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Cuestionamiento de la ley que autoriza comprar la vacuna rusa

La senadora Pamela Verasay votó en contra de la sanción porque a su juicio no será una compra transparente y quitaría derechos de demandar a los laboratorios

04 de noviembre, 2020 - 09:25

 

La rápida operación que llevó a cabo el Gobierno nacional para comprar la vacuna rusa Sputnik V, pudo concretarse con una herramienta legal que facilitó el Congreso de la Nación en los últimos días de la semana pasada.

Tal cual lo había adelantado el pasado 12 de octubre El Ciudadano, esta ley mostraba muchos puntos oscuros y desprotección legal a la gente. Se trata de una ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo nacional para adquirir una vacuna contra el coronavirus, donde se deja expresamente que en todo contrato a que se arribe con los laboratorios, estos quedarían cubiertos de cualquier litigiosidad en el país.

Tal cual lo dicho, este paso no fue muy difundido, pero constituye un instrumento jurídico estaría dejando a la gente sin protección legal ante cualquier falla de la vacuna. Más alarmante aún es que cualquier habitante de este país no tendría a quién demandar, porque el Estado nacional también estaría cubierto, dado que la cuestionada ley no le da esa responsabilidad o porque el nuevo Código Civil no lo permitiría.

El panorama jurídico para el ciudadano alrededor de este asunto, se termina de complejizar con la obligatoriedad de inocularse la vacuna que tendrían los 45 millones que habitamos el país, porque la misma estaría amparada en otra ley que fue ampliada en el año 2018 durante la administración de Mauricio Macri. 

La Ley 22.909, que rige desde 1983, otorga obligatoriedad no solo sobre la población infantil, sino entre los adultos, por lo que la mentada vacuna contra el COVID–19 tendría ese encuadre en todo el territorio de la Nación. Esto, de acuerdo con muchos juristas, pondría a la gente como rehenes obligados de aplicarse una vacuna que, si no resulta efectiva o tiene efectos nocivos, no existiría herramienta legal alguna para demandar a nadie en todo el territorio argentino.

 

Conciencia y responsabilidad de legisladores nacionales

Los votos de la ley en el Senado fueron similares a lo ocurrido en Diputados, es decir, un silencioso apoyo de bancas opositoras al cuestionado instrumento jurídico oficialista, 56 positivos y 12 negativos. Con excepciones, como la Senadora Nacional Pamela Verasay.

Pamela Verasay, senadora radical por Mendoza.

 

Le legisladora mendocina fue entrevistada por nuestro diario. Contestó todo y solo se reservó responder sobre el porqué integrantes de su espacio apoyaron con su voto la cuestionada ley. 

–¿Por qué votó en contra de la ley?

–Más que votar en contra, hicimos una propuesta superadora para que podamos adquirir las dosis de vacunas seguras y eficaces en las mejores condiciones posibles para asegurar la protección de todos nosotros.

 

–Y esto, ¿qué significa?

–Que estoy de acuerdo con la afirmación de la Sociedad Argentina de Infectología que sostiene que “la vacunación, luego de la potabilización del agua es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo, a lo largo de la historia de la humanidad”. Por eso rechacé el proyecto del Ejecutivo, porque, a mi entender, eligió un mal camino, para conseguir la vacuna en las mejores condiciones y porque el manejo de las contrataciones del Gobierno durante la pandemia es muy opaco y esta norma supone más excepciones.

 

–¿Tiene ejemplos?

–Ejemplos sobran, tal como se lo he planteado al jefe de Gabinete cuando fue a rendir cuentas al Senado y le observé la compra de ‘barbijos bicapa’. Operación que llevó adelante la ANSES por $10 millones a una empresa cuyo rubro comercial es el marketing. Lo hizo sin cumplir con ninguno de los requisitos que hacen a la buena administración, es decir, que la emergencia no puede tapar la transparencia, por eso, algunas organizaciones de la sociedad civil como Control Ciudadano han realizado también investigaciones sobre la materia. 

 

–¿Por qué tanta protección jurídica a los laboratorios?

–Porque hay un abuso de condiciones dominante de los laboratorios, que se da por la limitación en la capacidad mundial de producción de vacunas en relación con la demanda que sería de aproximadamente el 40%. Entonces, los Estados están en una carrera tratando de asegurarse la futura probable provisión. Sobre esta situación, los laboratorios sacan ventajas y el Gobierno ha decido en su estrategia aceptar estas condiciones. 

 

–¿Queda la gente sin la posibilidad de demanda si la vacuna no funciona o tiene otros efectos?

–No, las personas no quedaríamos sin posibilidad de reclamar, si tal fuera el caso, el riesgo lo asume el Estado con esta ley. 

 

–¿Por qué parte de la oposición votó a favor del proyecto oficialista?

–No me corresponde a mí explicar cómo votaron otros legisladores, desde luego, no he compartido sus motivaciones para acompañar esta iniciativa que como dije a mi juicio es mala”.