Denuncian un “colapso judicial” en la provincia de Mendoza
Muchos expedientes siguen esperando una resolución acorde con los tiempos de las víctimas de violencia de género.
Mientras celebramos la determinación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en su avance hacia la digitalización, gracias a la gestión del ministro Mario Adaro con el convenio logrado con Amazon, mucho tiempo se debe perder con el estado actual de los procesos.
En el mientras tanto, los trámites son cada vez más lentos y engorrosos a tal punto de que, según denuncia la abogada Carolina Jacky, hoy una víctima de violencia de género de armarse de una gran paciencia en la búsqueda de justicia.
Es que la decisión de recortar los nombramientos de los empleados en el Poder Judicial, especialmente en el Ministerio Público Fiscal, política que viene siendo llevada adelante en los últimos 5 años, ha producido de que actualmente “tengamos más caciques que indios”, define.
Según la letrada “la imagen lo ilustra todo”. Y el comentario hace foco en dos Unidades Fiscales sensibles como la de Violencia de Género y la de Integridad Sexual: “Esos dos organismos con la prueba más contundente de que hoy la Justicia no está actuando con la debida diligencia”.
A nadie le escapa la realidad de que las víctimas deben esperar horas para ser atendidas. “Más protección tiene un cliente bancario protegido por la Ley de Defensa del Consumidor que una mujer víctima de violencia de género o menores víctimas de abusos”.
La especialista en derechos de la mujer, niños y adolescentes que tanto viene valorando los esfuerzos por el máximo tribunal provincial en el camino encarado hacia lo que celebra como “el expediente digital”, en tanto se queja: “Las causas se acumulan, no faltan caciques, sino lo que faltan son indios para gestionar en papel o digitalmente las causas”. Así lo había anunciado Dalmiro Garay quien aseguró que desde el 1 de agosto de 2021 que todos los expedientes serán totalmente electrónicos.
“Sufrimos con las grandes demoras que debemos soportar para hacer ingresar las causas al sistema digital del Ministerio Fiscal”, define. Y carga tintas respecto a la “falta de respuesta a los escritos presentados por los profesionales”.
También ofrece un ejemplo claro: “Para aquél o aquella que no tenga asistencia jurídica privada, los tiempos pueden ser eternos”.
“La excusa es el presupuesto, pero se olvidan que una de las obligaciones del Estado es brindar Justicia, algo que día a día se está deteriorando”, denuncia.
Pero en este estado de situación alguien debe recibir las denuncias y atender a las víctimas.
“Esto nada tiene que ver con lo digital, no todas las víctimas pueden acceder en forma virtual, aunque aun así hay grandes demoras, de meses, en dar respuesta, y los expedientes duermen por falta de mano de obra”, apunta Jacky.
Claramente el Estado es el responsable, “esto se llama revictimización, y esto genera daños, y estos se deben reparar”.
“Como son temas de derechos humanos, parece que el Estado provincial está esperando tener una sanción internacional para dar respuesta, y seguramente quejarse de los millones de dólares que deberá pagar para reparar todos esos daños”, asegura.