Mendoza: jardines maternales privados reclaman al Estado por una polémica ley
Propietarios y directivos de diversos establecimientos solicitan la inconstitucionalidad de la Ley 9.201, al considerar que los requisitos para poder cumplirla son "inalcanzables" y que deberán aumentar un 120% el valor de sus cuotas. Los detalles
El pasado 10 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia en Mendoza una nueva ley que regula el funcionamiento de los jardines maternales de carácter privado de toda la provincia.
Hasta esa fecha, esas instituciones dependían de cada comuna y eran habilitadas por éstas. Con la nueva reglamentación, actualmente es la Dirección General de Escuelas (DGE) quien controla a los jardines privados.
Se trata de la Ley 9.201, una norma que busca regular el funcionamiento de esos establecimientos educativo-asistencial.
En consecuencia, un grupo de directivas y propietarios de unos 70 jardines privados se juntaron para reclamar la inconstitucionalidad de la mencionada ley.
A raíz de esto, El Ciudadano dialogó con Verónica Díaz, directora del Jardín Maternal Rey Dragón, en Guaymallén, quien expresó sus sensaciones al respecto.
Díaz comentó que aunque están de acuerdo con la necesidad de un mayor control, asegura que ciertos requisitos de la ley los llevará a aumentar las cuotas hasta un 120%. Incluso, temen que provoque el cierre de algunos establecimientos.
Entro los principales puntos que cuestionan de la nueva ley, destacan los que tienen que ver con el personal, ya que se les exige una docente recibida (con título habilitante) cada cinco chicos, y la inclusión de personal de cocina y limpieza.
El otro punto refiere a que con esta nueva reglamentación, los jardines se verán obligados a despedir a una parte importante de su personal por no poseer el mencionado título. "Mucha gente se va a quedar sin trabajo y los padres, sin opciones para sus hijos”, remarcó Verónica, y agregó que tampoco se tiene en cuenta la situación económica de las familias.
Por otra lado, según consideró Díaz, estas instituciones privadas deberán contar a partir de marzo de 2020 (tienen 90 días para adaptarse a los nuevos requisitos de la norma a partir de su entrada en vigencia) con una mayor cantidad de baños y además, que únicamente funcionen en planta baja.
Asimismo, Verónica y todo el grupo de directoras reclaman que al no recibir ningún subsidio por parte del Estado, los costos para adaptarse a todos estos requisitos son "inalcanzables".
Actualmente los montos que se abonan en los jardines son muy variables y dependen de la cantidad de horas que asisten los niños y niñas, pero van desde los $ 3.000 hasta los $ 9.000 en algunos casos.
Reclamo en la Justicia
Para manifestarse en contra de esta nueva normativa y comunicar sus posibles consecuencias, este grupo de directoras decidió acudir a la Justicia para iniciar acciones legales contra el Estado.
El abogado que los representa se presentará el próximo jueves 9 de enero en Tribunales con la documentación correspondiente, a fin de solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 9.201.
De esta forma, Veronica argumentó que lo que buscarán es demostrar que todos estos puntos son incumplibles para los jardines y que, de no modificarse la ley, algunos establecimientos se verán obligados a cerras sus puertas de forma definitiva. Esto último, según Díaz, también afectará a los pequeños porque sus padres ya no contarán con una variedad de opciones a la hora de elegir el lugar apropiado para sus hijos o hijas.