El campo busca apoyo de gobernadores mientras madura la protesta

El martes 22 de junio fue un día clave en las conversaciones que están propiciando las entidades del campo con el Gobierno Nacional a raíz de la mentada intervención oficial en las exportaciones de carnes argentinas. Clave, porque los semblantes de los dirigentes privados siguen malhumorados. 

Mientras los dialoguistas buscan agotar los recursos con el fin de convencer a la gestión de Alberto Fernández acerca de lo que consideran como una equivocación a las restricciones al comercio exterior de la ganadería argentina, desde la vereda de enfrente, en el mismo sector económico, ultiman un plan para una movilización federal para el próximo 9 de julio. Ya la semana pasada hubo un botón de muestra en la localidad de Pergamino, cuando cortaron una ruta en protesta contra el gobierno.

Lo del Día de la Independencia próximo ha trascendido cada vez más desde que el descontento se hizo visible a través del reciente comunicado emitido desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, CONINAGRO, que un poco más tarde, ayer jueves, recibió el espaldarazo de la opinión pública de las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. Ambas organizaciones se manifestaron contrariadas ante la reunión convocada por el Gobierno argentino donde confirmaron que la decisión de continuar con las exportaciones de carnes cerradas sigue en pie.

Por otra parte, tanto CONINAGRO, como CRA, la Federación Agraria Argentina, FAA, y la Sociedad Rural Argentina, SRA, conjuntamente y bajo el sello de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, CEEA, hicieron visible la intención de mantener reuniones con 8 gobernadores clave en búsqueda de un entendimiento favorable respecto a las negociaciones que consideran siguen abiertas con el Gobierno Nacional.

Desde el lado más combativo, FAA y CRA, están tratando de invitar a CONINAGRO y a SRA, para que participen en la movilización de protesta que quieren concretar durante el próximo Día de la Independencia que tendría en principio como epicentro de la medida de fuerza la localidad de San Nicolás, en Buenos Aires. Aunque también se evalúa por esta horas que la misma organización masiva se lleve a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, al unísono ya los presidentes que integran la CEEA solicitaron el miércoles audiencias con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Santa Fe, Omar Perotti; de Corrientes, Gustavo Valdez, Rodolfo Suárez de Mendoza; Alberto Rodríguez Saá de San Luis y de Córdoba, Juan Schiaretti.

Claro, el principal argumento de las solicitudes de audiencias con los mandatarios provinciales fue la reunión mantenida con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su equipo, en el marco de la reapertura parcial de las exportaciones de carne bovinas. 

Por ello es que desde las entidades han expresado y ratificaron el rechazo a los anuncios realizados por el Gobierno Nacional en Casa Rosada, ya que siguen bregando por la apertura total de las exportaciones. 

“Si bien el diálogo es algo que siempre hemos propiciado desde la CEEA, nosotros no participamos en la elaboración de las medidas tomadas y no fuimos invitados a ninguna reunión previa de trabajo. Coincidimos, por supuesto, en la preocupación ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación que aquejan a nuestra economía pero que, como reiteramos, no es responsabilidad de los productores”, remarcaron. 

Es por esas razones es que les solicitaron a los 8 gobernadores “de manera urgente” una audiencia para poder dialogar acerca de las necesidades y alternativas que buscan tener “para seguir trabajando como productores y por los consumidores de nuestro país”. 

“En el tiempo quedó harto demostrado el fracaso de la receta de cierres, cupos y retenciones, y el costo de ese fracaso siempre lo pagaron los extremos de la cadena, productor y consumidor”, rezó el comunicado de CRA.

Y añadió que “un nuevo revés implicaría la descapitalización del sector, la pérdida de mercados y la consiguiente destrucción de toda la cadena cárnica. Lamentamos ser llevados a una confrontación, pero es necesario poner en conocimiento general que los productores y sus entidades gremiales defenderán el derecho de trabajar, comerciar y percibir el precio justo de su producción”.

“En un gesto de comprensión, el Gobierno podría revisar su presión impositiva sobre toda la cadena como un modo de abaratar el precio de la carne y así poder cumplir su promesa electoral. Seguimos dispuestos al diálogo que posibilite encontrar soluciones de conjunto, pero para ello también se necesita que los gobernantes pongan punto final a su inoperancia y dejen de lado su prejuicio ideológico”, cerró.