Interés empresario y oficial para que se modifique la Ley 7.722

En silencio, pero en forma sostenida, sectores empresarios, industriales y mineros llevan adelante una embestida para que la Cámara alta continúe profundizando el camino que abrió la sanción de la ley que autorizó la exploración de la mina de Hierro Indio en el Sur provincial.

Muchos de los interesados creen que están dadas las condiciones para que Mendoza comience a explorar y explotar minería metalífera. Al respecto, hay 19 proyectos mineros que no pueden llevarse a cabo por el duro cumplimiento que indica la Ley 7.722 que no permite la utilización de sustancias químicas contaminantes, muy necesarias para extraer minerales pesados.

Al respecto, El Ciudadano pudo dialogar brevemente con uno de los empresarios que integra el lote que hace ingentes gestiones para que con esta o con la nueva conformación de la Legislatura (Senado y Diputados) se trate el objetivo de la denominada "ley antiminera’’, en coincidencia con la asunción de Rodolfo Suarez al frente de la Gobernación, por su compromiso anunciado públicamente.

Laureano Manso, representante del Cluster Energético Mendoza de la Unión Industrial de Mendoza, se expresó sobre reflotar los proyectos de los senadores justicialistas Alejandro Abraham, de modificar la Ley 7.722, y de Juan Antonio Agulles, sobre los parques mineros: “Creo que sobre todos estos proyectos que están en estudio del Senado provincial desde hace un año, se puede notar que hay una articulación entre el Gobierno y los privados para ir entendiendo las necesidades y aportes que han hecho cada uno para enriquecer la matriz productiva provincial”.

Cuando se le observó que hay una ley que no permite la explotación minera metalífera, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia, respondió: “Todas las leyes son susceptibles de mejoras, no solo la 7.722. Creo que son en base a las necesidades que van viendo en la sociedad en cada momento. Por eso hemos ido tocando el timbre a cada uno de los vecinos de la provincia, colegios de diferentes profesiones, universidades, cámaras empresarias, dirigentes de diferentes partidos políticos, y todos coinciden que ha llegado el momento en que se podría tratar el tema minero en profundidad, con todo lo que ello implicaría para las inversiones que necesita la provincia y la importante creación de fuentes de trabajo que traería aparejado”.

 Un paso por consensos y no entre gallos y medianoche

El diputado nacional Rubén Miranda (PJ) también dio su opinión: “El justicialismo no tiene todavía una posición determinada. Sí sostenemos que nada se puede resolver entre gallos y medianoche, ya que en Mendoza hay conciencia ambiental muy profunda, donde la Ley 7.722 marca un antes y un después, y crea regulaciones específicas”.

“Creo que, de todas maneras hay posibilidades de producir algún tipo de desarrollo minero, como el de Hierro Indio. Eso queda demostrado con la aprobación por parte de la Legislatura, de la declaración de impacto ambiental que permite la exploración. Por eso pienso que hay que consensuar con la gente y no llevar a cabo ciertas operaciones a espaldas de ella”, agregó. 

Al recordarle que siendo intendente de Las Heras propuso la explotación de una mina en la localidad de Uspallata, reconoció: “Sí, es cierto, lo había propuesto. La mina San Jorge extraería cobre, y es cuando Mendoza produjo el gran debate por el que se termina sancionando la 7.722. Fue durante el gobierno de Julio Cobos, que en un principio tuvo una posición favorable a esa mina y después la cambió drásticamente, ante la fuerte embestida de un grueso de la comunidad provincial”.

Finalmente reafirmó: “Como intendente creí y creo que San Jorge implicaba desarrollo importante, no solo para Uspallata y el departamento Las Heras, sino para toda la provincia, algo que sigo pensando, ya que la empresa que iba a explotar la mina de cobre acondicionó el proyecto a lo que indica la 7.722. Por eso cambiaron el método de extracción, eliminando toda sustancia química contaminante que generalmente se utiliza para la extracción de ese mineral. Aún así no pudo concretarse y esta inversión se retiró de Mendoza”.

La Suprema Corte le puso un freno a la explotación de determinados metales

La minería metalífera en Mendoza ha sido puesta en cuestión a partir del fallo de la Suprema Corte que considera que la Ley 7.722 no viola la Constitución Nacional tal como lo plantearon varias empresas mineras.

Cabe recordar que el punto más discutido de la norma legal es su artículo 1º, donde se prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros elementos no determinados en el texto legal que se consideran tóxicos.  

La Minera del Oeste SA y la del Río de la Plata, entre otras, reclamaron ante el Alto Tribunal que tal prohibición implica una serie de violaciones a preceptos de la Carta Magna. Entre los más destacados se menciona que se impide el ejercicio de industria lícita, se viola el derecho de propiedad por cuanto afecta los derechos de concesión que establece el Código de Minería y que no se respeta en principio de igualdad ante la ley, además planteó la reserva del caso federal para apelar también ante la Corte Suprema de la Nación.

La Suprema Corte falló rechazando tales planteos basándose en la defensa del agua como factor de interés prioritario de la sociedad y en uno de los votos de los integrantes del tribunal señala que a partir de la vigencia de la Ley 25.675 que antepone la protección del ambiente y establece las bases para el control de sustentabilidad de emprendimientos que puedan afectar el hábitat natural.

Las sustancias prohibidas se utilizan para el proceso de lixiviación de algunos metales, como es el caso del oro. A través de ese proceso se separa el mineral puro en muy poca cantidad con respecto a las toneladas de roca que se extraen.