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Detalles de la nueva ley de alquileres propuesta por el Gobierno

La normativa busca, entre otros aspectos, exceptuar al inquilino de pagos de honorarios por intermediación y plazos de dos años para los contratos

Por Redacción

03 de mayo, 2019 - 12:22

El Gobierno nacional prepara un nuevo proyecto de ley de alquileres, con el objetivo de que haya un equilibrio entre inquilinos y propietarios. Recordemos que el año pasado un proyecto que contaba con media sanción del Senado no llegó a debatirse en Diputados y perdió su estado parlamentario.

Según detalló diario Clarín, entre los ítems más sobresalientes de la normativa elaborada pro la secretaría de Vivienda, está eliminar la prohibición de indexar contratos, para los que superen el equivalente a mil UVAs (cerca de $36 mil, cotización del 3 de mayo). Para los contratos menores a ese monto, se propondrá una cláusula de ajuste que refleje el promedio de los índices de precios y de salarios. De todos modos, la situación podría variar según la provincia.

Otros aspectos:

  • El contrato de alquiler tendrá una vigencia de dos años, con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más, salvo que el propietario o el inquilino desistan. En este caso, se buscan evitar gastos, como comisiones e impuestos a los sellos.
  • Los honorarios y gastos inmobiliarios se compartirán por partes iguales con el propietario de la vivienda.
  • El inquilino tendrá varias opciones de garantías como el seguro de caución, aval bancario, entre otros.
  • Se podrán pautar ajustes semestrales.
  • Las reparaciones del inmueble estarán a cargo del inquilino, así como el pago de las expensas ordinarias. En cambio, los gastos o las expensas extraordinarias que originen o deriven para cubrir problemas estructurales o de relevancia para la propiedad, estarán a cargo del propietario.
  • El propietario tendrá de 10 a 90 días para desalojar al inquilino en caso de incumplimiento, luego de haber mandado la intimación correspondiente. Esto dependerá de los procesos judiciales de cada jurisdicción. Para eso, el Gobierno busca concertar con las provincias el desarrollo de ámbitos de mediación gratuita o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa.