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Fiscales del caso Carleti serán investigados por irregularidades

En un hecho histórico en el fuero penal mendocino, Adrián Frick y Carlos Torres enfrentan una instancia inédita.El juez Ugarte considera que faltaron a su deber de funcionarios públicos y pidió que se analice su intervención en la causa

18 de diciembre, 2018 - 09:40

El juez Fernando Ugarte tomó importantes determinaciones en torno a la causa por el asesinato de la empresaria Norma Carleti. Una de ellas, quizá las más fuerte y la que dejó perplejo a todo el fuero penal de la provincia, es abrir una profunda investigación sobre todo lo actuado en el resonante caso por los fiscales Adrián Frick y Carlos Torres. 

Una cuestión que jamás se dio en la historia jurisprudencial de Mendoza y que dejaría un fuerte precedente jurídico para futuras causas y el accionar de los fiscales.

El fiscal Adrián Frick.

La decisión de Ugarte se basó en la documentación que le presentaron los abogados defensores de Leonardo Hisa, Daniel Sosa Arditi y Daniel Álvarez. En ella, los profesionales usaron sólidos argumentos que habrían dejado mal parados a los dos fiscales que actuaron en el inicio del caso.

El fiscal Carlos Torres.

Al respecto, El Ciudadano mantuvo un breve diálogo con el abogado Álvarez, quien detalló que “al culminar otra audiencia en la causa Carleti el juez Ugarte resolvió dar lugar a nuestra presentación. En ella le solicitamos que inicie una profunda investigación sobre los dos fiscales que actuaron en un principio sobre el crimen de Norma Carleti. El juez nos dio lugar y los funcionarios, de investigadores pasaran a ser investigados. Esto fue producto de una compulsa penal pedida en su contra por serias irregularidades en la investigación”.

Ordenan una investigación

El Ciudadano pudo acceder a parte del contenido de lo resuelto por el juez Ugarte sobre los fiscales Frick y Torres. La decisión del magistrado es ordenar la acción donde ambos serán investigados por irregularidades en el procedimiento que tuvieron en las escuchas telefónicas. En ellas –indican los abogados Sosa Arditi y Álvarez– es donde claramente el preso Carlos Albornoz, quien está detenido en una causa federal por secuestro extorsivo, grabó el video en el que Kevin Guerrero dijo que Leonardo Hisa les habría pagado para asesinar a Norma Carleti. 

“Ese material les sirvió –acusan los defensores- para extorsionar al padre de Kevin pidiendo una abultada cifra, y de no hacerlo, ellos (los detenidos por extorsión) les entregarían el video a las autoridades”.

Norma Carleti y Leonardo Hisa.

Los profesionales que defienden a Hisa le mostraron puntualmente al juez Ugarte esta acción, indicando que, “enterados los fiscales de este asunto, en lugar de encarar una causa por extorsión, llamaron al sujeto Albornoz a testimonial”.

“Es decir que fue incorporado en la causa Carleti como testigo en vez de ser investigado por un delito de extorsión. Porque precisamente es la tarea fundamental de un funcionario público, mucho más siendo fiscal, iniciar una investigación y a la vez denunciar al ser anoticiado de que existe un delito”, opinan.

Una decisión histórica

Ante la gravedad del hecho señalado, a los fiscales Frick y Torres les podría recaer una sanción por incumplimiento de los deberes de funcionario público y da lugar también a que ambos sean investigados por encubrimiento, lo que ya es objeto de una compleja investigación que se ha iniciado contra los mismos. 

Lo dicho ameritó que por primera vez en la historia del fuero penal mendocino sean investigados en una causa dos fiscales que de investigadores, pasen a ser investigados.

Restituyen el domicilio original de Hisa

Dos puntos más determinó el juez Ugarte en la causa del crimen de Norma Carleti. En uno de ellos ordenó la restitución de Casa Las Lomas SA al empresario detenido, algo que se materializa en otro logro de la defensa de Hisa porque le devuelven a éste su domicilio original real.

