesional por el solo hecho de insistir en que se cambie la calificación de la sentencia de homicidio por femicidio.

El nuevo capítulo que abrió la Sala II de la Corte, dando lugar al pedido de la querella de declarar el femicidio sobre la muerte de Julieta, no quedó ahí. Por el contrario, “la sentencia no quedó firme porque los ministros de esa sala –Mario Adaro, José Virgilio Valerio y Omar Palermo– facilitaron el mecanismo de apelación de la defensa de Di Césare.

Eso implica que se debe conformar una nueva Sala en la Corte con otros tres ministros que den por terminada la cuestión. Algo que abre más expectativas, por un lado que confirme la sentencia de homicidio, o por otro, que ratifique el fallo de la Sala 2 de que fue un femicidio.

Todo un tema sobre el que en el ámbito judicial nadie arriesga un dictamen por la inmensa presión que tendría el máximo órgano de Justicia de Mendoza, donde el femicidio quema más de un expediente y dictámenes en carpeta de jueces que puedan tratar casos similares en el futuro.

“Los ministros fallaron con una mirada patriarcal”

Tras el fallo de la Sala II, El Ciudadano dialogó con la abogada de la familia de Julieta González, Carolina Jacky, quien sobre el cambio de calificación de sentencia, dijo: “Este fallo significa que se ganó una batalla, pero no la guerra. La otra parte tiene todavía recursos judiciales que seguramente va a utilizar. De todas maneras y sin minimizar la respuesta de la Corte, es evidente que es un importante paso el que se ha dado, aunque debemos esperar inconvenientes porque no quedó firme”.

Cuando se le preguntó el porqué de los inconvenientes, detalló que “es muy discutible respecto a los votos de los tres ministros sobre cómo eluden y tratan el tema de la relación de pareja. Al respecto, se advierten en los dichos de los fallos de los ministros una mirada patriarcal y machista, algo que se sigue advirtiendo, lamentablemente”.

Y agregó: “Eso implica un muy mal antecedente, ya que rechaza la posibilidad de que la víctima pueda ser escuchada en todas las instancias del proceso. No hay que olvidar que lo primero que hace la Corte, en este caso, es rechazar la casación realizada por la querella, esto es muy mal antecedente”.

Al señalarle toda la aversión que el tema y su accionar como abogada ha tenido en todos estos meses, solo se limitó de expresar: “La gente que me quiere perjudicar por el solo hecho de ejercer como corresponde mi profesión y sostener que el caso de Julieta González, como otros, es femicidio, me tiene sin cuidado. Del mismo modo lo que ha pretendido hacer el Colegio de Abogados. Sobre esto último, solo le digo que debería preocupar a los denunciantes, no a mí”.

“El colegio de abogados debería cerrar definitivamente el sumario contra Jacky”

A propósito de lo que ocurre con el Colegio de Abogados y la denuncia contra la abogada Jacky, El Ciudadano también consultó a su abogado, Carlos Lombardi, quien aclaró que “el fallo de la Corte ratifica el accionar de la doctora Jacky. Alcanza su condición de querellante y también a sus expresiones referidas al proceso penal que ha estado encuadrado dentro de lo que ella ha defendido y milita contra la violencia de género”.

“Por eso este fallo es un elemento muy importante que se suma a todos los demás que se han incorporado a la causa contra el Colegio de Abogados para demostrar en la Justicia que le asiste razón a mi representada”, estimó el profesional.

Para Lombardi, la acción que llevaron el Tribunal de Ética y el Colegio de Abogados debería concluir si se hace el análisis correspondiente para no continuar con un sumario administrativo en donde el máximo Tribunal de la Provincia ha ratificado los dichos o calificaciones de la doctora Jacky. De modo tal se tendría que cerrar inmediato ese sumario y mandarlo al archivo”.