La Justicia de Familia de San Martín en el banquillo de los acusados

La Justicia de Familia del departamento de General San Martín fue puesta en un incómodo lugar luego de que se conocieran tres denuncias, a dos magistradas y a una funcionaria que ahora deberán defenderse legalmente. Las tres funcionarias públicas del Este de Mendoza fueron denunciadas tanto en la Suprema Corte de Justicia local como en la Unidad Fiscal Contravencional de la Ciudad de San Martín.

El caro asunto para la Justicia provincial gira en torno a una causa donde se observa a un padre imputado por amenazas contra su esposa y además por lesiones contra su hijo menor de edad. Donde consta una medida de prohibición de acercamiento del hombre hacia su esposa cuya relación está en trámite de divorcio. 

También donde existen unos audios donde el chico relata como su padre lo intimida con la amenaza de que va a matar a su madre. Otros materiales audibles donde el niño también cuenta como el hombre lo interroga para saber si su madre sale con alguna otra persona. Y una denuncia penal con esas pruebas.

En las acusaciones contra las funcionarias se explica que en enero notificó a la mujer vía WhatsApp respecto al pedido de contacto de su ex con el hijo de ambos y por lo cual fijó una audiencia de conciliación entre los padres.

“Demanda que esta parte contestó, prestando confirmado a esta nueva Justicia digital y se opuso a la audiencia de mediación por estar prohibida por la Ley 26.485”, explicó Carolina Jacky.

Según consta en la causa iniciada, la jueza subrogante del 2do. Juzgado de Familia de San Martín, en feria, Susana Mastromauro, “rechazó la presentación electrónica realizada por esta parte. Informó que el tribunal se manejaba a través del papel y que había que constituir un domicilio legal dentro del radio del juzgado”, recordó.

Ante esto se advirtió que mientras la Justicia notificó por WhatsApp no aceptó que la mujer, víctima de violencia de género, contestara digitalmente. “Esto es una clara discriminación”, consideró la letrada.

“Sin atender ni dar respuesta a la víctima decidió establecer un régimen de comunicación entre el padre y el hijo. Ante estos nuevos hechos de violencia denunciados en sede penal, con intervención del fiscal Oscar Sívori (foto), donde se advirtió una situación de riesgo para el menor y para su madre, se dio intervención a la Dirección de la Mujer de la Corte con el fin de que asistiera a la madre en los trámites a realizar en los Tribunales de Familia de San Martín”, detalló.

Fue entonces que “una vez más”, la Justicia de Familia de ese departamento del Este mendocino, “por intermedio de la secretaria, Silvia Defant, en el tribunal a cargo de María Cecilia Rinaldi, fijaron una audiencia ordenando que concurrieran ambas partes con sus respectivos abogados a una audiencia presencial con su señoría”.

Según Jacky, “la falta de perspectiva de género y de incumplimiento a las convenciones internacional de Cedaw y Belem Do Para, como a la propia Ley Nacional y de orden público, 26.485, colocaron a estas magistradas y a la funcionaria en un grave estado de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

“Citar a las dos partes en un contexto de violencia de género grave, con amenazas de muerte tales como que iba a matar a cuchilladas a la madre de su hijo, debería inhibir a cualquier operador jurídico a citar a la misma hora y en un mismo lugar a ambas partes. Así es como pasan las cosas y después todos se sorprenden. Con esta clase de magistrados y funcionarios puede pasar lo peor”, alertó.

En virtud de todo esto es que fueron denunciadas penalmente las doctoras María Cecilia Rinaldi, Silvia Defant y Susana Martromauro, para que se las investigue por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarias públicas, prevaricado y retardo o denegación de justicia, “lo que la fiscalía correccional entienda que deba corresponder”, señaló.

“También se las ha denunciado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y sería muy importante que el doctor Julio Gómez (foto), ministro coordinador del fuero de Familia, tomara cartas en el asunto, ya que actualmente existen dos magistrados del mismo fuero demandados civilmente por daños en contexto de violencia de género la doctora Marisa Daniela Peralta y el doctor Marcos Krochik, a la que se sumarán las demandas por daños contra las magistradas del Este de Mendoza”, detalló.

En ese sentido la abogada mendocina exigió que “la violencia institucional debe terminar y la forma sería mediante la capacitación en perspectiva y violencia de género. Algo que parece no existir en este fuero. Donde sus magistrados se apegan a un código de procedimientos y a criterios propios o indicados por la superioridad, contrarios al derecho convencional en la materia”.

Ante esto la especialista local en violencia de género advirtió que “Mendoza corre el riesgo de ser condenada también por organismos internacionales por violación a los derechos humanos. Los magistrados son responsables pero también el Estado. Ya es hora de tomar conciencia”.