Esperan pronta adhesión a la Ley Micaela en la Legislatura provincial
La norma que estipula la capacitación sobre perspectiva de género en los tres poderes necesita que las provincias la incorporen a su sistema legal, pero en Mendoza hubo algunas diferencias de criterio para que se tratara en el Poder Legislativo
El 7 de abril de 2017 fue encontrada asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) la joven Micaela García. Su cuerpo presentaba vejaciones y brutal ensañamiento que le provocaron su muerte. Para la comunidad entrerriana, como para el resto del país, se estaba frente a un femicidio.
Este hecho provocó la inmediata reacción de legisladores nacionales, que en el Congreso de la Nación sancionan la Ley 27.499 denominada Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria de Género a toda persona que integra los tres poderes del Estado argentino.
El instrumento jurídico es totalmente abarcativo a las máximas autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Punto que está a cargo del Consejo Nacional de la Mujer, organismo que habilitó en la web una página pública donde se monitorea el cumplimiento del personal y todo funcionario, con los dictámenes que indica la ley.
El paso siguiente a la histórica sanción, era que las provincias trataran adhesiones por medio de leyes locales que acondicionaran su andamiaje institucional para que entrara en vigencia inmediatamente la ley nacional.
El caso de Mendoza tuvo ribetes e incomprensibles idas y venidas. Sobre todo, fuertes encontronazos entre legisladoras, por pareceres o miradas políticas partidarias. Al respecto, a muchos observadores les llamó la atención que miraran a la Ley Micaela con posturas sectarias, por el solo hecho que la joven asesinada en Entre Ríos, inspiradora de la ley, haya sido militante justicialista.
Los mismos observadores que reflexionaban sobre un hecho puntual acaecido recientemente: “El cuestionado fallo del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, que juzgó el asesinato de la joven Julieta González por homicidio simple a lo que todas luces fue femicidio. Polémica que se trasladó al Senado provincial que aprobó los pliegos de nombramiento a un juez que participó de ese dictamen, que hoy está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia. Toda una cuestión que si en la provincia estuviera en vigencia la adhesión a la Ley Micaela, habría tenido capacitados a jueces y legisladores, con un resultado totalmente distinto”, concluyen
Pareciera ser que en las dos semanas que quedan de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, podría ser sancionada la ley de adhesión a la Ley Micaela. Algo de lo que respondió en diálogo periodístico la diputada María José Sanz (UCR-FCM), quien a la posibilidad de que ya salga la ley, respondió: “Estamos trabajando para que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales produzca despacho favorable en esta semana y de esa manera sancionemos en este período la adhesión de Mendoza a la Ley Micaela”.
¿Qué significa para Mendoza adherir a esta ley?
Para la Provincia significa estar comprometida contra la violencia hacia las mujeres, como se viene trabajando desde hace tiempo en distintos ámbitos. Con esta ley se pretende formar, a todos los agentes de los tres poderes del Estado mendocino, en perspectiva de género y en el cómo deben tratarse las víctimas. Que nada sea descuidado a la hora de tratar los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. Su tratamiento, contención, caminos y posibilidades que ofrezca el Estado provincial.
¿Cambiará la interpretación de los jueces a la hora de juzgar femicidios u homicidios?
Creo que una vez puesta en marcha la adhesión a la ley nacional, la interpretación de los jueces a la hora de juzgar femicidios se dará por los conocimientos de perspectiva de género y la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, hay mucho mito, discusión y desconocimiento en el tema. Pero resalto que la violencia no es solo física, sino de diferentes formas y en esto es también capacitarse a la hora de abordar la violencia sobre las mujeres.
¿Cree que finalmente saldrá la ley con el acompañamiento de todos los bloques?
Hemos hablado con los distintos bloques que conforman la Cámara de Diputados. Todos tienen decisión y postura positiva a la hora de sancionar la Ley Micaela, por eso se realizan ajustes que tienen que ver a cómo viene el dictamen del Senado. Sobre todo, mirando la futura ley de ministerios que vaya a tener el gobernador electo Rodolfo Suarez, encaje con ese dictamen que proviene de la Cámara alta, buscando el fin último, que una vez en vigencia la ley no tenga ningún tipo de objeción, mucho menos modificaciones.