Histórico paso judicial en Mendoza contra la violencia de género

Fiscales de la Unidad de Violencia de Género e Integridad Sexual de nuestra provincia y el procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, dieron lugar al pedido de una mujer para que en tribunales mendocinos sea atendida su denuncia en un hecho que se habría producido en la provincia de Buenos Aires.

El paso de las fiscalías y la procuración ha producido un acontecimiento histórico en la jurisprudencia local, nacional y de países de la región, por el solo hecho de que siempre las denuncias y las causas se llevan adelante en el lugar donde se producen. 

Aquí, según los abogados que representan a la víctima —Carolina Jacky y Carlos Lombardi–, “tanto las fiscales intervinientes como el titular del Ministerio Público Fiscal tuvieron en cuenta la integridad, seguridad y todas las leyes de la Provincia y la Nación y las convenciones internacionales, como la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CETFDCM, en inglés CEDAW), que le asisten a la mujer denunciante”.

Los hechos se habrían producido en una importante ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde vivían víctima y el denunciado. Ambos, cuyos datos de identidad no damos por preservar la integridad e intimidad de la mujer y actuaciones de la Justicia, tienen vinculación profesional con un importante organismo castrense del Estado nacional, que según se supo, también habría intervenido en la causa.

Tras los episodios la mujer habría logrado el pase a Mendoza, de donde es oriunda y está su familia, para posteriormente, acompañada por sus abogados, radicar la denuncia correspondiente.

La respuesta del Poder Judicial mendocino se inscribiría como trascendente y ejemplificadora en el país, teniendo en cuenta que en múltiples casos similares en que las mujeres denuncian violencia de género, las cosas no habrían salido bien. 

O porque la Justicia de ese lugar no actuó como correspondía, o porque las víctimas no fueron protegidas, y en muchos casos, hasta habrían perdido la vida. 

Muchas de esas mujeres se vieron expuestas, obligadas por repercusiones de los hechos o las distancias que tuvieron que cubrir para denunciar, como en el caso Fardin–Darthes o en el de la sobrina que denunció a su tío, el senador nacional José Alperovich. 

Pero los funcionarios del Poder Judicial de Mendoza mostraron la real interpretación de la denominada ‘Ley Micaela’.

Ante este caso, El Ciudadano tomó contacto con los asesores jurídicos de la víctima, la abogada Carolina Jacky y quien asiste directamente a la familia de la mujer, el abogado Carlos Lombardi.

Ante la pregunta sobre el hecho, Jacky respondió: “Estamos ante un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido por la pareja de una mujer, que tienen características muy especiales. Por una parte, porque en la intimidad del abuso sexual produjo dolorosas lastimaduras en la espalda de la mujer al morderla con fuerza, y por otro lado, porque el hecho se produjo en otra jurisdicción que no es Mendoza, porque ocurrió en la provincia de Buenos Aires”.

—Y entonces, ¿por qué denuncia el hecho aquí?

—La mujer vino a Mendoza porque aquí está toda su familia. Por lo tanto, asumió esa actitud como medida de protección y se instaló en la provincia. Al hombre se le dictó la respectiva prohibición de acercamiento allá en Buenos Aires y también acá en los Tribunales de Familia de Mendoza. De esa manera se cierra el circuito logrando así la protección de la mujer.

—Pero tengo entendido que el o los procedimientos judiciales se hacen en el sitio donde se produjeron los hechos...

—Mire, en cualquier caso, o en todos los casos, la denuncia se hace en el lugar del hecho. Así es como en casos resonantes, como la actriz Thelma Fardin tuvo que hacer la denuncia en Nicaragua contra Juan Darthes O el caso de la sobrina de Alperovich, que tuvo que hacer la denuncia en Tucumán. Acá nos encontramos con un tema delicado, que ocurre con todas las víctimas, que es ir a la ciudad donde ocurrió el hecho para radicar la denuncia. Entonces, mi defendida debía ir a la provincia de Buenos Aires para hacerlo, con los riesgos consiguientes, sin la protección debida y no siendo su centro de vida la ciudad donde pasaron los hechos. Por lo que planteamos la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de la ciudad de Mendoza.

Un histórico precedente en la jurisprudencia de Mendoza

—¿Qué hicieron las fiscales para tratar de que el caso quede aquí?

—Obviamente que el caso excedía la atribución que tiene la fiscal de la Unidad y también a la titular que controla las fiscalías de Violencia de Género y de Integridad Sexual. Por lo tanto, ambas decidieron pasar la causa a la Procuración de la Corte, en un caso y un paso que no se había dado en la historia de la jurisprudencia de la provincia y del país.

—¿Qué herramientas legales se utilizaron?

—El planteo se hizo en base a normas convencionales, invocando  Recomendación 33 de la Conversación CEDAW y con la argumentación en base a la Ley de Violencia de Genero 26.485 y todas las normas que protegen a la mujer. Con todo eso, el doctor Alejandro Gullé, procurador de la Suprema Corte de Justicia, hizo una correcta interpretación de todas estas normas y dictaminó ordenándole a la fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género que se haga cargo de investigar la causa.

—Este un paso que no se había dado en Mendoza ni ninguna otra parte del país…

—Por supuesto, usted lo ha dicho: marca un procedimiento histórico que abre antecedentes fundamentales para todas las víctimas de violencia de género. No sólo en la República Argentina, sino en todos los países que tengan firmada la convención CEDAW, que podrían estar aplicando esto, cuál es, que la víctima elige la jurisdicción; esto es lo importante y trascendente.

—¿Qué queda ahora? 

—Ahora, el proceso está en todas las etapas periciales correspondientes. La fiscal en la causa ha comenzado a tomar testimoniales y seguramente citará en cualquier momento al denunciado. 

“Ahí la fiscal denunciante tomará la medida que corresponda, es decir imputarlo o detenerlo; en fin, medidas que están en sus atribuciones. Todo un proceso que se dará en la ciudad de Mendoza, con la absoluta tranquilidad de la víctima”, aseguró Jacky.