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El Senado y Diputados sancionarían hoy las modificaciones a la Ley 7.722

Hubo dictamen favorable y se han dispuesto fuertes medidas de seguridad en la Legislatura

20 de diciembre, 2019 - 13:22

En una jornada atípica para el tratamiento de leyes, el Poder Legislativo provincial tratará en sus dos cámaras las reformas sugeridas por el Poder Ejecutivo a la Ley 7.722. En primera instancia lo hará el Senado, que ayer logró despacho favorable para hacerlo por parte de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente y Economía. Si allí el proyecto es aprobado, será el turno –pasado el mediodía– de Diputados que desde el miércoles está en cuarto intermedio para reanudar la sesión precisamente con este tema apenas lo remita el Senado.

Se espera un día cargado de mucha tensión social, por lo que esta ley implica para el grueso de la comunidad mendocina. Por las expectativas que despierta su modificación y por las implicancias ambientales, económicas, políticas, laborales, productivas y sociales que conlleva este tema.

Tal es el punto, que en torno del edificio legislativo se ha montado un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía provincial con diferentes divisiones, el auxilio del Cuerpo de Bomberos y de ambulancias del sistema de salud pública. El ingreso estará restringido y celosamente supervisado por personal policial estable de la seguridad de la Legislatura. También será direccionado el tránsito vehicular por calles adyacentes al Senado.

Radicalismo y justicialismo unifican votos para reformar la 7.722

Tal cual se observa el panorama interior de la Legislatura, donde hay mucha tensión y enojo de algunos legisladores, mientras el grueso de senadores y diputados muestra que la tan debatida reforma de la Ley 7.722 llega a su fin y finalmente se concretará.

El Ciudadano mantuvo breve diálogo con el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio (UCR- FCM), quien dijo: “Las comisiones de LAC, Ambiente e Hidrocarburo emitimos despacho consensuado que se ha logrado con las distintas opiniones y propuestas que se fueron incorporando. Toda una cuestión que demostró el consenso necesario y por eso se avanza con despacho favorable al recinto para tratar el proyecto de ley de modificación”.

Cuando se le observó que se estaba demostrando el estatus de la 7.722, porque pasaba a ser de prohibitiva, a fiscalizadora, respondió: “Sí, creo que es así. Este proyecto apunta a que la ley de ser una prohibición, se transforma en una normativa fiscalizadora por parte del Estado. Con esa responsabilidad que implica un Estado ordenado, como el que tenemos, que de más está en decir que lo puede hacer, donde inclusive se habla de distintos organismos donde se basará el control en el antes, el durante y el después de una actividad minera. Destaco también la creación de una Policía Ambiental y de una bicameral que efectuará seguimientos con herramientas necesarias para darle credibilidad a ese Estado, porque hay un importante objetivo, custodiar los derechos la explotación minera”.

Al preguntarle sobre cómo se diluye el fuerte carácter del artículo 1 que impedía la utilización de sustancias químicas, abriendo autorizaciones para dos de ellas, confesó: “Sí, la ley libera al cianuro y al ácido sulfúrico, mantiene la prohibición del mercurio, ya que ha demostrado en todo el mundo alta toxicidad. También contempla audiencias públicas y todos los informes que se van a necesitar en un explotación de este tipo. En estos últimos hay muchos organismos que intervienen en la ley, instrumentos jurídicos nacionales de protección del ambiente y las leyes de la provincia en ese sentido”. 

Finalmente, y al referirse sobre los lugares para explotación minera, aseguró: “En el caso de aquellas zonas que se pretenda hacer minería, actuará la Ley de Ordenamiento Territorial que restringe la zona, además de la Ley de Áreas Protegidas que también restringe. En el caso de la Alta Montaña también está restringida la minería, es decir, que hay zonas determinadas y en las mismas están las licencias sociales por cada una de las comunidades que dentro de esos controles se autorizará o no la actividad minera”.