Conflicto legislativo por un proyecto para modificar el destino de los fondos judiciales

La Cámara alta del Poder Legislativo mendocino fue escenario de una fuerte cinchada entre bloques opositores y oficialistas. La dura parada fue por la ley de depósitos judiciales que propuso el bloque del Frente Cambia Mendoza, donde no solamente los mismos puedan devengar intereses, asegurando el capital invertido, sino que, a partir de la sanción y promulgación de la ley, pasan hacer administrados por el Poder Judicial.

“Desde hace años, indican algunos observadores que, a la hora de tratar los presupuestos generales de la provincia, la Suprema Corte de Justicia vino reclamando mayores fondos para ese poder. Siempre con el mismo argumento, no alcanza la porción de fondos de presupuesto que se le asigna para que la justicia funcione en todos sus fueros”.

En su momento, el proyecto de ley, tuvo absoluto respaldo de todos los bloques políticos con representación parlamentaria y así alcanzó despachos de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de las dos cámaras. Pero, en el paso por Diputados dio un giro de 180° con modificaciones de se le introdujeron, que en la oposición no cayeron bien e hizo que la misma votara en contra en su tratamiento por el Senado. 

Dos puntos accionaron los reproches opositores, sobre todo del justicialismo: “Los jugosos fondos que manejará el Poder Judicial, al momento de entrar en vigor la ley y la posibilidad abierta que deja la misma, que la Provincia pueda desvincularse del actual agente financiero. Esto último podría ser perjudicial porque el Banco Nación demandaría automáticamente el pago de la deuda que tiene la provincia con dicha banca de alrededor de $11.500 millones”, denuncia el PJ.

Por su parte, Cambia Mendoza asegura que “los $2.106.601.696, que a abril de este año estaban en los fondos embargados o judicializados de la provincia, tendrán destinos específicos que dice la ley sancionada”.

Los depósitos judiciales se podrán utilizar después de dos años 

Diario El Ciudadano tuvo acceso a expresiones de ambas partes. Esto dijo el autor de la ley, Marcelo Rubio (UCR – FCM): “Hemos aprobado una ley a través de la cual facultamos a la Suprema Corte de Justicia para hacer uso de los depósitos judiciales. Usó que está reglamentado dentro de la normativa, en el cual se establece que los porcentajes de distribución serán: 65% para la Corte, un 35% para el Ministerio Público Fiscal y un 5% por el Ministerio Público Defensa. La normativa también establece en su reglamentación que la autoridad de aplicación será ejercida por la Corte Suprema de Justicia”.

“Otro punto plasmado en la ley es sobre el plazo de disponibilidad de todos aquellos depósitos judiciales que se encuentran paralizados, que será a partir de los dos años de confiscados los mismos”, acotó.
Por otro lado, el senador, detalló: “El objetivo fundamental de la ley es que estos fondos puedan ser utilizados exclusivamente para infraestructura edilicia, tecnología dentro del Poder Judicial y mejorar el sistema de Justicia de la provincia, es decir, que el Poder Judicial de Mendoza contará con una herramienta que podrá implementar y reglamentar”.

“Fondos que vendrían bien en difíciles momentos de la economía mendocina”

Al momento de marcar el porqué de la economía, esto expresó el titular del bloque de senadores del justicialismo, Lucas Ilardo: “Este proyecto supo tener buenas intenciones, por esa razón en diciembre del año pasado, fue aprobado por unanimidad en el Senado. Pero en medio del camino de este, el proyecto que tenía el consenso casi pleno de las fuerzas políticas fue a la Cámara de Diputados, donde se hicieron una serie de modificaciones sin consulta alguna. Entonces, este proyecto que tuvo buenas intenciones y plenos consensos los perdió y hace que no lo acompañemos”. 

Al momento de explicar los puntos de disidencia, el legislador detalló: “Cuestionamos una de las modificaciones que se hicieron en Diputados, en la que se dejó abierta la posibilidad de que la Provincia, con estos fondos, pueda modificarse el agente financiero, el Banco Nación. Se debe recordar en el punto 1.1 del convenio, que se establece que la provincia no puede cambiar el agente financiero, ya que si eso llegara a ocurrir, implicaría que el Banco Nación esté en condiciones de solicitar el cobro inmediato de la deuda que Mendoza tiene con dicha banca”.  

Sobre el monto de deuda, observó: “Hay que recordar que la deuda es de $11.500 millones. Muchísimo dinero, que con liviandad una ley pone en riesgo con el agente financiero. Eso nos preocupa y creemos que al Ejecutivo también debería preocuparse. Del mismo modo, del error que se comete, al modificar el artículo 51 de la Ley de Administración Financiera. Indico esto porque Mendoza está viviendo un momento de dificultad económica, donde el destino de esos fondos de depósitos judiciales, después de dos años de inmovilidad podían pasar a la renta general de la provincia. A partir de esta ley, esos depósitos pasan a disposición del Poder Judicial, algo inaceptable, cuando la Provincia está atravesando una situación financiera difícil y el momento donde seguramente el Gobernador está necesitado de recursos, se está despojando de fondos que superan los $2.000.000.000”