Fracasó el intento de reformar la ley antiminera 7.722

Ruidosa negativa del bloque del justicialismo de dar el quórum para los dos tercios que se necesitaban para tratar sobre tablas dos proyectos de ley que significaban reformar la ley que no permite la utilización de sustancias toxicas en la explotación minera.

La antesala de esto fue una suerte de vigilia que dieron vecinos y productores de los oasis sur y del Valle de Uco que se congregaron en plazas departamentales. De allí partieron delegaciones que llegaron hasta una vallada Legislatura, con estrictas medidas de seguridad.

En el interior del edificio parlamentario debía llevarse a cabo una sesión, que sobre tablas intentaría tratar los proyectos de ley de modificación de la Ley 7.722, que impulsa Omar Abraham y de creación de un parque minero, de autoría de Juan Antonio Agulles. En ambos casos, significaría modificar la ley que coloca duras condiciones a la minería metalífera.

Finalmente y por cuestiones políticas electorales y no muy buenas relaciones entre el PJ mendocino y la administración de Alfredo Cornejo, el objetivo se cayó. Hubo alegría afuera y en los pueblos del interior provincial; enojo y muchos reproches en el Senado, esencialmente por parte de empresarios nucleados por el CEM, UIM, FEM y distintas cámaras, entre la que sobresale la de las empresas mineras.

Estos últimos haciendo un enérgico reclamo al justicialismo, por faltar a su palabra y compromiso.

El PJ pide que las modificaciones tengan legitimidad de la gente

El Ciudadano dialogó con los actores del movido martes legislativo. El primero en responder fue el senador Luis Böhm (PJ), quien explicó la postura de su bloque: “Nosotros desde el bloque planteamos una mesa, en donde el nuevo gobernador Rodolfo Suarez, junto con su equipo, con empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y ambientales, encontremos consenso para cualquier modificación a la Ley 7.722”.

“Por eso cuestionamos lo que hoy (martes) se ha querido hacer, que entre gallos y medianoche quieren tratar sobre tablas, con dos tercios de los votos, los dos proyectos de ley. Entendemos que no han tenido las instancias y consensos necesarios para dar el paso”, agregó.

Sobre dar el quórum se sinceró: “En todos nosotros (PJ) no existe voluntad de dar los dos tercios. Le aclaro que el tema es sumamente importante, porque entendemos que en Mendoza hay que avanzar con el tema minero sustentable, pero todo eso tiene que ser en el marco de un acuerdo político y social, para que esa modificación tenga no solo legalidad, sino legitimidad de la mayoría de los mendocinos”.

Por su parte, el titular del bloque de senadores del Frente Cambia Mendoza, Diego Costarelli, expresó: “El gobernador Alfredo Cornejo ha manifestado que si no hay consenso con el bloque mayoritario de la oposición, no se podrá dar este paso. Ese bloque mayoritario ha expresado públicamente que no dará quórum para tratar estos dos proyectos que eran de autoría de senadores de su bloque. Por lo tanto, y siguiendo directivas del gobernador, sin apoyo del PJ, el proyecto no se vota”.

Al consultarle si se intentará con el futuro primer mandatario, respondió: “El gobernador electo Rodolfo Suarez tiene un solo plan, que es hacer minería, algo que en la brevedad él mismo lo dejará planteado”.

Agricultores, vecinos y ambientalistas defienden la 7.722

Nuestro diario pudo extraer algunas de las muchas voces que se alzaron en defensa de la ley, como el presidente de la Sociedad de Valle de Uco, Mario Leiva. “Es reiterativo esto de ir contra la Ley 7.722, que es necesario aclarar que es una ley ambiental y no antiminera, que tiene mucho consenso social, con un eje fundamental, la preservación del agua. No hay ninguna cámara territorial, salvo que haya algo raro, que apoye una modificación de la 7.722. Esto es porque defiende un recurso estratégico para toda la producción, como es el agua”.

El Ciudadano escuchó también la voz de una agricultora del Sur, quien dijo que “la movida ha sido muy importante en el Sur y en el Valle de Uco, porque se pretende anular la Ley 7.722 y no lo vamos a permitir. Cualquier modificación que se haga es quitarles el agua a nuestros hijos. Nosotros no venimos a defender por sí a la Ley 7722, venimos a defender el agua. Esa ley nos permite defender el agua, somos miles de productores y vecinos que le estamos diciendo no a la mega minería contaminante”.

Desconcierto de senadores oficialistas y enojo del arco empresario

El presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff aseguró que no entiende “la postura tanto opositora como de quienes dicen defender el agua”. 

“Los proyectos de los senadores Abraham y Agulles tienen consenso social y respaldo institucional por todas las expresiones vertidas en largas jornadas de audiencias públicas. La Ley 7.722 ha sido superada por más rigurosos controles que hoy ha implementado el PE, y el derroche de agua en Mendoza supera tres veces lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud”, consideró el legislador.

Mientras, el secretario de Minería, Emilio Guiñazú, reflexionó sobre la 7.722 la que considera “como un mito la contaminación de las sustancias químicas sobre los ríos. Por lo que cree que es un verdadero desperdicio que Mendoza no esté explotando toda la riqueza minera que tiene bajo su tierra”.

Finalmente, el titular del Consejo Empresario mendocino (CEM), Federico Ostropolsky, confesó: “Me siento defraudado porque hay una evolución muy grande con el planteo de este tema, desde lo social y de lo político. Por eso queda el doble discurso de esos dirigentes que en off siempre nos expresaron su aprobación para avanzar; inclusive estuvieron trabajando con nosotros en el despacho de esta ley y a la hora de tratarla pegaron el faltazo. Esto último, y según ellos, con ánimos de revanchismo político”.

“Insistiremos, y creo que podría a tratarse con el futuro gobernador. Rodolfo Suarez fue explícito en su campaña sobre este tema y obtuvo un 52% de los votos, que le da legalidad y legitimidad a la modificación a la Ley 7.722 y que Mendoza puede hacer minería. Usted tiene que tener en cuenta que la provincia tiene emergencia laboral, social y productiva. De ahí que me cueste entender la actitud de dirigentes del justicialismo que no han querido tratar este tema, con proyectos de dos senadores de ese partido”, acotó Ostropolsky.