Denuncian que les cobran canon de riego en parcelas incultas
Vecinos de San Carlos se sienten afectados por intimaciones de Irrigación para que cancelen deudas que, aseguran, no les corresponden. El organismo afirma que el cobro “es legal”
Desde hace tiempo se rumoreaba en los tres departamentos del Valle de Uco que llegaban a distintas familias boletas de pago de riego rural emitidas por el Departamento General de Irrigación (DGI), sobre parcelas de terrenos incultos y que, por lo tanto, nunca habrían recibido es beneficio hídrico.
Los rumores se efectivizaron cuando dos humildes vecinos del departamento de San Carlos recibieron sendas intimaciones por falta de pago del canon de riego en propiedades incultas de su propiedad, lo que habría originado importantes deudas. Todo un tema en el que el desconocimiento de la existencia de la deuda es el factor clave para comenzar a deshilvanar el ovillo de confusiones que existirían al respecto.
Las personas damnificadas se dirigieron a la delegación del Río Tunuyán Superior a pedir explicaciones sobre lo que significaba una acumulación de deuda estimada en $40 mil por cada terreno en cuestión. Una vez allí supieron que esa deuda es real y que debía abonarse con planes que se le indicaron, además de señalarles que cualquier vecino en el departamento de San Carlos con campos, cultivados o no, integran un registro de riego rural con un canon específico a pagar.
Ante las respuestas que recibieron los vecinos, sobre todo aquella que les indicaba que la deuda es real y hay que abonarla, buscaron el patrocinio jurídico del abogado penalista Daniel Álvarez para contrarrestar lo que para ellos era injusto, “abonar por un servicio que nunca utilizaron y la negativa de sacarlos de los registros del organismo”, como ellos habrían interpretado.
El profesional habló con este medio y expresó al respecto: “Recibí el caso de estas dos personas que nunca fueron regantes, sin embargo Irrigación les facturó un servicio que nunca les prestó”.
Al preguntarle el lapso de tiempo en que esto ocurrió, respondió que “fue durante dos años y les generó a mis defendidos una deuda aproximada de $80 mil. Monto que abonaron, de acuerdo con lo que ellos me detallaron, pero cuando solicitaron la baja del Irrigación, se les habría negado”.
“Esto se llama abuso, porque no otorgarles la baja como ellos pidieron es mantenerlos cautivos. Le aclaro que la negativa o las trabas para dársela, se traducen en una serie de imposiciones, como colocar un medidor de agua potable en lotes que son totalmente incultos. Esto nos hizo subir a las redes sociales un video advirtiendo a la gente en el Valle de Uco lo que está ocurriendo y señalarles que podrían estar siendo estafados todos los regantes”, consideró el abogado.
Al consultarle por qué considera que esto estaría ocurriendo, contestó tajante: “Cuando usted observe los abultados emolumentos que reciben quienes integran esta delegación de Irrigación tendrá respuestas”.
“El procedimiento es legal”
El subdelegado del Río Tunuyán Superior, Gabriel Testa, atendió a El Ciudadano para hablar del urticante tema. Al respecto, aseguró que Irrigación “no comete ningún delito y solo se ciñe a lo que indican las leyes y las resoluciones vigentes”. Y agregó que “el Departamento General de Irrigación no está cobrando nada indebido a estas dos personas del departamento de San Carlos”.
En cuanto al interrogante de cómo interpreta las denuncias, dijo que “estos vecinos presentan en sus terrenos derechos de riego por los cuales están empadronados en la Inspección Canal Matriz Valle de Uco, que pertenece a la Subdelegación del Río Tunuyán Superior. Toda persona empadronada debe pagar un canon fijo, más allá de que utilice o no el riego. Por lo tanto, la deuda que se les exhibió existe”.
La otra consulta fue en torno a la negativa del organismo de negarles la baja del padrón, sobre lo que aclaró que “cuando las personas se presentaron a pedir explicaciones, desde la Subdelegación se les aclaró todo y se les entregó las dos resoluciones por las cuales ellos tienen que completar los datos y acceder a la solicitud de la baja del servicio. Estas resoluciones son las 511 y las 334 del DGI, en plena vigencia”.
“No existió ni existe ninguna traba para ellos o para cualquier regante que solicite la baja. Lo del medidor para agua potable está plasmado en nuevas resoluciones que emitió Irrigación. Esto es porque en otras regiones de la provincia sucedió que al darle de baja del padrón del DGI, comenzaron a utilizar el agua potable para regar plantas y cultivos”, explicó Testa.
“Usted entenderá que los costos para regar con agua no tratada son totalmente distintos y más abultados que los que se requieren para potabilización del agua para consumo humano. Por eso se dispuso que todo regante que pida la baja en su predio coloque un medidor para el servicio de agua potable”, detalló el funcionario.
Finalmente, y ante la consulta sobre si recibieron alguna citación de la Justicia por este caso, respondió: “No, hasta ahora no recibimos ningún tipo de notificación. Incluso no se habló del tema cuando el abogado Álvarez estuvo en la Delegación, donde solo se le respondió del caso puntal de estas personas con todos los detalles y procedimientos”.