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Fuertes posiciones en el debate por la reforma de la Ley 7.722

Voces en defensa del agua y a favor de la actividad extractiva comenzaron a escucharse en las comisiones del Senado provincial, lo que anticipa una fuerte pulseada entre partidos y organizaciones

17 de diciembre, 2019 - 07:53

En la sala de reuniones en el primer piso del nuevo edificio del Senado provincial se llevó a cabo la primera sesión plenaria de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Economía y Ambiente de las Cámara de Diputados y Senadores, para analizar el proyecto de modificaciones de la Ley 7.722.

El cónclave tuvo la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo, como el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú y el subsecretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance. Posteriormente, algunos legisladores mandaron apoyos, diferencias y rechazos a la modificación de la ley, todo un trámite que continuará hoy con otros expositores, hasta agotar instancias de conocimientos de la normativa modificada, que haya despacho de comisión y se traslade al recinto de sesiones para su aprobación.

Mientras tanto en el Sur provincial, esencialmente General Alvear y San Rafael, como así también en el Valle de Uco, en el Este y Norte mendocino, han comenzado a organizarse agricultores, vecinos e integrantes de asambleas por el agua. El objetivo es resistir las modificaciones a la ley con movilizaciones hacia la capital provincial, un hecho que ya está siendo acompañado por políticos y funcionarios, tal es el caso del Concejo Deliberante de San Carlos, donde ese cuerpo en pleno le ha solicitado al gobernador Rodolfo Suarez retirar el proyecto de modificaciones. El dato relevante es que la nota enviada al primer mandatario cuenta con la firma de los cuatro ediles del bloque UCR.

Para el PJ, Malargüe es el único lugar para explotar la minería

El dato, junto a otros puntos, constituye la postura que hizo pública el máximo partido de oposición en una conferencia de prensa que encabezó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien dijo: “En el Partido Justicialista, con el Frente de Todos, ponemos nuestra postura sobre las modificaciones a la Ley 7.722 y a la Ley de Presupuesto Provincial con un nuevo endeudamiento que ha enviado a esta Legislatura el gobernador Rodolfo Suarez”.

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza.

“Todos sabemos que a partir de las últimas elecciones el oficialismo tiene los números para avanzar en soledad en las dos iniciativas. Por eso, el peronismo fija posiciones para garantizar un 0% de posibilidades de que se contamine el agua que los mendocinos tomamos”, agregó. 

Sin dar muchas vueltas, la legisladora y pieza fundamental del nuevo Gobierno de la Nación, aseguró: “Para el peronismo, como para el Frente de Todos, por conocimiento de la geografía territorial y por lo que se sabe que ocurre en el territorio de Mendoza, sabemos dónde debe hacerse minería. Por eso, en virtud de la licencia social actual y vigente, en el único lugar que se puede desarrollar este tipo de actividades es el departamento Malargüe”. 

“Por eso es importante, la creación de una Comisión Bicameral de Control Ambiental que estará integrada por legisladores de ambas cámaras, de donde también dependerá la Policía Ambiental que estará dotada de recursos físicos y humanos, además de la participación ciudadana en el control con una red de vigilancia, entre otros puntos de control”, agregó.

Finalmente resaltó: “Proponemos la eficientización del agua y que los mendocinos participen de las ganancias que surjan de esta actividad. Inclusive, proponemos que el 30% de las regalías deberán ir a un fondo que tiene que ver con nuestros recursos hídricos y un fondo especial destinado el municipio donde se desarrolle la actividad minera”. 

“El contexto donde se plantea esta modificación a la Ley 7.722 es donde el oficialismo puede avanzar en soledad. El Frente de Todos, en el carácter de oposición mayoritaria en la provincia, fija posiciones para garantizar que los controles ambientales, la licencia social, el uso del agua y las riquezas que produzca esta actividad queden en manos de los mendocinos”, dijo.

Modificar la 7.722 sería inconstitucional para la justicia mendocina

En pleno debate ya se están planteando recursos extraordinarios ante el Poder Judicial. La punta de lanza sería uno de los coautores de la ley, el diputado Jorge Difonso, quien ante la postura del justicialismo, dijo: “Creo que las modificaciones que plantea el PJ son matices y no van al corazón de la norma. Allí donde el oficialismo apunta, la que prohíbe la utilización de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, que hoy están prohibidos por lo que sucedió en San Juan, en Brasil y Perú. Tengo un centenar de ejemplos con graves episodios con la minería metalífera que han ocasionado muerte o contaminación de agua”.

Diputado Jorge Difonso, uno de los autores de la ley 7.722.

“Acá en la provincia, cuando tratábamos la 7.722, vinieron de San Juan los supuestos paladines de la megaminería sustentable en la Argentina a decirnos que tenían controles internacionales y que la Barry Gold tenía responsabilidad social. A los pocos años se vieron graves contaminaciones en afluentes del río Jáchal y en el agua para consumo, un aspecto que surgió de los mismos empleados y no del gobierno, que la ocultaba. Entonces es muy preocupante que en Mendoza, en el marco del calentamiento global y de profunda sequía, se esté discutiendo este tema”.

Finalmente, y ante la pregunta de si quedaría algo por hacer si las modificaciones propuestas por Rodolfo Suarez salen aprobadas en la Legislatura, contestó: “En materia ambiental el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente establecen y consagran el principio de progresividad y de no regresión. Esto quiere decir, que los derechos tutelados en la legislación ambiental no pueden ser modificados en menos, en una palabra, eliminados, para que se pueda avanzar en sustancias prohibidas como es este caso, todo lo cual habilitaría a cualquier ciudadano de Mendoza o a alguna institución a plantear un recurso de inconstitucionalidad de la ley que ha sido modificada”.

Voces a favor de la actividad

Desde el Gobierno fundamentan que con esta propuesta se actualiza la Ley 7.722 que se adaptará al ordenamiento jurídico más moderno en la materia, con los estudios recientemente realizados y con amplios controles de la actividad, y con ellos se podrá comenzar a desarrollar la minería en la provincia de Mendoza de forma segura y sustentable y de esa manera se ampliaría paulatinamente la matriz productiva con la actividad generadora de riqueza y de empleo como lo fue y es la minería.

Fue así que se reunieron los integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Economía, Energía, y Ambiente de la Cámara de Diputados para analizar la propuesta presentada por el Gobierno de la provincia.

También se invitó al subsecretario de Energía Emilio Guiñazú, quien explicó que Mendoza es una provincia sin experiencia en cuanto a lo que son los desarrollos en minería metalífera: “Esto generó un microclima que al carecer de herramientas de calidad, la solución fue prohibir la actividad, pero como no se puede constitucionalmente, se crearon barreras lo suficientemente fuertes para que la actividad no se pueda desarrollar”.

Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía.

En este sentido fue que indicó que esta propuesta tiene todos los elementos técnicos y ejecutivos necesarios para poder garantizar a la población que en Mendoza se puede desarrollar una minería compatible con el ambiente, una minería compatible con el resto de las actividades económicas y que aumente y mejore la matriz económica de la provincia que actualmente tiene grandes problemas.