La provincia de Mendoza merece saber la verdad

El poder judicial de la provincia fue epicentro nuevamente de dos acontecimientos que lo coloca en zona de luces y sombras por las que, muchas veces y con razón, el ciudadano le hace lógicos y duros reproches.

Esto último porque irradia señales disfrazadas de argumentos jurídicos, cuando en realidad esconde convenientes pactos en esa muy oculta trastienda del poder real. Allí, donde la corporación política y judicial funciona sincronizada, sin desperdicio alguno.

Las luces de este tiempo se encendieron ante los ojos de la comunidad mendocina, inclusive del resto del país, con el primer juicio penal oral con jurado. Todo un proceso donde, por primera vez, se ha introducido al común de la gente en decisiones que antes solo era de exclusivo resorte de la justicia. A partir del juicio a Sebastián Petean Pocoví acusado de acuchillar a su ex pareja
embarazada y matar a dos policías que intentaban detenerlo el 25 de mayo del año pasado, se puso en marcha esta modalidad que muestra a Mendoza con inmensa capacidad institucional entre la interacción ciudadanos instituciones.

Pero esta visión de la que hoy hablan todos los claustros de la justicia argentina salió de la consciencia de Anabel Fernández Sagasti. Vaya uno a saber desde
cuándo y que la llevó a la actual senadora nacional a motorizar una iniciativa que hoy todos ponderan en su puesta en marcha.

Al momento del estratégico encuentro político entre la legisladora justicialista y el gobernador Alfredo Cornejo, fue uno de los temas que se volcaron en esa mesa de intercambios que a muchos sorprendió y a otros molestó. Para Fernández

Sagasti fue prioritario el tema, a punto tal, que sacó el compromiso del primer mandatario provincial para que sea tratado inmediatamente con forma de proyecto de ley en la Legislatura. Así se hizo y nadie perdió el tiempo. Todos, en los tres poderes del estado pusieron mano a la obra para capacitar y acondicionar al fuero penal a recibir la llegada y participación de ciudadanos que tendrían la suprema responsabilidad de juzgar a quienes hayan cometidos delitos graves, como los que hoy tienen sometido a Petean Pocoví.

La mentora e impulsora del nuevo sistema fue Anabel Fernández Sagasti. Así la historia debe recordar, como importante aporte innovador al sistema judicial.

Las sombras en la justicia se posan en el polémico fallo que eximió a  ex directivos  del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, del pago de millonarios montos en la contratación de servicios de limpieza. Se trata de una grave acusación que en su momento realizó uno de los importantes entes de contralor que tiene el estado provincial, el Tribunal de Cuentas. Para ese organismo se produjeron maniobras del tenor de sobrefacturación y deficiencia en el servicio de contratación del servicio de limpieza. Algo que, para el Tribunal de Cuentas, implicaba un grave perjuicio a las finanzas del estado.

El juicio por este delicado asunto llevó su gran tiempo, hasta llegar al terreno que era propicio para que todos quedaran bien parados y sin pelusas sobre las solapas del saco. La última instancia, es decir la Suprema Corte de Justicia. Una vez en la Sala I el actual senador radical Miguel Bondino y el diputado justicialista Carlos Bianchinelli, tuvieron su oportunidad, junto a otros que cumplieron funciones en el IPJyC. Los ex directivos fueron liberados de culpa y cargo con la firma de los ministros Pedro Llorente, Dalmiro Garay y Mario Adaro.

Sobre todo explicar dónde queda el accionar de un organismo de la constitución como el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Institución que llevó a cabo una investigación, que este pronunciamiento lo deja muy mal parada y sienta un grave precedente, para algo que bien podría repetirse.

Esta es la Mendoza, convulsionada por el tiempo político, electoral y económico.

Con porcentajes de pobreza y desocupación que superan la media nacional. Esa Mendoza donde ante todo se debería decir la verdad. Sin disfraces y sin especulaciones.