Una geopolítica para la minería mendocina

En un artículo anterior, titulado ‘Una geopolítica para el oasis mendocino’ (https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-3-17-23-49-18-geopolitica-para-el-oasis-mendocino), decíamos que nuestra provincia carece de una estrategia para manejar el recurso vital del agua. Hoy sostenemos lo mismo en relación a otro insumo estratégico: la minería. 
Pero antes de avanzar en el tema que nos ocupa, es necesario establecer un marco conceptual que nos permita navegar en estas aguas tormentosas.

Lo primero que hay que definir es qué entendemos por geopolítica moderna. Y decimos moderna, porque asumimos que la masa de nuestros lectores ya conoce a la antigua, una que se hizo famosa por justificar conquistas de los denominados “espacios vitales”. Por el contrario, en su última versión, esta ciencia nos habla de que todo poder debe basarse en la Justicia. No solo en función de exigencias morales superiores, sino simplemente porque de esa forma es más efectivo.

Con lo dicho, y esto es lo segundo que queremos decir, nos colocamos por encima –aunque las consultemos y las tengamos en cuenta– de las opiniones técnico-científicas, económicas y hasta políticas.

En otras palabras, no queremos perdernos en el galimatías técnico de los estudios ambientales ni en las exigencias de una necesaria rentabilidad económica. Tampoco, en la puja política de determinar quién tiene o no tiene la razón.

Nuestra intención no apunta a dar todas las respuestas, sino a formular las preguntas correctas que nos permitan llegar, finalmente, a éstas. 

En este sentido, nuestra primera pregunta se orienta a determinar cuál debería ser nuestra relación con el medio ambiente. Especialmente cuando vamos tomando conciencia respecto de que la obtención de los necesarios recursos para la vida humana produce una creciente contaminación de nuestro entorno y que el mismo se está tornando peligroso a la luz del denominado y publicitado cambio climático. 

El segundo interrogante tiene que ver con la pobreza, preguntándonos cuál debería ser nuestro proceder, ya que países como el nuestro se encuentran, por definición, mal preparados para enfrentar los desafíos que plantea la primera de nuestras preguntas, lo que muchas veces los lleva a tomar atajos innecesarios y costosos.

El tercero de ellos está referido a qué nos tiene que decir al respecto la ciencia y su hija, la tecnología, ya que vivimos en una sociedad dominada por varios paradigmas tecnológicos, por lo que resulta casi un imposible pretender vivir al margen de ellos. 

Y el cuarto, y último, nos vincula al problema con la economía, la que nos dice que esta ciencia acepta cualquier progreso tecnológico que pueda traer un progreso material, casi sin reparar, frente a cualquier preocupación vinculada al deterioro al medioambiente. 

Como vemos, son todas preguntas difíciles que, como no podría ser de otra manera, no tienen una sola respuesta.

Para simplificarlas, podemos sostener que hay dos posturas extremas y opuestas. Una que es la del denominado capitalismo salvaje, o turbocapitalismo, que sostiene que no es lógico eludir las reglas del mercado y que, en consecuencia, todo recurso natural económicamente explotable debe ser explotado al menor costo posible y lo antes posible.

Por el contrario, la otra, la del ecologismo radical, es la que le da prioridad a la conservación de los ecosistemas por sobre el progreso humano, llegando incluso a promover acciones directas (como cortes de ruta, sabotajes, etcétera) contra emprendimientos considerados dañinos contra el medioambiente. 

Qué pasa en Mendoza

Antes de pasar a nuestra propuesta concreta, repasemos la situación actual que vive nuestra provincia al respecto.

Comenzando de atrás hacia adelante, nos encontramos con la iniciativa del senador provincial y exintendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, quien ha planteado recientemente la modificación de la “intocable” Ley 7.722 sobre la prohibición de sustancias químicas.

Decimos “intocable”, pues es para los sostenedores de la segunda postura una suerte de límite políticamente infranqueable. Aunque recordemos que en su artículo 1 dice que “a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares, en los procesos mineros metalíferos a través de cualquier método extractivo”.

Un artículo que, bien leído, permite lo que no prohíbe. Vale decir, la minería que no use productos contaminantes que puedan afectar las fuentes de agua. 

Por otro lado, otro senador, el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, tiene otro proyecto. Pero uno que no apunta a modificar a la ley “intocable”, sino que propone, de acuerdo a la zonificación establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, la creación de parques mineros donde podría concentrarse la actividad extractiva. 

Llegado a este punto, es necesario establecer un criterio que nos permita elegir entre ambas posturas y seguir avanzando en la búsqueda de las posibles soluciones. Y aquí la palabra clave se llama “sostenibilidad”. Definida ésta, según el ‘Informe Brundtland’ de 1987 (1), como la prosperidad humana consistente en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.

Para ser más precisos y concretos con el tema que nos ocupa, agregamos los siguientes factores de sostenibilidad:

Ambiental: se refiere a la responsabilidad de permitir el desarrollo humano, pero, al mismo tiempo, siendo conscientes del impacto ecológico. 

Económica: se refiere a la capacidad de generar riquezas, tanto en las cantidades adecuadas, como equitativas en su distribución en todo el circuito productivo.

Política: se refiere a establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y al ambiente, fomentando la búsqueda del bien común.

Social: se refiere a la necesidad de incentivar a valores acordes con la protección de la naturaleza. 

Como conclusión de todo lo expresado, podemos afirmar que, en principio, no parece sensato limitar –in extremis– un recurso natural del que dispone la provincia y que tanta falta le hace para diversificar sus fuentes de ingresos. 

Y para seguir, no nos cabe duda que su futura explotación deberá estar regulada por estrictos criterios de sostenibilidad, especialmente, ambiental y económico. Pero, también, acompañada por los contenidos de los factores político y social, los que deberán explicar y convencer a la comunidad sobre sus beneficios. 

(1) El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.