|29/11/21 07:40 AM

Denuncia por presunto maltrato a menores a cargo de una entidad del Estado

Todo habría ocurrido en las dependencias de un hogar de la Dirección General de Protección, ex DINAF, ubicado en Lunlunta 

29 de noviembre, 2021 - 07:43

Un hecho de extrema gravedad se habría producido en dependencias de un hogar de la Dirección General de Protección (DGP ex DINAF) ubicado en Lunlunta. Se trataría de denuncias sobre maltrato físico y psicológico que habrían sufrido menores que están bajo la tutela del Estado.

El fiscal Lauro Monticone, con su personal está abocado a la etapa de testimoniales y las pericias necesarias que implicaría esta causa con diferentes aristas: maltrato infantil, incumplimiento a la Ley de Niñez, incumplimiento al deber de cuidado y guarda que tiene el Estado con respecto a los menores, según un expediente que formó rápidamente varios cuerpos antes de ser elevado al juez que entenderá en la causa.

El hogar señalado funciona desde hace doce años y está ubicado en un gran predio de propiedad de la organización católica Comunidad de Vida Cristiana (funciona en todo el mundo bajo los preceptos de San Ignacio de Loyola) en Maza y Azcuénaga (Lunlunta).

En el predio, de cinco hectáreas, también funcionan tres establecimientos de educación secundaria y una escuela de fútbol, donde concurren niñas, niños y adolescentes de la zona que interrelacionaban actividades con los niños del hogar de la DGP. Estos últimos, con vidas individuales muy difíciles y que la Justicia considera que no tienen posibilidades de integrarse a sus familias. 

La historia, que desemboca con la grave denuncia, se habría iniciado hace algunos años. Recién en octubre, Fabián Garro, entrenador de la escuela de fútbol, hace un pormenorizado informe de audios, videos y fotos con niños del hogar que habrían recibido severas palizas. El hombre, quien también alguna vez habría pasado por un hogar similar y conocedor de lo que sucede en esos lugares, se presenta ante la comisión de la Comunidad de Vida Cristiana y entrega todo el material, esta a la vez habría pedido inmediata audiencia con autoridades de la provincia para hablar del caso.

 

“Los chicos mostraron hematomas en el abdomen por castigos recibidos con cinturones”

El Ciudadano, que tomo conocimiento del hecho, se contactó con todos los involucrados. El primero fue el ingeniero Jorge Gassull, quien llevó adelante la denuncia por parte de la organización católica, en cuyo predio funciona el hogar. También lo hizo como querellante particular, ante la gravedad que tomaron los acontecimientos a penas salió el tema a la luz.

 

Denunciante Jorge Gassull.

 

Al respecto, el hombre expresó: “Es inaceptable lo que ha pasado con esos niños que necesitan del Estado y su protección. Un Estado que utiliza de operadores a personas sin experiencia y capacitación, por lo visto, tampoco rasgos humanos para tratar niños, que van desde los 4 a los 17 años”.

“Cuando tomamos conocimiento de esto, hicimos todos los contactos con el Estado y la primera reacción nos conmovió a todos. Lo primero que hicieron fue desmantelar el hogar, enviando a los chicos a otros hogares de la DGP y licenciar al personal. El procedimiento fue tan rápido que solo sacaron a los niños y al personal y dejaron el hogar como si huyeran de algo. Allí quedaron ropas, camas, televisores, comida, artefactos eléctricos de cocina y todo el mobiliario, todo, intacto y detenido en el tiempo. Algo que figura en el expediente judicial, porque con el fiscal y peritos de la fiscalía hicimos inmediata inspección”.

Consultado sobre los pasos que están siguiendo, dijo: “Todos los que nos indica nuestra asesora legal. No tocaremos un solo elemento y las instalaciones del hogar quedarán así, hasta que la Justicia diga lo que podemos hacer, porque ese edificio está en nuestra propiedad. Por otro lado, espero mucho de la Justicia, por esos niños quienes perdieron todo contacto con los chicos con los que estudiaban allí, con los que jugaban al fútbol en la escuelita y con los padrinos que la ley les permitía poder compartir días y paseos. Todo eso se terminó por decisión de las autoridades que están siendo investigadas por la justicia penal”.

“Esto es muy duro para nosotros. Tengo guardado en mi memoria esas crueles imágenes de castigos y el audio de esos chicos pidiendo que se los saque de allí”, destacó apesadumbrado Gassull.

 

Los menores fueron revisados por el cuerpo médico forense y se les tomará testimonial por el método de Cámara Gesell

El Ciudadano también tomó contacto con la abogada que representa a Gassul y a la entidad religiosa, Elsa Zapata. Al detallar las denuncias, explicó: “Se realizaron dos denuncias, una administrativa ente el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, para que investigue al personal denunciado. La otra penal, ante la fiscalía del doctor Lauro Monticone. Esta denuncia contiene los puntos de maltrato infantil, incumplimiento a la Ley de Niñez y al incumplimiento del Estado de la guarda de menores”.

“Destaco que la unidad fiscal dispuso el método de Cámara Gesell, para que declaren los menores como prevé el Código de Procedimiento Penal, excepto uno de los chicos que cumplió 18 años que pasaría a testimoniar como adulto”, agregó la profesional.

Cuando se le consultó sobre cómo quedaría configurada la carátula de la causa, expuso: “La denuncia, en principio, es por lesiones. Es seguro que se agreguen incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad. Esto último, porque el funcionario acá, mediante castigos, somete a los menores para lograr alguna conducta excediendo sus facultades de guarda y custodia. En cualquiera de los casos, si la Justicia aprueba la abultada documentación aportada por la querella y las testimoniales de los menores, una vez la causa elevada a juicio, cabrían pesadas condenas e inhabilitaciones para cubrir cargos públicos”.

 

Desde la administración pública, por ahora solo silencio

Nuestro diario tomó en exclusiva este asunto que levantó revuelo, tanto en la provincia como en Maipú. Al reunir toda la documentación necesaria a partir de la grave denuncia, estuvimos en contacto con los voceros de prensa del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Desde allí, nos informaron que “las autoridades de las áreas involucradas estaban en conocimiento y que hablarían una vez que avance un poco más la causa y sean notificados por la Fiscalía de cada paso dado”.

Nuestra insistencia se profundizó cuando recibimos algunas pruebas fotográficas que obran en poder de la fiscalía interviniente, donde se ve el Estado en el que quedó el hogar que, coincide con lo expresado en la denuncia de la organización religiosa. En ese caso, desde la cartera de Salud, se ciñeron en la reiteración “la postura es hablar más adelante, cuando termine la etapa de testimoniales y declaraciones”.
 

TAGS