Leonardo Hisa en una salida al juzgado.

Finalmente, nuestro diario supo que el magistrado no le dio el sobreseimiento a Ever Guerrero. El juez consideró que hubo personas que lo vieron –policías y terceros que en su momento pasaron por la causa–, y  lo correcto sería que se hiciera una rueda de reconocimiento como última prueba. 

Si en esa instancia surge que lo conocían de antes, lo mantendrían en la causa, pero si surge que no lo conocían o que lo conocieron con posterioridad al crimen por los medios de comunicación, ahí sería desvinculado de la causa y sobreseído. Por eso Guerrero depende de esa única prueba, una rueda de reconocimiento que dispuso el Ugarte.

Una causa que ya suma 10 fiscales

Los fiscales Frick y Torres fueron apartados de la causa en la que se investiga el crimen de la empresaria Norma Carleti, en Tunuyán, perpetrado en marzo de este año.

El primero dejó la investigación a raíz de que tuvo un mal desempeño en un examen para un ascenso, y en el caso de Torres, quedó fuera del caso recusado por Pablo Cazabán, defensor de la familia Guerrero.

De esta manera, son nueve integrantes del Ministerio Público Fiscal los que han participado de la investigación de conmocionante asesinato. El primero fue Frick, y tras ser apartado, le siguieron Gustavo Pirrello, Carlos Torres, y Claudia Ríos, además de los jefes de fiscales Laura Rousselle, Javier Pascua, Darío Tagua y Fernando Guzzo y el fiscal adjunto Gonzalo Nazar. 

Ahora ha quedado como fiscal Jorge Quiroga, de la Fiscalía de Tunuyán, supervisado por el jefe de Homicidios Guzzo y el adjunto Nazar.

La grabación de la polémica

A mediados de octubre pasado, Romina Sánchez, esposa de Carlos Alexis Albornoz, el preso que realizó el audio en el que Kevin Guerrero –considerado presunto autor material del crimen de Norma Carleti– declaró haber asesinado a la empresaria de Tunuyán por orden de su ex esposo Leonardo Hisa, explicó ante Jorge Quiroga, el décimo fiscal de la causa, que mientras su esposo realizaba el audio mencionado, ella escuchaba a Kevin por otro teléfono desde su casa.

La mujer también indicó que su marido había sido amenazado de muerte y contó que éste le dijo que un interno de Almafuerte, conocido como El Guasón le confesó que Hisa le había pagado a una autoridad del penal San Felipe para que lo llevaran a la cárcel de Cacheuta y así facilitar allí su asesinato.

El abogado abogado de los Guerrero, Pablo Cazabán.

Albornoz y Manuel Cepeda son dos presos federales condenados por el secuestro extorsivo del hijo de una conocida narco de Las Heras, que luego de grabar el famoso audio de Kevin, que no llegó todavía a ser una prueba clave del caso, fueron acusados de “buchones” por otros internos y por eso se decidió trasladarlos desde el penal mendocino a otro de La Pampa.

Los defensores de Hisa, Daniel Sosa Arditi y Daniel Álvarez, consideraron en esa instancia que las amenazas a Albornoz y Cepeda provenían de presos relacionados con el secuestro extorsivo por el que están condenados y que el hábeas corpus presentado en la Justicia Federal para ser trasladados a la Unidad 4 de La Pampa así lo confirmaba.

El abogado de Leonardo Hisa, Daniel Sosa Arditi.

“En el expediente no surge cómo apareció este video, ni la persona que lo hizo, ni nada de esto. Desde lo procesal deja bastante que desear la metodología utilizada, porque ha sido toda una cuestión oculta”, afirmó Sosa Arditi.

Por otra parte, el abogado de los Guerrero, Pablo Cazabán, consideró que “esta prueba se obtuvo de forma ilegal y debería ser excluida del proceso porque se realizó mediante coacciones. Existen indicios de que se realizaron  para extorsionar y no para obtener la verdad. Hay llamadas extorsivas a la familia Guerrero".