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La DGE aseguró que no se van a cerrar Institutos de Educación Superior

Según Jaime Correas, el objetivo es adecuar la oferta educativa, con lo que la sociedad necesita

Por Redacción

El director general de Escuelas, Jaime Correas, negó que la nueva resolución de la DGE busque cerrar establecimientos educativos de Nivel Superior. Explicó que se trata de un reordenamiento de carreras y recursos económicos y que hace tiempo vienen haciendo un análisis del sistema educativo en la provincia para ver qué carreras están en funcionamiento y cuáles son las demandas del propio sistema productivo.

“Somos la segunda provincia en hacer esto a través de un sistema que se llama PLAFOT, y nos hemos dado cuenta de que en determinadas áreas nos faltan profesionales, mientras que en otras hay una sobrepoblación”, indicó el titular.

Especificó que “hay falta de profesores de Inglés, Educación Especial, Física, Matemáticas y Química. A su vez, sobran profesores de Educación Física para la cantidad de puestos que hay”.

“Este año, en el país, se van a recibir 16 mil abogados y 25 ingenieros hidráulicos. Es un grave problema que hay que regular”, expresó a modo de ejemplo de la falta de planificación.

Señaló que el objetivo de la última resolución es adecuar la oferta educativa con los profesionales que la sociedad necesita. Explicó que de este análisis salen las “carreras prioritarias”.

“Es fundamental darse cuenta lo que las empresas están requiriendo y ver los puestos reales que existen, para que el estudiante tenga salida laboral”, dijo.

“Por ejemplo, hay 200 cargos para preceptores y más de mil chicos estudiando, ¿quién les dijo que mañana no van a tener trabajo en lo que están estudiando hoy?”, puntualizó.

Por su parte, la DGE, ayer,mediante la resolución Nº 2.097 y un memorándum, instruyó a las autoridades de las escuelas sobre la manera de actuar ante una toma de un edificio escolar con el fin de garantizar el derecho a la educación.

A través de la misma, se estableció la prohibición de toda ocupación, actividad o uso de los establecimientos educativos que pudieran alterar o impedir o suspender el normal desarrollo del servicio público educativo, implementándose para todas las escuelas de todos los niveles y modalidades de Mendoza, tanto de gestión estatal como privada. 

 

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