Crece el escándalo por una maestra con obesidad a la que no le permiten dar clase

Hace mucho ruido en la docencia mendocina el caso de Laura Angélica Martínez, una maestra del Valle de Uco a la que la Oficina de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas (DGE) no le extendió el certificado psicofísico que le permitiría ejercer su tarea de educar bajo el argumento que está excedida de peso y, acto seguido, se emitió una resolución de cesantía de la docente.

Ante esta situación y las negativas que Martínez encontró como respuesta en recursos internos donde concurrió para apelarlo que consideró un “verdadero abuso”, la educadora presentó una demanda contra sistema educativo público y la Justicia, a través de la jueza en lo civil Fabiana Martinelli, emitió un contundente fallo donde la DGE deberá pagar alrededor de $1.350.000 ante “una violencia institucional por discriminación”.

El caso fue tomado por la abogada penalista y de violencia de género Carolina Jacky, quien al ser consultada por nuestro diario sobre el asunto, dijo: “Esto es muy grave. Se ha discriminado a una docente, y le aclaro que no es la única. Por eso, al solicitar la intervención de la Justicia para detener la cesantía y resaltarla violencia institucional por discriminación, titulé al amparo como ‘cuestión de peso’”.

El fallo de la jueza Martinelli se ampara en la Ley 26.485, “por eso la medida también detiene el proceso de cesantía. Es inconcebible que esto suceda, (porque) es hacer una selección de flacos para educar, mientras a los gordos no se les permite estar frente a los alumnos. Por eso me pregunto si la capacidad intelectual de formar y educar se mide por la talla o por el peso corporal. Le repito, esto es muy grave; raya, incluso, hasta en violencia de género”, destacó la profesional con énfasis.

“La DGE no discriminó a la docente”

La DGE se tomó su tiempo para responder el caso, y casi al filo de los plazos para apelar el fallo de la jueza Martinelli hizo su presentación bajo los argumentos que detalló a nuestro diario el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Sebastián Boulin. “La sentencia de la jueza no es por violencia de género o discriminación”, consideró el profesional.

Cuando se le preguntó por qué es el fallo entonces, respondió que “es por daños y perjuicios, donde a la DGE se la condena a pagar una indemnización porque la jueza entiende que ha producido un perjuicio a la trabajadora. Pero esto no es así”.

“En nuestra apelación dejamos claro que no se ha discriminado a la docente como señala el fallo. Nuestra postura tiene basamentos científicos, porque la trabajadora sufre obesidad mórbida y existe una ley que regula su tratamiento, con una serie de beneficios y también sus limitaciones”.

Y agregó: “Es allí donde las médicas del servicio médico de la DGE entendieron que esta persona no estaba en condiciones de realizar el trabajo para el cual se quería postular. O bien porque se afectaría la salud de la trabajadora o para cumplir el trabajo que ella pretendía”, argumentó el abogado.

Lo llamativo de las expresiones del profesional es que en ningún momento habló del área de Salud Laboral, sino de médicas de la DGE. Tampoco del mes que se le habría dado a la docente para que baje de peso. Mucho más llamativo es que no habló de docente, maestra o educadora, sino solo de trabajadora y a la escuela, el aula o los alumnos se refirió como el lugar donde esa persona pretendía trabajar.

“Los trabajos psicofísicos se hacen en todos los trabajos. En el caso de la DGE, existe la resolución 172/17 que regula como tienen que hacerse los estudios psicofísicos y los requisitos que deben cumplir cada trabajador, de acuerdo con el trabajo que deben cumplir. De acuerdo con esos requisitos es que se entendió que a esta señora no se le podía otorgar el apto”, destacó el asesor jurídico.

SUTE: “La sentencia de la Justicia es correcta”

El Sindicato Unidos Trabajadores de la Educación (SUTE) salió a defender el fallo de la jueza Martinelli en el caso de la docente Martínez, pero enfocó su posición en lo que sucede en torno al trato que aplica sobre los docentes el área de Salud Laboral.

Al respecto, la secretaria de Acción Social del gremio docente, Laura Espeche, expresó a El Ciudadano: “Salud Laboral ha discriminado a la docente y creemos que la sentencia de la Justicia es correcta. Nosotros seguimos denunciando el funcionamiento de ese organismo, porque no solamente funciona y actúa con discrecionalidad, sino que otorga de manera errónea certificados no aptos a trabajadores de la educación y los deja sin su trabajo”.

Al ampliar la denuncia de cómo funciona el área de Salud Laboral, Espeche dijo que “desde el gremio muchas veces hemos remitido esos no aptos a distintos profesionales de la salud para que evalúen a esos docentes, y ahí nos hemos encontrado con que esos trabajadores estaban aptos para cumplir sus funciones, lo contrario a lo que dictaminó Salud Laboral”.

“En el caso puntual de la docente del Valle de Uco, sí ha sufrido discriminación. No tuvo el tiempo ni los procedimientos y tratamientos para su estado. Salud Laboral debe entender que esa trabajadora necesita tener un proceso psicológico, médico y nutricional, además de todos los derechos y garantías para cumplir sus funciones como educadora”, destacó.

Al remarcar el tema, advirtió que “el SUTE acompañará el fallo de la Justicia y a la docente y rechazará públicamente cualquier medida que tome la DGE sobre algo en que la Justicia ya se expidió”.