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Gustavo Villegas: “Debemos ser eficientes en todos los usos del agua”

El exlegislador provincial analizó la situación que se da a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que deben llegar 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con La Pampa

20 de julio, 2020 - 07:25

El conflicto interprovincial por el río Atuel parece haber encontrado un principio de solución con el reciente fallo del máximo tribunal nacional, que estableció la cuota que debe entregar nuestra provincia a la vecina, a partir también de una serie de obras que deben ser encaradas en forma conjunta y con la intervención del Estado nacional.

Uno de los especialistas con que cuenta Mendoza, quien además fue diputado provincial, es Gustavo Villegas. Actualmente es consejero para el río Atuel en el Departamento General de Irrigación, y también es autor de un libro llamado Lamento del río Atuel, y analizó la situación en diálogo con CNN Radio Mendoza. “No sería una solución definitiva del conflicto”, afirmó, “porque si bien la primera sentencia de la Corte de esta última demanda de La Pampa tiene que ver con la recomposición del ambiente natural pampeano, lo que exige –y va a exigir, que también está en el articulado de esta última sentencia- es un monitoreo permanente para ver cómo se ese ambiente natural, y en este caudal mínimo fijado por la Corte Suprema, esto va a llevar un tiempo”.

Pero, si bien no la consideró definitiva, resaltó: “Sí es el principio de un acuerdo importante, donde la provincia de Mendoza pudo dar vuelta un fallo que le había sido muy negativo en un principio, tal es así que el reclamo de La Pampa era en tres etapas, solicitando entre 12 y 14 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y su provincia”.

Teniendo en cuenta que nuestra provincia había ofrecido un caudal sensiblemente menor al que decidió la Corte Suprema, no parece haber salido gananciosa. Pero Villegas agregó: “¿En qué Mendoza pudo revertir este fallo?, en que en este articulado en particular la Nación hace una referencia importante a que ese caudal se debe lograr a través de obras, y esas obras son las propuestas por nuestra provincia y las que acompaña la nación, cosa que fortalece la posición mendocina frente a la corte, y que ratifica lo que nosotros veníamos diciendo: que no hay agua, que no tenemos agua para poder entregar. Si bien reconocemos y queremos cumplir con la sentencia de la Corte, lo real es que no tienen agua nuestros productores”.

 

La autoridad del agua en Mendoza

Los temas del agua en la provincia siempre son complejos. A diferencia del resto, tiene una organización institucional del tema que es única, y que el entrevistado explicó con claridad: “El Departamento General de Irrigación es autónomo y autárquico. También lo son los denominados consorcios de regantes, que para la ley son inspecciones de cauces, donde los regantes agrupados eligen su propio inspector, su propia autoridad. Aprueban un presupuesto y después controlan ese presupuesto, en cuanto a la ejecución”.

Villegas agregó: “El DGI no recibe fondos extra del Gobierno, sino que lo puede recibir como créditos internacionales o nacionales, y se compone de tres poderes. Uno ejecutivo que es el superintendente, y su función primordial de administración del recurso y su poder de policía. Un tribunal administrativo conformado por cinco consejeros, uno por cada río aprovechable de la provincia, que su función es lo administrativo, lo que tiene que ver con los controles de las inspecciones de cauce, los movimientos de dinero, cambios de partida, y designación de personal. Además, los inspectores solos de cauce, conforman el honorable concejo de apelaciones, porque los temas de agua no pueden ir a la justicia ordinaria. De ahí para dirimir los conflictos solo queda como instancia la Suprema Corte de la Provincia, como el órgano máximo”.

Cada uno de los consejeros son propuestos por el Gobernador, votados con simple mayoría en el Senado provincial, estando en su cargo por el término de cinco años, y solo pueden ser removidos por juicio político.

Este encuadramiento nace casi un siglo y medio atrás: “El antecedente importante que tiene la provincia de Mendoza, y en el cual ha fundado todas las bases de la administración del recurso hídrico es la Ley General de Aguas de 1884”, puntualizó el especialista. “Mendoza tiene una visión totalmente diferente sobre el agua y sobre los ríos, porque para nosotros el agua es fuerza de trabajo, es el elemento primordial de nuestra producción. Solo tenemos como superficie cultivada el 5% del territorio. Nuestros inmigrantes y los habitantes primitivos ya realizaban mejoras e investigaciones sobre los cauces para poder lograr una utilización en sus plantaciones”.

Luego agregó: “Cuando la reforma constitucional de 1994 elevó el nivel de los derechos ambientales cambió el concepto, y desde ese momento la visión homocéntrica que tenía la jurisprudencia y las leyes argentinas, pasó a dejar el hombre para tomar una visión ecocéntrica, para que el ambiente sea el centro, y Mendoza pudo avanzar y podemos reconocer la recomposición del ambiente”.

 

Las obras

También respondió acerca de cuáles serán las obras a encararse, a partir del fallo, para poder cumplir con lo que postula la sentencia: “Es un plan de obras propuestas por Mendoza en tres etapas: inmediato, a mediano y a largo plazo. En forma inmediata incluye unas obras directas sobre el río Atuel tendientes a aumentar la oferta, concretamente la realización de aproximadamente 50 pozos sobre la cuenca alta del río, en el departamento de San Rafael, que podrían garantizar el escurrimiento de 1,2 o 1,3 metros cúbicos para que el agua no se corte y pueda ingresar a territorio pampeano”.

En simultáneo, aclaró que “también se harán obras de impermeabilización rápida, y una muy ambiciosa que es la impermeabilización de más de 100 kilómetros entre la última localidad irrigada de Mendoza, que es Carmensa, y el puente Los Vinchuqueros, que es el límite entre las dos provincias, donde la corte dictaminó que deben en forma permanente estar escurriendo 3,6 metros cúbicos por segundo”.

Y posteriormente señaló: “La obra a largo plazo, que también la Nación está de acuerdo, es sin dudas Portezuelo del Viento y el trasvase del río Grande al Atuel. Es un plan a 15 años como mínimo el que planteó Mendoza, y todo depende del financiamiento”.

Para Villegas, “el cambio climático es una nueva normalidad que no sabemos cuándo termina y hasta cuándo estará afectando. Este año, con las fuertes nevadas, nos hace dudar si será un ciclo, habremos terminado un ciclo seco, o será un evento excepcional por alguna otra condición y continuaremos en crisis”. Por eso, concluyó que “esa incertidumbre hace que debamos ser eficientes en todos los usos del agua”.