Conflicto en la Caja Profesional Técnica

Anormalidades, cruces de notas, advertencias, bloqueos de asunción de representantes y amenazas de hacer intervenir a la Justicia, muestran un inusual panorama en la Caja Profesional Técnica de Mendoza, que alberga el sistema jubilatorio de cinco entidades de profesionales de nuestra provincia. 

La cuestión habría alcanzado un alto voltaje a punto de poner en tela de juicio la transparencia y la legalidad de la institución.

Si bien por el hermetismo que envuelve al organismo no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del conflicto, el Centro de Profesionales Jubilados quiere poner el asunto en conocimiento de la opinión pública y del resto de los profesionales que nuclea. 

En ese sentido, una de las instituciones que salió a respaldar las acciones para que se conozca el tema es del Centro de Ingenieros de Mendoza, que se hizo eco del problema y del reclamo.

En un extenso comunicado emitido por el Centro de Profesionales Jubilados al que accedió El Ciudadano, se puede encontrar una parte del hilo conductor del problema que se está exponiendo. 

“El 7 de julio pasado debió realizarse el cambio de autoridades del Directorio, la Comisión de Fiscalización y la Asamblea de Representantes, conforme lo establecen las leyes provinciales Nº 7361 y N°9078 que regulan la Caja. En ese momento el Directorio se dirigió al Ministerio de Gobierno para solicitar autorización para prorrogar los mandatos hasta el 30 de septiembre aduciendo que, en caso contrario, se produciría acefalía, ya que dos de las instituciones integrantes de la Caja no habían elegido a sus representantes”, se expresa en el escrito.

“Entendemos que la acefalía no era tal porque se encontraban en condiciones de asumir 8 directores, sobre un total de 10. Mientras ya se contaba con un total de 24 asambleístas, sobre un total de 40 y 3 Fiscales, sobre un total de 5, que son los que representan a las instituciones que sí cumplieron con los plazos que le fueron solicitados”, se agrega. 

En el documento se reconoce que “no habían sido elegidos los representantes de dos entidades, Colegio de Agrimensores y Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, que no realizaron sus elecciones aduciendo la pandemia. Aún sin estos últimos, existía quórum en las tres instancias de Gobierno de la Caja”.

“Van en contra de las leyes vigentes”

Como resultado de este verdadero “embrollo” en el ente previsional de los profesionales ligados a la construcción deja dudas y llama la atención la manera que se presenta, sobre todo a la hora del manejo jubilatorio de las distintas áreas involucradas, como por ejemplo el Centro de Ingenieros. 

Sobre esta cuestión, el presidente del Centro de Profesionales Jubilados, Juan Manuel Acosta, accedió a dialogar con nuestro medio y expresó que “la Caja de Jubilaciones de los profesionales de la construcción de Mendoza está funcionando desde 2005, y según lo disponen las leyes en vigencia, cada dos años todos los representantes de las cinco instituciones que conforman la Caja revocan sus mandatos”.

Al explicar lo sucedido, detalló que “por el COVID-19, desde marzo del 2020 los órganos y la propia administración de la Caja han funcionado de manera remota. En la actualidad, y cuando todas las oficinas públicas atienden de manera presencial, la Caja –que es una institución de derecho público no estatal–, se ampara en débiles y cuestionables argumentos para continuar hoy funcionando a distancia. Un mecanismo que obliga de forma inaceptable a que los órganos funcionen vía zoom y que jubilados y afiliados realicen trámites solo por Internet”.

En cuanto a qué sucedió con las autoridades, Acosta aclaró: “En julio de 2021 se cumplieron los mandatos de los representantes, pero los directores, arrogándose un derecho que la ley no les otorga y con justificaciones de dudosa legalidad, resolvieron mediante una resolución firmada por ellos mismos prorrogar todos los mandatos hasta el 30 de septiembre de 2021”.

“Esta decisión unilateral impidió discutir de manera presencial con los representantes elegidos. Por eso se enviaron sendas notas que solo fueron respondidas con pronto despacho, en las que se les observó que esta resolución incumple con la ley de la Caja y está produciendo un daño en la transparencia y credibilidad de esta institución”, destacó.

Al observarle que ese plazo había expirado, con mayor énfasis dijo: “Es cierto, pero las anormalidades no terminan ahí. Sorprendentemente, el 29 de septiembre, 48 horas antes de la asunción de las nuevas autoridades, los directores decidieron nuevamente prorrogar todos los mandatos hasta el 31 de octubre”. 

“En las dos resoluciones que avalan esta arbitrariedad y de manera solapada, han previsto la posibilidad de continuar aplicando este modus operandi de prorrogar todos los cargos y no permitir que los nuevos representantes puedan cumplir con lo que indica la ley”, consideró Acosta.

Finalmente, destacó: “El pronunciamiento que emitió el organismo que presido y que llegó a todas las entidades que nuclean a los profesionales ligados al sector de la construcción, también sea de conocimiento público para que los profesionales jubilados y los que están en actividad, afiliados a la Caja Previsional Técnica de la provincia, conozcan estas graves e inconsultas decisiones arrogadas solo por los directores actuales, las cuales se contraponen al marco legal en vigencia”.