Reclamos en tribunales por la reasignación de personal a juzgados de Familia

Desde hace tiempo, la gran cantidad de causas ha puesto en jaque el funcionamiento de los juzgados de Familia, que vienen reclamando mayor cantidad de juzgados para afrontar la creciente demanda. 

Frente a esto, la Suprema Corte respondió con la Acordada N° 29.489. Entre sus consideraciones explica: “En esta circunscripción, el fuero Civil cuenta con treinta jueces, por lo cual la carga laboral es de aproximadamente 288 procesos por cada magistrado del fuero. Otra es la realidad del fuero de Familia, que incrementó el ingreso de causas en los últimos años en un 60,30% (…) El fuero de Familia cuenta con trece jueces en la Primera Circunscripción, por lo cual la carga total es de 2.229 procesos por cada magistrado del fuero”.

A partir de esa realidad, el máximo tribunal provincial decidió un reordenamiento y cambios de funciones, reasignando personal y dependencias de unos juzgados a otros. El Colegio de Abogados ya había comunicado su oposición: “El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de Mendoza expresa su profunda preocupación por la situación generada a partir del reciente dictado de la Acordada N° 29.489, y las consecuencias que su aplicación puede ocasionar al servicio de justicia. Resulta impostergable la necesidad de mejorar las condiciones del fuero de Familia, desatendido por años".

Además agregaron: "Tal como lo ha denunciado reiteradamente este Colegio, esta situación crítica se ha tornado insostenible. Sin embargo, consideramos que este plausible objetivo no debe lograrse resintiendo el funcionamiento del fuero Civil, pues ello supondría arriesgar seriamente el éxito de las reformas procesales introducidas recientemente”, señalaron en la semana, en un escrito que culmina diciendo: “Por lo expuesto, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia a que disponga la inmediata suspensión de la normativa cuestionada”, y sugieren la creación de una comisión especial –con participación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y este Colegio– que tenga por objeto analizar detalladamente el impacto y conveniencia de la redistribución de tareas proyectada, y proponer las opciones y medidas más adecuadas para la obtención de los resultados pretendidos.

Por su parte Diego Lusverti, vicepresidente de la asociación de magistrado, explicó: “En realidad la Corte dispuso una reestructuración de recursos humanos en función de estadísticas. En esas estadísticas aparece que el fuero de familia tiene una complejidad junto al funcionamiento por la falta del recurso humano. Entonces se tomó ese personal: empleados, secretarios y prosecretarios de los juzgados civiles que ahora están funcionando con un sistema de oralidad y desde la perspectiva del fuero Civil eso afecta gravemente el funcionamiento que viene teniendo a partir de ese proceso oral. Lo que hemos pedido como asociación justamente del fuero Civil y aclarando que no existe un conflicto entre fueros, entre Familia y Civil, hemos solicitado que la acordada se deje sin efecto con la intención de acercar a las partes, plantear la problemática en conjuntos para lograr una solución consensuada”.

Ayer, desde la asociación se reunieron con la sala administrativa, está compuesta por Palermo, Gómez y Nanclares, aunque también estuvo presente Adaro, quienes se comprometieron a analizar el problema y buscar soluciones que satisfagan a todas las partes.