La Justicia calla el mayor hecho de corrupción de Mendoza

Es tiempo de mucho frenesí para que la Justicia mendocina funcione acorde a los intereses de la gente con todo su andamiaje jurídico y las profundas modificaciones que se han dado en los últimos dos años. Donde se ha modernizado hasta su sistema administrativo y se ha puesto agilidad al trámite judicial en los fueros penal, civil, laboral y de familia.

Fue creado el Fuero Penal Colegiado y se está a punto de ampliarse el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia. Aspecto que tiene fuerte condimento político en el Poder Legislativo, junto al tratamiento del proyecto de ley de juicios por jurado.

Esa misma justicia tiene un lado oscuro. Ese lado que intencionalmente se lo quiere ocultar, vaya uno a saber bajo qué acuerdo, pacto o código.

El hecho se habría producido (o habría comenzado) hace 8 años, tiempo determinado por proceso e investigación judicial, que implica que podría haberse iniciado mucho antes. El núcleo irradiante fue el Poder Ejecutivo provincial, donde altos funcionarios habrían hecho uso y abuso de fondos públicos que provenían de la Ley de Presupuesto aprobada por la Legislatura.

El mecanismo, bastante burdo por cierto, pero letal para los dineros de los impuestos que pagan los mendocinos, era inflar facturas de pauta publicitaria oficial. Es decir que una pequeña parte era el monto real a abonar y una gran tajada quedaba entre el contratista y el o los funcionario que autorizaban los pagos.

Por este oscuro episodio en la vida institucional de Mendoza fueron imputados un fotógrafo devenido a empresario de medios del sur mendocino, llamado Gustavo Matar, el ministro secretario general de la Gobernación durante la administración del justicialista Celso Jaque, Alejandro Cazabán, y funcionarios del área de prensa oficial de aquel entonces.

Según la investigación judicial en 2010, Matar recibió $900 mil; al año siguiente $22 millones y en 2012 alrededor de $10 millones. La denuncia del ilícito, con importante documentación en mano, la realizó ante la Justicia un grupo de legisladores del bloque provincial de la UCR y la recibió el fiscal de delitos complejos Santiago Garay.

De ahí en más sucedió de todo, hasta efectuar amenazas de muerte al fiscal interviniente, maniobras que pretendieron descomprimir el tema hasta hacerlo desaparecer. Por eso la causa fue muy difícil y pesada para Garay, quien sin embargo resistió y llegó hasta la instancia de elevación a juicio.

Un aspecto contundente que indica que toda la documentación que portaba el fiscal demostraba el ilícito y la participación directa del entonces titular de Sur Talent SRL, Matar, y el secretario general de la Gobernación Cazabán, quienes habrían concretado la fenomenal estafa al Estado mendocino por una cifra superior a los $32 millones.

Por supuesto que, como muchas historias de este calibre que han ocurrido en la Argentina de los últimos 26 años, importantes cabezas políticas quedan afuera de toda investigación y consiguiente proceso judicial. Aún, cuando el sentido común dice que dichas cabezas no podrían estar ajenas a los turbios movimientos.

Pero en este país todo, en ese nivel, se trata de tapar a como dé lugar, y la única razón por la que no se los involucró a los exgobernadores Jaque y Francisco Pérez, éste último, en carácter de ministro de Infraestructura en la gestión del primero. Cartera donde se habrían autorizado los mayores montos millonarios hacia una misma figura legal (Sur Talent) y por consiguiente la misma persona, Matar. Aspecto de la causa donde se lo ata a Pérez, bajo la sospecha real que con esos sobreprecios se solventó la campaña 2011 del PJ mendocino, donde éste fue ungido gobernador de la provincia.

De todas maneras la investigación de fiscal Garay no se detuvo en la cuestión electoral, que no es menor. Fue más allá y encontró que el estándar de vida y el patrimonio del fotógrafo Matar se habría acrecentado de manera escandalosa, lo que jamás podría haber logrado con su profesión.

Por eso, los pasos y procedimientos del funcionario judicial se inscribieron en su coraje, convicción y compromiso con el juramento constitucional que hizo a la hora de asumir el cargo. Sin embargo quedó en evidencia su absoluta soledad en gran parte del proceso.

Soledad política y judicial, cuando la causa dictaba blindaje y amplia apoyatura para que Garay llegase hasta el juicio de uno de los hechos de corrupción más fuertes que golpearon al Poder Ejecutivo, con rebote en los otros dos poderes. Sobre todo cuando aparecieron todo tipo de maniobras mafiosas, incluidas amenazas contra la vida del fiscal.

Pareciera ser que el sostenido silencio que tiene el caso va derecho a hacer caer la causa y que siga el camino de las cosas que convienen tapar con el oscuro accionar de una corporación política judicial que maneja los hilos imaginarios de la institucionalidad mendocina. Donde las influencias y las conveniencias políticas están a flor de piel, regalando impunidad por múltiplos intereses políticos y económicos. Que no han quedado en el tiempo, porque llegan hasta nuestros días.

Por lo tanto la lista de figuras políticas es más abultada, única manera de intentar entender que Cazabán, Matar, funcionarios de Prensa Oficial de Gobierno, Jaque y Pérez, no hayan llegado a estar frente a un tribunal que esté juzgando el robo a dineros públicos.

Hoy solo se habla de los juicios a exjefes comunales como un logro de las instituciones, fundamentalmente de la Justicia provincial, donde se le dice a la gente que en Mendoza no hay corrupción y que no se investigue y se juzgue a quienes la cometieron.

Muy buen mensaje que se desdibuja cuando la Justicia calla el mayor hecho de corrupción hacia el estado mendocino. Del que nadie habla y todos callan.