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Avanza una ley destinada a combatir la corrupción

Se trata de un proyecto de ley, que influye tanto a las personas jurídicas nacionales como internacionales, y se aplica a los delitos de cohecho y tráfico de influencias. También en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, balances e informes falsos

08 de julio, 2020 - 10:05

La Cámara de Diputados de la provincia está dando pasos importantes para avanzar sobre un proyecto de ley que colocaría en igualdad de responsabilidades ante la Justicia, tanto al sector privado como el público. Todo un tema que tuvo al país en el manto de sospechas del mundo, sobre la responsabilidad de grandes bastiones de corrupción.

De ahí lo trascendente que en 2017 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.401, importante instrumento jurídico que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un dato menor, esta ley recién fue sancionada, cuando en el mundo ya contaba con este tipo de instrumentos desde hace más 42 años.

Es de destacar que la provincia ya cuenta con las leyes de Responsabilidad Social, Ambiental y Empresaria. Con la que está en estudio legislativo, se conformará un blindaje jurídico que confirme a la provincia ante la Nación, por su excelencia legal e institucional. 

El importante antecedente que cuenta Mendoza en aplicar la Ley Nacional 27.401 es sobre los pasos que se dieron para el proceso licitatorio de la obra Portezuelo del Viento, donde la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) dio base y marco legal al proceso de obra de la presa del sur. Primer tramo fundamental para haber llegado a la apertura de sobres de la licitación pública nacional e internacional que se llevó a cabo el viernes pasado. 

Se llegó a dicho proceso licitatorio porque la administración provincial trabajó en dos ámbitos que están relacionados como lo que establece la legislación dentro del fideicomiso Portezuelo del Viento. Donde se administra el dinero que viene de Nación y se trabaja en la implementación de un sistema de integridad dentro de ese fideicomiso. Con lo cual el ámbito de respeto o el ámbito de cumplimiento de la 27.401 se tiene que dar. Con una empresa que hace la oferta, dentro del fideicomiso que contrata con la empresa por cuenta de la provincia y, además, el fiduciario de ese fideicomiso que es EMESA que ya cuenta con un sistema de integridad. Este fue dado de alta hace un año y auditado por Price Waterhouse & Co. Que es una de las empresas o consultoras internacionales más conocidas en este tema integridad y compliance (cumplimiento normativo interno y externo que tienen las empresas).

En una palabra, si se tienen que destacar transparencia lo que se haga en torno de todo pago sobre la obra, habrá un circuito de los pagos y el dinero será absolutamente trazable. Porque tratan de asegurar que todos y cada uno de los pagos van a tener absoluta trazabilidad para que se constituya un sistema de gestión totalmente transparente y adecuado a las normas de calidad compliance que establece la Ley 27 401.

 

Coincidencias políticas de todos los bloques en diputados

La ley provincial que fortalecerá el sentido y dirección de la nacional está siendo analizada por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados. A propósito, esto expresó a diario El Ciudadano el titular de dicho órgano legislativo, el diputado Jorge Difonso: “Hace muchos años que en la doctrina penal argentina y latinoamericana se debate acerca de la idea de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Indudablemente, esto se encaminó a las vías de solución y respuestas con la sanción de la Ley 27.401. Recordemos que la misma establece un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La ley que vamos a tratar dentro de LAC aporta a la transparencia y, fundamentalmente, es un combate claro contra la corrupción. Estamos dando pasos que pretenden adaptar esta ley de la nación a la legislación mendocina” 

Al respecto de algunas aclaraciones, el legislador dijo: “Esta ley 27.401 es aplicable tanto a las personas jurídicas nacionales como internacionales. En la legislatura estamos trabajando en una adaptación de la legislación nacional para ser aplicada en la provincia de Mendoza”.

Finalmente, y sobre los detalles sobresalientes que contendrá con mayor énfasis el instrumento jurídico que trata Diputados, detalló, “se aplica a los delitos de cohecho y tráfico de influencias. También en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, balances e informes falsos. Constituirá un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas qué establecerá un programa de integridad que deben conformar todas aquellas empresas que contraten con el estado nacional, provincial y municipal. En definitiva, debe quedar en claro que el proyecto de ley contiene normativas para fortalecer los controles internos y establecer una responsabilidad superior de los organismos involucrados”.