Fuerte polémica política por el estado de abandono del sistema cloacal del Gran Mendoza

Con documentación en mano, la diputada provincial Josefina Canale se presentó ante la presidencia de la Cámara de Diputados anticipando la acción legislativa que llevará a cabo en los próximos días. Se trata de una iniciativa que pone blanco sobre oscuro sobre lo que está ocurriendo con el colapso que ha comenzado a darse en distintos puntos de gran Mendoza. Uno de los más graves fue la explosión cloacal en la intersección de las calles Brasil y San Juan, al límite de los departamentos de Capital y Godoy Cruz y que tuvo real magnitud cuando la fuente de la tradicional plazoleta Barraquero arrojó abundante material fecal que vertía de sus cañerías.

Las fuertes tormentas desatadas en los últimos tiempos pusieron al descubierto otros puntos, donde quedó demostrado que el sistema cloacal está desbordado y que sus cañerías en muchos tramos ya no existen, todo un tema que se viene advirtiendo desde hace más de 15 años, inclusive cuando se cuestionaba la privatización de la francesa Saur que no hizo ningún tipo de inversión, a pesar de las permanentes auditorías que se lo exigían.

El tema se agravó en varios frentes políticos y administrativos. De esto último, el mayor peso lo llevan quienes se han hecho cargo de AySAM con la gobernación de Rodolfo Suarez, que no cuentan con los fondos para comenzar con importantes obras que el sistema necesita. Para completar el pésimo panorama, las flamantes autoridades son recibidas con una denuncia penal que el diputado Mario Vadillo hizo por la contaminación de importantes cauces y zanjones, a donde han llegado los líquidos de las cloacas colapsadas.

Lo otro es una mirada con ceño fruncido sobre la oposición en Diputados, específicamente el bloque justicialista, a quien se lo señala una vez más de no haber permitido que la actual administración provincial no haya extendido el plazo de autorización de un crédito por US$ 100 millones, que culminaría el próximo mes de diciembre, monto original que la Legislatura le dio el guiño al gobierno de Celso Jaque para sacarle a los franceses OSM e invertir en obras necesarias para recuperar el sistema.

Casi 1.000 kilómetros de cañerías que no existen

El Ciudadano accedió en forma exclusiva a la demanda parlamentaria de la diputada Canale antes de su encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. La acompañó el extitular de Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM), Richard Battagión, quien al ser consultado sobre tema dijo: “En la medida de que no se logren los recursos para invertir y revertir esta difícil situación, la misma se podría agravar. Es necesario que se entienda que es imperioso renovar más de 1.000 kilómetros de cañerías de redes de colectoras en el gran Mendoza y muchos más si se considera toda la provincia. Son colectoras de un material que agotó su vida útil, por lo tanto en diversos tramos la tubería solo tiene la parte inferior, porque la superior desapareció por erosión hace mucho tiempo”.

Para el ingeniero civil, “los desagües cloacales se presurizan cuando hay fuertes tormentas, ya que hay complejos habitacionales donde los desagües pluviales están conectados a las cloacas y ahí se producen los colapsos. Entonces se derrumba la tubería, se obstruye y el sistema entra en crisis. Con esto se demuestra que las tuberías están obstruidas y no llegan a las plantas con los líquidos cloacales, por lo que éstos últimos tratan de salir por otro tipo de desagües, como cunetas y zanjones”.

Y acotó: “Mientras no se logre ese volumen de inversión, el problema se agravará, por lo que me parece impropio son estas denuncias penales sobre nuevas autoridades que tienen un problema y que el mismo viene de arrastre”.

Francisco Pérez utilizó US$ 30 millones que eran para AySAM

Al momento de contestar la diputada Josefina Canale (PDP-FCM), resaltó: “Entendemos que hay que hacer una inversión muy grande. Por eso estamos molestos, porque en esto también la gente tiene que notar lo que significa que la postura de la oposición no acompañó el financiamiento de obras que implicaba el endeudamiento solicitado por el gobernador junto al Presupuesto, como por ejemplo, renovar la red cloacal y todo lo que esto implica para la gente”.

Inmediatamente agregó: “Lo otro que nos molesta es que se hace una denuncia penal frente a las actuales autoridades de AySAM, cuando en verdad no se las puede imputar por una red abandonada por décadas, por lo que entendemos que lo más lógico, al haber un colapso del sistema cloacal es desviar esas aguas a lugares que descompriman la red y no sean en los domicilios de los usuarios del servicio, por lo tanto, penalizar esa conducta es no entender el problema”.

Cuando se le preguntó, ¿qué sugiere?, respondió: “Acá debe aplicarse una solución de fondo sobre cloacas que tienen más de 40 años de vida, lo que demuestra en el momento que se hicieron, las cámaras y los caños más antiguos tienen mejor funcionamiento que los colocados en ese tiempo. Este tema tuvo oportunidad de importantes soluciones, cuando la provincia restatizó la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas, quitándosela a la francesa Saur. La transformó en AySAM en el año 2008 durante el gobierno de Celso Jaque y recibió de este Legislatura la autorización de toma de crédito por US$ 160 millones, monto destinado a renovar toda la infraestructura de la red y plantas de agua potable, red y plantas de tratamiento de líquidos cloacales”.

Finalmente destacó: “Con mucha molestia observo dos cosas, que de esa cifra autorizada solo se utilizaron US$ 30 millones de un crédito del BID. Ocurrió durante el gobierno de Francisco Pérez y fue para gastos corrientes. El resto quedó y no fue gestionado ante ningún organismo de crédito. Esa autorización tiene fecha de vencimiento, el mes de diciembre de este 2020, algo que podría haberse extendido si la oposición hubiese acompañado la autorización, cosa que no hizo”.