Cuestionan sanción eclesiástica a un cura involucrado en una causa judicial

La causa del Cristo Orante, es otro duro aspecto por lo que tiene que atravesar la Iglesia Católica mendocina, después de todo el peso que implica el caso Próvolo. Este último, con un tercer juicio en puerta, demorado por la pandemia del COVID—19 como todo el andamiaje judicial de la provincia.

Lo cierto, es que por estos días desde el Arzobispado local se emitió un comunicado en el que se informaba la conclusión de un proceso canónico iniciado contra el presbítero Jorge Oscar Portillo (65). El mismo concluía que el cura perteneciente a la Fraternidad Monástica del Cristo Orante “es responsable por el delito canónico de abuso de conciencia”.

El pronunciamiento indicaba más adelante la sanción que la Iglesia le impuso a Portillo. Detallándose que “se le prohíbe por cinco años celebrar misas u otras actividades sacramentales, el derecho a confesión, por ejemplo. También, dice el Arzobispado, el ejercicio del ministerio de la palabra en cualquiera de sus formas, cursos, conferencias o charlas doctrinales o catequísticas; acompañamiento de procesos vocacionales. Además, de prohibición de desempeñar cargos en la Iglesia e instituciones ligadas a ella. En definitiva, la prohibición absoluta del ejercicio en cualquier forma en ámbitos de la iglesia”. 

La comunicación concluye textualmente sobre “el compromiso con el doloroso pero imprescindible camino de la verdad y la justicia en la Iglesia. Profundizando la dimensión preventiva respecto de cualquier tipo de abuso en nuestras estructuras, actividades y servicios, así como el cuidado de toda persona vulnerable”.

Ahora bien, esta misiva despertó inmediata reacción de una víctima del sacerdote señalado, quien junto a otro cura, Diego de Jesús Roque (52) estarían involucrados e imputados por abusos sexuales en el monasterio Cristo Orante, ubicado en la zona de Gualtallary, departamento Tupungato. Pesada causa donde la Iglesia mendocina está demandada por hechos denunciados que habrían ocurrido entre 2009 y 2015, cuando la víctima y denunciante era menor de edad. La causa está en etapa de elevación a juicio y los imputados con prisión domiciliaria.

El tema para la defensa de la víctima es que el pronunciamiento de la Iglesia Católica mendocina no habla de la causa Cristo Orante, ni de otra. Por lo que la duda radica en qué contexto fue sancionado el cura Jorge Oscar Castillo. Sobre esto último, para los abogados, que tienen tantas dudas como sospechas, es importante saber el trasfondo del comunicado, ya que preparan presentaciones que realizarán ante el fuero penal donde se instruyó la causa de Gualtallary.

El comunicado del Arzobispado es una señal confusa

Profundizando el tema, El Ciudadano entrevistó al abogado penalista Carlos Lombardi, quien representa a la víctima del caso Cristo Orante. Se le preguntó sobre el comunicado de la Iglesia Católica local y respondió: “Nos llama la atención la señal dada en los últimos días por el Arzobispado de Mendoza con la imposición de una sanción a uno de los involucrados en el caso Cristo Orante, de acuerdo con la denuncia que oportunamente hizo mi representado".

—¿Solo a uno?

—Sí, es el cura Óscar Portillo, quien, según la Iglesia Católica mendocina, se le ha impuesto una sanción, como refleja el comunicado a la opinión pública. Lo que nosotros observamos es si esa señal se refiere a la causa de Cristo Orante propiamente dicha o si se refiere a otra causa.

—¿Tienen dudas o sospechas?

—Mire, nosotros entendemos, aunque no lo tenemos confirmado, que este comunicado no referiría a la causa de Cristo Orante, sino a otra causa. Pensamos y esperamos que sea así, que sería otra denuncia que se presentó en sede eclesiástica contra el cura Portillo.

—Ante esto, ¿qué pasos han dado?

—Lo primero que hemos realizado, es evaluar la pertinencia de esta señal que da la Iglesia y si en la misma se involucra a nuestro representado. Por supuesto, si esto tiene relación directa con las actuaciones penales y civiles que hemos encarado en sede judicial del Valle de Uco.

—¿Harán presentaciones ante tribunales de Tunuyán?

—Sí, por supuesto que luego estaremos ante sede judicial para hacer las presentaciones correspondientes y nos pondremos a disposición del juez interviniente. Es en ese ámbito donde se debe aclarar todo, una vez que la Justicia asuma acciones sobre este comunicado. 

—¿Buscan revertir el comunicado del Arzobispado?

—No podemos hablar de revertir de comprobarse oscuras irregularidades en el comunicado. Porque, revertir una sanción. a nosotros no nos parece lo más adecuado, ya que justamente es un elemento que nos sirve a nosotros para decirle a la Justicia sobre la culpabilidad o probar la culpabilidad.

—Entonces, ¿qué debería suceder?

—Me parece que lo que el Arzobispado tiene que hacer es comunicar a la opinión pública, conforme a las propias normas que les ordene el Vaticano y el Papa argentino, es decir, comunicar e informar las razones y fundamentos por los cuales se le dio al cura Portillo la sanción que se aplica. Lo segundo, aclarar a qué causa corresponde esa sanción, si es la causa de mi representado o si corresponde a otra denuncia presentada por otra persona”.