Hay preocupación por varios casos de abuso sexual en escuelas mendocinas
En los últimos meses han crecido las denuncias por este tipo de hechos ocurridos en establecimientos educativos, los que ponen en riesgo la vida de los alumnos. El rol de la DGE es clave para darles contención a los padres y encauzar las investigaciones que correspondan
La escuela es, para muchos niños, como su segunda casa, ese lugar donde además de aprender contenidos, se sienten parte de una comunidad en la que conviven casi todos los días.
Es por ello que la institución educativa tiene que ser un ambiente sano y libre de situaciones extrañas que puedan perturbar la vida de un nene o de un adolescente, éste en el caso de que concurra a un colegio secundario.
Este año, en Mendoza, el regreso a la presencialidad –luego de varios meses de estudiar en la casa frente a una computadora, tablet o celular–, fue algo importante para cualquier alumno y, sobre todo, algo anhelado por el tiempo de encierro por la pandemia de COVID-19.
Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, los niños/as esbozaban una sonrisa al volver al aula, y otra vez mantener contacto con el maestro o con sus compañeros. Pero, dentro de este año semi pandémico, por llamarlo de alguna forma, en nuestra provincia pasaron cosas que no están buenas, como son las denuncias por presuntos abusos que habrían cometido algunos celadores o docentes.
En algunas instituciones de distintos departamentos proliferaron estas acusaciones que no solo enervaron la piel de algunos padres, sino que, además, pusieron en alerta al sistema educativo.
Denuncias de casos
En la última semana, dos escuelas mendocinas fueron escenario de denuncias por presuntos abusos sexuales a alumnas de ambas instituciones. En el primer hecho, padres de la escuela primaria Ricardo Rojas, ubicada en la Cuarta Sección de Ciudad, denunciaron a un profesor de Música por haber ‘tocado’ a las niñas durante las clases.
Y a días de esta gravísima acusación se conoció el caso del colegio secundario Santa Teresita, de Guaymallén, donde un docente del área de Catequesis fue denunciado por hechos similares.
Para manifestarse y pedir que se investigue lo que este educador habría cometido con las alumnas, estudiantes de esa institución realizaron una sentada fuera de la ella.
En tanto, en junio de este año en la escuela Juan Gregorio Las Heras, del departamento homónimo, también hubo denuncias por abuso sexual hacia el director y una secretaria, quien habría actuado como cómplice.
No fueron los únicos casos, dado que en octubre último padres de alumnos que concurren a la escuela Guillermo Cano, de Guaymallén, denunciaron a un docente por un presunto abuso sexual. En este caso, fue detenido el profesor de Matemáticas, que ya en 2015 habría sido condenado por un delito similar.
Otro caso que tomó estado público en los últimos días es uno que habría ocurrido en la escuela primaria Beatriz Falcitelli, de Ciudad, donde un celador fue denunciado por abuso contra varias niñas en situaciones que se vieron obligadas a vivir entre 2019 y la mitad de este año.
Pasos a seguir
Para enfrentar esta compleja situación, la Dirección General de Escuelas cuenta con un protocolo de acción denominado ‘Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas de Nivel Inicial y Primario', y otro similar para el Secundario.
En ella se hace referencia a los derechos del niño y adolescente a la obligación del Estado de protegerlos contra cualquier forma de abuso sexual, malos tratos o explotación, y establecer formas de prevención e investigación, incluso la intervención judicial.
De acuerdo a lo indicado en la guía, en un caso de esta naturaleza deben ser llamados el padre, la madre o el representante legal del niño o adolescente para informarles lo acontecido.
Además, se debe llamar al sistema de emergencia de salud, sea público o privado, para que el médico evalúe el riesgo de la situación del niño o adolescente.
En el caso de que el médico considere necesario trasladar al alumno o alumna a un centro de salud, deberá ir acompañado por los padres, un miembro del equipo directivo o un docente.
También, el equipo directivo de la escuela debe orientar a los padres a realizar la denuncia en la Fiscalía correspondiente al lugar donde se hubiera cometido el supuesto hecho.
En cuanto al agente involucrado, se le debe otorgar un plazo de cinco días para que el agente realice su descargo, y una vez vencido, se debe elevar las actuaciones según la línea jerárquica.
Se tiene que dejar constancia de la situación a través de un acta de la escuela y también dar intervención al equipo interdisciplinario o equipo técnico de educación especial para realizar un seguimiento del caso.