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Se presentó el informe sobre riesgos aluvionales en el piedemonte

El informe, confeccionado por un equipo interdisciplinario, analiza más de 1.200 kilómetros cuadrados, habitados por algo más de 10 mil familias, y permitirá establecer un nuevo código y determinar áreas peligrosas

Por Redacción

13 de febrero, 2019 - 07:58

Luego de las polémicas a partir del decreto del viernes, donde se prohíbe autorizar construcciones en el piedemonte por el plazo de un año, a partir de declarar la emergencia ambiental, la cartera de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentó el informe ‘Evaluación de amenazas aluvionales en el piedemonte del área Metropolitana”, elaborado por el Instituto Nacional, a través de un equipo multidisciplinario bajo la dirección del ingeniero Víctor Burgos.

El trabajo analiza un área total de 1.243 kilómetros cuadrados, habitados por unas 10 mil familias, que incluye 22 cuencas y se busca crear una legislación que contemple las amenazas latentes y a la vez elaborar un código que normalice la construcción en las zonas posibles.

Según el secretario del área, Humberto Mingorance: “Este estudio permitió al Gobierno definir la emergencia ambiental que congela por un tiempo el crecimiento urbano hacia el piedemonte como medida de protección a la población y al ambiente hasta tanto se establezca con certeza técnica hacia dónde crecer, cuánto crecer y de qué forma hacerlo. Era una medida que hace décadas muchos venían reclamando y en unos meses será posible gracias a que contamos con un instrumento esencial como el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, a partir del que se derivará el Plan especial del piedemonte del área Metropolitana que tomará en cuenta este estudio de base sobre amenazas”.

Quien brindó mayores precisiones fue el ingeniero Burgos, como se dijo, director de este estudio: “Este trabajo es solo sobre amenazas, no sobre riesgos ni vulnerabilidad. Analiza la amenaza aluvional en escenarios actuales y futuros, de crecimiento inmobiliario con y sin intervenciones sustentables, con avance agrícola, con incendios y con afectación de cambio climático”.

Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Agencia de Cambio Climático del Gobierno de Mendoza, se trabajó con el objetivo de preservar al mayor núcleo urbano de la provincia, concentrado en el área Metropolitana, del alto riesgo aluvional detectado y anunciado en la zona desde hace décadas por varios organismos técnicos provinciales y nacionales. Analiza más de diez variables que entran en juego (grandes pendientes, modelo hidrológico, cauces, etcétera) para precisar cuáles son las áreas más riesgosas que no pueden ser ocupadas porque empeorarían la situación aluvional aguas abajo, además de sufrir daños en caso de producirse un evento.

También permitirá evaluar las obras que resultan necesarias y elaborar un cronograma de planificación por parte de la Agencia de Ordenamiento Territorial, conjuntamente con la Dirección de Hidráulica y los municipios convocados mediante la Comisión de Piedemonte. Según el informe, desde hace más de 30 años, el piedemonte se considera una zona especial desde el punto de vista ambiental por lo que muchos especialistas coinciden en que podría definirse como una “unidad ambiental”, ya que reúne una serie de características propias. Una de ellas es que naturalmente cumple una función primordial en relación con la amenaza aluvional. Se calcula que en el cordón montañoso comprendido entre Las Compuertas (Luján de Cuyo) y El Challao (Las Heras) viven unas 10.000 familias pero la prevención del riesgo abarca a todo el ejido urbano integrado por los departamentos Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Capital.

En la presentación, Mingorance también brindó un detalle de cuáles han sido las intervenciones realizadas por el Estado hasta el momento: “Hemos intervenido en 15 emprendimientos en todo el piedemonte que no han presentado papeles y que los hemos emplazado para que los presenten y no inicien la obra. De esos 15 proyectos que pretendían instalarse de manera ilegal, solamente cinco han presentado documentación que vamos a seguir evaluando hasta terminar los estudios. Hay otras obras que hemos autorizado, porque ya venían de gestiones anteriores con mucha documentación presentada ante el Estado, donde se han hecho las evaluaciones correspondientes y han podido seguir".